Sebastián Soler es un prestigioso abogado especializado en derecho financiero que analiza con rigurosidad y precisión las implicancias del fallo del juez Thomas Griesa, así como posibles escenarios evitando las afirmaciones aventuradas. “El fallo de Griesa es jurídicamente extravagante y técnicamente defectuoso. Su sentencia desbarata 35 años de incentivos virtuosos para los procesos de reestructuración de deuda y pone el balance a favor de los acreedores”, afirma Soler en una entrevista con Página/12. Obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, donde compartió aula con el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aunque, aclara, no se hicieron amigos. “Solicitar una medida cautelar que suspenda transitoriamente la ejecución del fallo para negociar sin afectar el pago de los vencimientos es el camino correcto”, explica en referencia al pedido del Ministerio de Economía al mediador designado por el magistrado, Daniel Pollack. Soler fue socio en uno de los estudios más poderosos del país, Marval, O’Farrell & Mairal, Cuestiona el exiguo plazo de negociación existente y advierte que “el juego de consecuencias es complejo y no es automático”, ya que depende de las decisiones que tomen, no solo Argentina, los buitres demandantes y el juez, sino también los terceros involucrados y los bonistas que ingresaron al canje. “La situación no está exenta de riesgos”, reconoce Soler, quien se desempeñó en el Banco Central entre 2011 y 2013, primero como asesor de la presidencia, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, y luego de la Subgerencia General de Supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias.

–El fallo es jurídicamente extravagante y técnicamente defectuoso. Lo de extravagante no lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos que en el escrito que respaldó la postura argentina frente a la Cámara de Apelaciones expresó literalmente: “La interpretación inédita que hace el juez de una cláusula contractual estándar es contraria al interés público de los Estados Unidos porque altera las expectativas razonables y no controvertidas de cómo debe interpretarse esta clase de disposiciones de los bonos soberanos”. Y es técnicamente defectuoso porque en solo 10 días, desde que el fallo quedó firme, se acumularon demandas, intimaciones y pedidos de aclaraciones de innumerables terceros afectados que no solo lo cuestionan, sino que ni siquiera lo entienden.

–Desde el fiduciario, el Bank of New York (BoNY), hasta la principal cámara compensadora europea, Euroclear. Desde el Cititbank de Argentina hasta los bonistas radicados en Bélgica. Se supone que se escoge la jurisdicción de Nueva York para emitir bonos porque brinda a las partes previsibilidad y seguridad jurídica. Pero de qué clase de seguridad jurídica hablamos si un juez de Nueva York puede con su fallo impedir el pago de bonos emitidos por Argentina denominados en euros, gobernados por ley inglesa, pagaderos por un banco de Luxemburgo a bonistas con domicilio en Bélgica.

–Frente al hecho ineludible de un fallo de estas características, Argentina actuó correctamente. Desde un principio ha expresado que está dispuesto a dialogar para alcanzar condiciones que le ofrezcan una solución al 100 por ciento de sus acreedores, o sea los buitres, los demás holdouts y los bonistas del canje. En segundo lugar, el país ha explicado que el fallo es de cumplimiento imposible por lo menos con el alcance y los tiempos que pretende aplicar Griesa. No sólo porque de aplicarse de esa forma promovería el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales de Argentina y otros terceros que intervienen en el proceso de pago, sino también porque haría explotar la deuda de forma que la volvería no sustentable. Eso derrotaría incluso el propio objetivo del fallo, que es que se le pague a los fondos buitre porque, en el peor escenario, Argentina no estaría en condiciones de hacerlo. Consciente de esas características del fallo, el país buscó la solidaridad de cuanto foro internacional está disponible y ha logrado los respaldos porque efectivamente buena parte de la comunidad internacional comparte este análisis de las implicancias. Y finalmente, mientras ocurre todo esto, cumplió con sus obligaciones depositando los fondos en las cuentas del BoNY en el Banco Central para que los distribuya entre los bonistas. Además, el Gobierno mantiene todas las herramientas en la mesa, incluso la posibilidad del default ya que no está dispuesto a cumplir a como dé lugar con el fallo. La situación no está exenta de riesgos.

–Los términos de los títulos y derechos de las partes están contemplados en un contrato de fideicomiso entre Argentina y BoNY, como fiduciario en beneficio de los bonistas que ingresaron al canje. Bajo ese contrato, la obligación de Argentina es pagar el interés y capital de los bonos. El 30 de junio pasado debía pagar los intereses de los Discount. El país cumplió depositando los fondos al banco como prevé el contrato. El BoNY tiene la obligación de transferir los fondos a los bonistas, cosa que no hizo porque el juez le dijo que si lo hacía violaba su orden. Frente a esa situación, la posición de Argentina es razonable: cumplió e intimó que cumpla, incluso hay bonistas que le pidieron al banco que les pague.

–El juego de consecuencias es complejo y no es automático. Bajo argumento jurídico la deuda estará considerada en default, pero cuando llegue el 30 de julio los bonistas tienen que tomar una decisión. No está prescripto que debe suceder algo, sino que por contrato ellos tienen derechos. En ese momento, no un bonista, sino el 25 por ciento del capital de esa serie de bonos debe reunirse y considerar que ha ocurrido un evento de default. Como consecuencia de esa decisión, que no necesariamente debe suceder ni será inmediata, se aceleraría el pago de toda la deuda de esos bonos Discount. Eso quiere decir que, en lugar de esperar al vencimiento en 2033, el capital y los intereses se adeudan en ese momento. Ahora bien, eso es discutible. Argentina diría que los bonistas no cobraron porque el BoNY no les transfirió la plata. Y seguramente el banco argumentaría en su defensa que no lo hizo porque hay una orden judicial. Entraríamos en una discusión jurídica. Pero incluso una vez iniciada la aceleración, ese proceso puede ser revocado, según el contrato, con el voto del 50 por ciento de los tenedores de esos bonos si Argentina le entregó al fiduciario los fondos adeudados.

–El resto de los bonistas podrían invocar, con una mayoría similar del 25 por ciento, una cláusula conocida como cross-default. Podrían alegar que también existe un evento de default de sus bonos. Si en los siguientes 60 días luego del 30 de julio no se cura el incumplimiento original podrían reclamar la aceleración de todos sus otros títulos argentinos. A partir de la situación que plantea el fallo se abre una serie de posibles caminos que dependen de decisiones que deberán tomar, no solo Argentina, los buitres y el juez, sino todos los demás afectados: bonistas y terceros.

–Esa es la salida técnica razonable. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo con los buitres y Argentina está dialogando a través del mediador. Lo que me imagino que se está promoviendo es la posibilidad de que ambas partes le soliciten al juez, en el marco de una solución, la suspensión de sus órdenes hasta fin de año.