La CTA encabezada por Hugo Yasky estimó que las tasas de pobreza e indigencia se ubicaron en 18,2 y 4,4 por ciento respectivamente durante el último trimestre de 2013. Las cifras elaboradas por Cifra, el centro de investigaciones de dicha central sindical, evidencian un sostenido retroceso en los niveles de pobreza e indigencia entre 2003 y 2013. Los cálculos fueron realizados a partir de un índice alternativo de precios basado en los datos difundidos por nueve jurisdicciones. El documento presentado ayer advierte que la aceleración en la dinámica inflacionaria a partir de la devaluación de enero redundará en el primer retroceso en la materia en los últimos diez años. En ese escenario, el secretario general de la CTA indicó a Página/12 que “una forma para mitigar el impacto de los aumentos de precios sobre los sectores más vulnerables de la sociedad es la actualización de la AUH de 460 hasta 600 pesos y un incremento del 30,6 por ciento en el Salario Mínimo Vital y Móvil que lo coloque en 4700 pesos”. También reclamó un nuevo incremento en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Las graves irregularidades en los datos del IPC desde 2007 legitimaron la emergencia de cuestionables mediciones alternativas de precios. Esas estimaciones fueron utilizadas para reestimar los costos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), utilizadas para determinar los niveles de indigencia y pobreza. Proliferaron así cálculos intencionados de escaso rigor metodológico que reflejaban un alarmante retroceso de esos indicadores. La decisión del Ministerio de Economía de demorar, sin previo aviso, la difusión de esas estadísticas medidas con el nuevo IPCNu habilitó nuevamente un debate sobre si los actuales niveles de exclusión social son similares a los de 2001.

“Hay demandas estructurales que todavía deben resolverse, pero no se puede ignorar que desde 2003 hubo una mejora considerable. No tiene ningún sentido plantear que durante diez años Argentina no mejoró un milímetro”, consideró Yasky. La generación de empleo registrado, la reactivación de las paritarias, la mejora de los salarios reales, los aumentos en los haberes jubilatorios y las políticas expansivas de ingreso son los elementos que, de acuerdo con Cifra-CTA, permitieron “importantes mejoras en las condiciones de vida de la población durante la última década”.

“La evolución de la tasa de pobreza muestra una fuerte y sistemática tendencia decreciente en los últimos diez años. De afectar al 49,7 por ciento de las personas en 2003 pasó al 27,2 por ciento en 2007, y en 2013 descendió nuevamente al 17,8 por ciento de la población”, afirma el documento elaborado por los investigadores Pablo Manzanelli y Mariano Barrera, bajo la coordinación del economista Eduardo Basualdo. Una trayectoria similar evidencia la tasa de indigencia: la proporción de personas con ingresos que no alcanzan para adquirir la CBA era el 22,8 por ciento en 2003 y se redujo hasta 4,2 por ciento durante 2013, las mejoras fueron sostenidas, pero se aceleraron con la implementación de la AUH.

Cuando se analizan los datos trimestrales se puede observar que el mayor ritmo en los aumentos de precios comenzó a impactar sobre los cálculos hacia fines del año pasado. A su vez, Yasky reconoció que la aceleración de ese proceso redundará en un deterioro de los indicadores, el primero desde 2003. De acuerdo con Cifra, la dinámica inflacionaria durante el primer trimestre del año erosionó el poder de compra de la asignación universal, que la retrotrajo a los niveles de 2010-2012. Por eso, el titular de la central sindical reclamó una actualización del beneficio y una mejora del SMVM del 30,6 por ciento.

Las estimaciones de pobreza e indigencia de Cifra-CTA son más elevadas que las difundidas por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), pero inferiores a los cuestionados datos publicados por la Iglesia Católica a través de la UCA, o las difundidas por la CGT de Moyano a través del Observatorio de Datos Económicos y Sociales. “La metodología implementada por Cifra es la misma que antes de la intervención del Indec, así evitamos cualquier sospecha, y también es importante recalcar que se hizo sobre la base de los datos de precios medidos en nueve provincias”, explicó Yasky durante una conferencia de prensa. La reestimación de las canastas utilizadas para determinar los umbrales de pobreza e indigencia a partir del IPC 9 Provincias, un índice que también exhibe sus limitaciones, arrojó que la canasta alimentaria de una familia tipo alcanzó los 1966 pesos en el último trimestre de 2013 y la canasta básica total trepó a 4267 pesos.