El juez del segundo circuito de Nueva York, Thomas Griesa, denegó ayer el pedido argentino para que suspenda temporalmente la sentencia en favor de los fondos buitre, que los habilita a cobrar 1500 millones de dólares en efectivo. Los abogados argentinos habían solicitado al magistrado una cautelar de no innovar (stay) como garantía para sentarse a negociar con los buitres una alternativa de pago. Tras la negativa del stay, el juez convocó a los abogados de las partes para una reunión hoy a las 10.30 (11.30 hora argentina). Los fallos en firme contra el país habilitan el embargo de los fondos que se transfieran a la plaza financiera neoyorquina para pagarles a los bonistas con deuda regularizada. La solicitud de un stay pretendía evitar que la posibilidad de embargo derive en un default técnico. La decisión se conoció pocas horas después de que el Ministerio de Economía informara sobre el giro de fondos para el pago del vencimiento del bono Discount. Los buitres ya piden que se considere a la Argentina en desacato.

“Esta pretensión no es apropiada. La medida cautelar ordenada por el tribunal, que se refiere a la cuestión del pari passu, no entra todavía en vigencia a menos que la República (Argentina) realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados”, señala el juez Griesa en su escueto escrito. “Habrá que negociar con un arma en la cabeza”, es la imagen que repiten en Economía y que refleja la encrucijada que plantea la sentencia de Griesa y la negativa del juez a generar las condiciones para negociar con los fondos buitre. El lunes próximo vencen capital e intereses de los bonos Discount, uno de los tres títulos que el Estado argentino entregó al 93 por ciento de los bonistas que aceptó el canje de deuda. El ministro de Economía, Axel Kicillof, informó que se transfirieron unos mil millones de dólares para afrontar estos vencimientos (ver página 3). El equivalente a 228 millones de dólares corresponde a una emisión en dólares con legislación estadounidense.

La necesidad de un stay (suspensión) de su sentencia tenía como objetivo evitar el embargo de estos fondos. Así se lo hicieron saber a Griesa los abogados del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton que representan al país. También se planteó esta situación al abogado Daniel Pollack, quien fue designado por Griesa como mediador entre los representantes del Estado argentino y los fondos buitre, durante las reuniones que se iniciaron el martes de esta semana y se replicaron en los días subsiguientes.

El Gobierno decidió, mientras suma adhesiones de organismos y países con respecto a la postura contra los fondos buitre (ver página 9), transferir el dinero a las respectivas cuentas de bancos y cámaras compensadoras para cumplir con los compromisos de fin de mes. La transferencia se realizó pese a que existe un período de gracia de treinta días para que se declare un default técnico por impago de este vencimiento. “No pagar teniendo los recursos es algo que no está contemplado en la ley argentina. Este pago se realiza en virtud de la decisión soberana de la Argentina”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda. La jugada pone la responsabilidad de un default –en caso de embargo– en la decisión de Griesa.

“Este tribunal no tiene control respecto de si la República (Argentina) realiza tales pagos. Un special master (figura de mediador) ha sido designado para asistir a las negociaciones para un arreglo. Este tribunal entiende que esas negociaciones incluirán el manejo de cualquier compromiso de pago a los tenedores de bonos reestructurados (que deba realizar el país)”, señaló Griesa. “La instancia (stay) que se solicita es denegada”, agrega. En Economía señalan que detallarán a Pollack, el mediador, la situación a la que es empujada el país con los fallos de primera y segunda instancia en favor de los fondos buitre. Por su parte, Paul Singer, titular de NML Capital, el fondo que encabeza la demanda, solicitó al juez Griesa que declare al país en desacato, bajo el argumento de que adoptó “medidas descaradas” para pagar deuda reestructurada.

La respuesta de Griesa fue convocar a ambas partes a una reunión, que se realizará hoy a las 10.30 en el tribunal distrital. El planteo que reiterarán los abogados en representación de la Argentina es que el país busca negociar con buena fe, pero que el fallo es incumplible tal cual fue concebido en primera y segunda instancia, debido a que gatillaría sentencias por hasta 15 mil millones de dólares de holdouts aún en litigio contra el país. Expondrán la necesidad de que venza la cláusula RUFO, que obligaría al país a igualar al 93 por ciento de los bonistas que participaron del canje lo que reciban los buitres, lo que elevaría la deuda argentina a 120 mil millones de dólares. Y reiterarán que una negociación de esta magnitud requiere de mucho más que un mes de gracia, como el que existe hasta que se decrete un default técnico por el no pago del vencimiento de los Discount. Por ello, la negativa a suspender la sentencia hasta que se encontrase una solución consensuada era vital para la negociación.