Lunes, 12 de mayo de 2014 | Hoy
EL PAíS › OPINIóN
Por Mempo Giardinelli
No se puede negar –ni se debería– que muchos ciudadanos que apoyan al Gobierno sienten, últimamente, alguna preocupación ante decisiones o medidas que juzgan desacertadas. No es la primera vez, desde luego, y es natural a toda adhesión en democracia. Pero como no se trata de meros reparos ante medidas superficiales, y las dudas aparecen ante ciertos rumbos con los que es difícil acordar, el asunto merece una reflexión.
Pueden citarse ejemplos de fácil visualización, como el voto del FpV capitalino acompañando al PRO en la decisión de traspasar la ex ESMA y otros espacios de la Memoria a la órbita nacional, y que fue tan cuestionada por diversos organismos y militantes de los derechos humanos, e incluso motivó votos en disidencia de kirchneristas como Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra.
Puede que haya explicaciones, y acaso las habrá, pero aquí lo que se cuestiona es precisamente que no se han dado, además de que tampoco las explicaciones son inexorablemente suficientes. Y esto conduce a otro aspecto que el kirchnerismo en el Gobierno supo cuidar con mucho celo durante años: la buena información y la consulta de hecho a la ciudadanía permitieron superar los necios discursos de una oposición dirigida desde el mentiroso ejercicio periodístico de los medios. Lo cual podría estar siendo una buena práctica perdida.
A este respecto no hay ejemplo más serio que la posible sanción legislativa de la absolutamente insostenible Universidad de la Defensa. Que no es un tema menor sino gravísimo, porque es un disparate total pretender para las Fuerzas Armadas un instituto universitario democrático y horizontal como son las universidades nacionales, cuando ellas son, por naturaleza, necesariamente verticales. Y pretensión que es, además y sobre todo, contraria a todas las leyes educativas de este país.
Las universidades nacionales –de las que la Presidenta puede sentirse orgullosa por haber creado más de media docena durante su gestión– se gobiernan mediante colectivos de práctica horizontal y ultrademocrática llamados Consejos Superiores. En cambio, las Fuerzas Armadas están absolutamente imposibilitadas de autogobernarse de ese modo. Imagínense los lectores a un mayor o coronel votando sin consultar y en desacuerdo con la opinión de un general... Y aunque la propuesta quiera incluir a representantes ministeriales y académicos (ha trascendido que en las comisiones del Congreso las discusiones intramuros son tan feroces como graciosas), esta supuesta universidad, si la imponen, nacerá fallada desde lo esencial.
E incluso si la propuesta se basa en la buena intención de que los ciudadanos uniformados que están a cargo de lo que históricamente se han llamado las “Armas de la Patria” se integren a la vida civil debidamente capacitados, cabe recordar, en primer lugar, que esas capacitaciones ya existen porque todos los militares argentinos que egresan de los institutos de las respectivas fuerzas lo hacen ahora mismo con diversos grados equivalentes a licenciaturas. Y en segundo lugar, si lo que se quiere es que la totalidad de los uniformados estudien e interactúen con la civilidad, lo que hay que hacer es mandarlos a estudiar o al menos cursar trayectos pedagógicos en las muchas y muy buenas universidades nacionales que ya existen y en las que hoy estudia bastante más de un millón de ciudadanos de todas las clases sociales.
Hay muchas señales que hacen pensar que la creación de esta universidad ya está, como se dice, cocinada. Si así fuera, estaríamos en presencia de, por lo menos, otra decisión equivocada que a la oposición le serviría como en bandeja para redoblar críticas, en este caso con razón.
Al menos esta columna no sabe quiénes son los impulsores de esta “idea”, que no se nutre de trayectorias académicas ni de competencias probadas. Pero sí tiene la certeza de que hubiera correspondido un debate previo, nacional y popular, y sobre todo fuera de las Fuerzas Armadas.
La cuestión no bordea todavía el escándalo, pero puede llegar a serlo y por eso este texto quiere invitar a la desactivación. No sería bueno, ni para la sociedad ni para el Gobierno, que lluevan nuevos cascotazos por la simple torpeza de tinterillos que sólo parecen tener talento para abrir frentes innecesarios.
Sería un riesgo si, como por momentos parece, estuviera asomando un estilo que podría leerse como apresurado, sobre todo si no hay debates previos ni explicaciones claras a una sociedad que desde hace años aprueba cambios y mejoras sustantivas, y que en 2015 se expresará nuevamente en las urnas. Puesto que las consecuencias de los errores los pagará no sólo el kirchnerismo a la hora de contarse los votos sino la sociedad toda, no deberían ser, éstas, preocupaciones descartables.
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