El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, realizaron un roadshow para presentar la licitación con la que se buscará adjudicar la concesión de las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia, ambas zonas como un mismo proyecto. La medida había sido anunciada por Cristina Fernández de Kirchner el 14 de septiembre de 2013 y se oficializó dos días después, a través del decreto 1388. El objetivo oficial es desarrollar la actividad industrial exportadora e impulsar el comercio de la región.

El beneficio de la autorización para el funcionamiento de una zona franca en la provincia había sido conseguido por Néstor Kirchner, en carácter de gobernador, en 1994, mediante un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia, pero posteriormente la medida fue dejada sin efecto. El decreto 1388 ordenó restituir a la provincia de Santa Cruz las zonas francas en cumplimiento del convenio de adhesión celebrado entre Santa Cruz y el Estado nacional, el 5 de diciembre de 1994. La zona franca en Río Gallegos comprenderá una superficie de 200 hectáreas en cercanías al sistema de gasoductos, al Sistema Interconectado Nacional, a las vías férreas, a los accesos viales y a las rutas nacionales Nº 40 y Nº 3, esta última que conecta con Buenos Aires. La localidad se ubica en la de-sembocadura del río Gallegos, en un terreno plano, la población es de 95.796 habitantes. Por su parte, el predio de la zona franca de Caleta Olivia comprenderá una superficie de 20 hectáreas ubicada en el inmediato puerto de aguas profundas de Caleta Paula. La ciudad tiene una población de 52.612 habitantes, incluyendo la localidad de Cañadón Seco, su producto bruto acumula un crecimiento de 141 por ciento en los últimos años.

Santa Cruz informó que por medio del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial busca la generación de empleo en el área industrial a fin de incentivar la mano de obra santacruceña, propiciando la instalación de nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes. A través de este sistema se otorga prioridad a las industrias derivadas del sector agrícola, ganadero, forestal, minero, hidrocarburífero, energético, pesquero, turístico, construcción y aquellas de interés para el desarrollo de la provincia, siempre que cumplan una serie de requisitos, entre los que se destacan: 1) utilizar materia prima, productos semielaborados y recursos naturales originarios de la provincia; 2) permitir la producción de insumos requeridos por las principales actividades económicas de la provincia y/o agregado de valor a materias primas para su posterior comercialización a nivel provincial, nacional o internacional; 3) tener efecto multiplicador en la economía provincial, logrando alcanzar un mayor nivel de ocupación de mano de obra o se radiquen en áreas provinciales declaradas prioritarias en subdesarrollo.