Axel Kicillof realizó el anuncio junto a Jorge Capitanich; el secretario Legal, Carlos Zannini, y la procuradora, Angelina Abbona.

La Argentina procedió al pago de los servicios de deuda de los bonos emitidos bajo legislación extranjera. Como indican las obligaciones contractuales de los títulos públicos, el Gobierno depositó en el Bank of New York la suma de 832 millones de dólares correspondientes a los vencimientos en esa moneda del próximo lunes (539 millones se rigen por la ley neoyorquina). La transferencia se hizo a media mañana a dos cuentas que tiene el agente de pago contratado por el país en el Banco Central. Si se cuentan los vencimientos de capital e intereses en pesos, la suma total depositada asciende a 1000 millones de dólares. Desde entonces, afirmaron a Página/12 en el equipo económico, el dinero es propiedad del 92,4 por ciento de los acreedores que participaron del canje. Como el juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, desestimó ayer la solicitud argentina para que suspendiera transitoriamente la ejecución de su fallo, ahora se debe esperar la decisión de la cadena de intermediarios financieros hasta que los fondos sean canalizados a los bonistas. La sentencia del magistrado norteamericano, que convocó a las partes para un encuentro hoy (ver página 5), prohíbe a los diferentes eslabones de la cadena de pago cumplir su función si Argentina no paga en efectivo los 1500 millones de dólares reclamados por los fondos buitre. “De acuerdo con el prospecto de los bonos, Argentina pagó sus obligaciones en tiempo y forma; ahora es la obligación de los distintos intermediarios canalizar los recursos y de los bonistas de reclamar sus fondos”, afirman en el Ministerio de Economía. Probablemente, una a una esas entidades consulten a Griesa sobre cómo proceder.

En Casa Rosada interpretan que, al transferir los recursos al agente fiduciario, el país descartó convalidar un cese de pagos. “No pagar teniendo los recursos y forzando un default voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina, sería contrario al orden público argentino y una clara violación a los prospectos de deuda”, sostiene el comunicado leído ayer por el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof (ver aparte). El funcionario que regresó ayer por la mañana de Nueva York, donde participó de un evento del

G-77+China en Naciones Unidas, estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario Legal y Técnico de Presidencia, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. La alternativa que se puso en marcha ayer comenzó a analizarse hace tres meses.

Los funcionarios consultados por este diario explicaron que si el país pagaba la sentencia, no sólo el resto de los buitres reclamaría algo similar, sino que dispararía en el mediano plazo demandas por más de 120 mil millones de dólares del 92,4 por ciento de los acreedores. Pero también se caía en un default si la Argentina, por no violar el fallo, decidía no pagarle a nadie. “Argentina ratifica en este acto su firme e irrestricta voluntad de cumplimiento, para honrar sus deudas y descartar cualquier interpretación capciosa que implique introducir el eufemismo ‘default técnico’ con el cual se pretende asociar el impedimento antojadizo de un pago por orden judicial”, expresa el comunicado.

De todas formas, si bien la Argentina transfirió los recursos en tiempo y forma –lo hizo el último día hábil antes del vencimiento, ya que hoy es feriado para la administración pública–, el desembolso realizado ayer por el país no elimina el riesgo de un default forzado legalmente. El país intimará judicialmente a quienes incumplan sus compromisos, no sólo el Bank of New York sino los otros intermediarios, como las empresas Euroclear y DTC. “Si no cumplen con sus obligaciones, no sólo corresponde que Argentina los intime, sino que también los bonistas podrían accionar contra ellos”, argumentan en el equipo de Kicillof. Incluso, el comunicado difundido ayer advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra Estados Unidos en tribunales internacionales (aunque ese país desconoce esas instancias legales), así como por incumplir con el Convenio del FMI.

Al mismo tiempo, ayer al mediodía, el titular del Palacio de Hacienda reiteró que el país está dispuesto a negociar “en condiciones justas, equitativas y legales” con la totalidad de los fondos que no ingresaron al canje. Las condiciones de negociación solicitadas fueron negadas por Griesa con el rechazo de la medida cautelar. Desde el Gobierno reiteran que están limitados por la legislación argentina y una cláusula de los bonos denominada RUFO –limita hasta fines de 2014 la posibilidad de realizar ofertas a los holdouts en mejores condiciones que las del canje– para implementar un pago en las condiciones dispuestas por la Justicia norteamericana.

En ese sentido advierten que el espacio de mediación impuesto por Griesa a través del abogado especialista en juicios financieros, Daniel Pollack, por ahora no se presenta como una instancia viable. De todos modos, fuentes del equipo económico enfatizaron que están dispuestos a precisarle en detalle la gravedad de la situación. “Le vamos a explicar a Pollack las consecuencias de implementar la sentencia de Griesa y presentarle las condiciones financieras de los arreglos recientes alcanzados por el país en el Ciadi, Club de París y Repsol. No parece que los buitres estén interesados en seguir ese camino, pero si allí se encuentra una salida que no sea violatoria de la legislación y la cláusula RUFO, se puede avanzar”, indicó un funcionario a Página/12.

“La transferencia al Bank of New York de los 539 millones de dólares permite evitar un default porque los fondos son propiedad de los bonistas que ingresaron al canje. Nosotros pagamos y ahora es el fiduciario el que tiene que cumplir con sus obligaciones”, enfatizaban anoche en el equipo económico. “Si alguien dispusiera de los fondos depositados en la cuenta del fiduciario, afectaría los derechos de sus verdaderos dueños que no son otros que los tenedores adheridos voluntariamente al canje, y constituiría una grave alteración a las condiciones del prospecto”, advierte el texto titulado “Argentina paga”, en referencia a los posibles embargos de los recursos depositados en el Bank of New York.

“Cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una acción violatoria del ordenamiento jurídico del Derecho público internacional”, sostiene el documento que advierte sobre las más de 900 acciones impulsadas “en diferentes instancias y países promoviendo un hostigamiento inusual, perverso y extorsivo de un grupo minúsculo de acreedores hacia un país soberano”.

“No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: llevar a la Argentina al default para derribar la reestructuración que alcanzó luego de largas negociaciones un consenso del 92,4 por ciento”, advierte el comunicado en referencia al magistrado con quienes hoy se reunirán los abogados en los tribunales de Nueva York.