El Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Valores (CNV) firmaron un acuerdo para registrar todas las operaciones de comercialización de granos, de manera online, con el objetivo de eliminar las asimetrías en el precio que reciben los productores. Este sistema será oficializado en los próximos días a través de una resolución conjunta a la que tuvo acceso Página/12. La normativa reconoce que los productos agropecuarios forman parte de activos transables en los mercados financieros susceptibles de especulación, de ahí la necesidad de generar un mecanismo de control de las operaciones y transparentar los precios que reciben los productores. Estos considerandos están en sintonía con las recomendaciones del G-20 para este tipo de actividades y con la ley de Mercados de Capitales votada en diciembre de 2012. El nuevo marco normativo le permitirá a los productores conocer cuánto vale su mercadería y cuánto se está pagando en el resto del mercado para evitar que los grandes actores, como los exportadores, se queden con parte del precio pleno de los granos. También le permitirá al Estado evitar las presiones de aquellos productores, acopios o exportadores que decidan retener parte de su cosecha como un mecanismo de especulación, tal como sucedió entre diciembre de 2013 y enero de este año.

“En línea con las recomendaciones internacionales deviene necesario avanzar en la instrumentación de acciones que impulsen la participación en el mercado de capitales de los actores de la cadena comercial agroalimentaria en todo el territorio nacional. En la comercialización de granos, las características de alta estacionalidad, localización de la producción en zonas alejadas de los nodos comerciales y dispar nivel de concentración empresarial entre oferta y demanda, el rol de la información asume un rasgo más crítico que en los mercados de otros productos”, puede leerse en los considerandos de la resolución conjunta.

Todos los productores, primarios o secundarios, deberán inscribirse en el Registro Unico de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), creado por la resolución 302 del 15 de mayo de 2012. “La inscripción será pública, anónima para que nadie interfiera comercialmente en los negocios de otros, pero todos los actores podrán ingresar a través de la web para ver las cotizaciones de las operaciones que ocurren en el momento. No queremos que haya asimetrías en la fijación de precios. Lo que se fija en las pizarras no siempre refleja la totalidad del mercado. La idea es transparentar la fijación de precios del mercado”, explicó a Página/12 Gabriel Delgado, secretario de Agricultura.

Las entidades agropecuarias argumentan que los problemas en la fijación de precios están vinculados a la “intervención del Estado” en el comercio de granos, por eso reclaman la eliminación de cupos de exportación. Pero también han cuestionado el rol de las empresas exportadoras en la fijación de precios, situación que puede solucionarse con una mayor injerencia del Estado. “El tema es que no quede privatizado el mercado de granos. Si sos exportador y te entrego cierta mercadería y a la vez podés administrar el precio pizarra, pero en el mismo momento también tenés el peso para cerrar operaciones por 30 dólares menos por tonelada por fuera, estás cazando en el zoológico. Apuntamos a que estas situaciones no ocurran más”, agregó Delgado.

La resolución apunta a que las operaciones empiecen a volcarse en su totalidad hacia las Bolsas de Cereales, aunque aclara que los contratos directos entre productores y exportadores seguirán vigentes y no sufrirán modificaciones en su normativa. “Los mercados y las Bolsas celebrarán convenios con Agricultura y la CNV en los que se presentará la siguiente información: las operaciones susceptibles de registros, detalle de los datos a ser declarados por los agentes en cada una de las operaciones de compraventa, en donde estén incluidos agente, cliente, precio y metodología. También deberá informarse la metodología para la fijación de precios”, establece el artículo 3º de la resolución.

Hay otros dos temas implícitos en el nuevo esquema de control que aplicarán la CNV, que conduce Alejandro Vanoli, y la cartera de Agricultura, a cargo de Carlos Casamiquela. Por un lado, se apunta a cerrar el circuito de la comercialización en negro. Este registro incluirá la totalidad de las operaciones, del productor al acopio y de éste al exportador. Junto a la información que deben declarar cada uno de estos actores sobre stock y previsiones de cosecha, ahora podrán conocerse los movimientos de esa mercadería en el mismo momento en que se cierra el contrato. Esta información le permitirá al Estado conocer el recorrido exacto de los granos. Si ocurriera un faltante de trigo por ejemplo, con un encarecimiento del pan, el Estado sabrá quién tiene almacenada la producción faltante. De esta manera podrán evitarse los movimientos especulativos de algunos empresarios del sector. En diciembre del año pasado, los exportadores sojeros retuvieron parte de su cosecha, no liquidaron divisas y presionaron sobre el tipo de cambio.

La resolución también prevé la creación de un Registro de Laboratorio de Análisis de Calidad, para que haya un conocimiento acabado de la calidad de las distintas producciones. De esta manera, los productores podrían cobrar un plus por los granos más aptos. “Argentina tiene más de 100 millones de toneladas de granos, pero como no sabemos la calidad de los mismos, no podemos calcular cuánta plata dejaron de percibir con la excusa de la mala calidad, argumento utilizado por algunos sectores. Pero sí hemos detectado que en un mismo día y hora, mercaderías con la misma calidad fueron vendidas con amplias diferencias de precios. Esto debe corregirse”, señaló el secretario de Agricultura a este diario.