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El debate sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos vigente, sancionada por la dictadura de Onganía en 1967, debe tomar como punto de partida el rol y las atribuciones que se les asignó históricamente a las provincias en relación con la propiedad y administración de sus yacimientos de gas y petróleo y compararlo con el protagonismo que adquirieron luego de la norma impulsada por la presidenta de la Nación, que declaró de interés público el logro del autoabastecimiento y recuperó YPF, convirtiendo a las provincias en accionistas por primera vez en la historia.

Ese hito en la consolidación del federalismo en materia de hidrocarburos fue, sin dudas, la culminación de una serie de decisiones que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner promovieron desde mucho antes.

Hasta la reforma constitucional de 1994, las provincias productoras de hidrocarburos estuvieron siempre relegadas de la política energética. La historia no deja lugar a dudas y no hay quien pueda objetar que fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner como convencionales constituyentes de aquella reforma los que defendieron y lograron incorporar un renglón de 15 palabras en el artículo 124 de una Constitución que tiene más de 12 mil: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. De esta manera, por primera vez las provincias productoras de hidrocarburos fueron reconocidas como titulares de los recursos naturales de su territorio.

“No queremos mirarlo más desde la tribuna, queremos estar allí donde se está discutiendo la ecuación energética y donde se están discutiendo los intereses de la Argentina” y “Argentina va a crecer y va a necesitar más energía”, fueron los principales conceptos del entonces presidente Néstor Kirchner el 1º de mayo de 2004, al presentar en sociedad el Plan Energético Nacional para los siguientes 10 años, luego de encontrar un país con un sistema energético sin infraestructura, ni planes o planos de una posible expansión, devastado por las políticas neoliberales.

De la misma manera, durante su gestión y con el fuerte impulso de la entonces senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, impulsaron la Ley Nº 26.197 denominada Ley Corta, que permitió materializar la transferencia definitiva de la titularidad y de la administración de los recursos naturales a las provincias.

Bastaba leer los discursos de Néstor Kirchner para darse cuenta de que claramente y en forma reiterada convocaba al sector privado a invertir en los proyectos que el país requería para sostener el proceso de crecimiento que se avecinaba y de cuyos frutos también sería partícipe el sector energético. Muchas de las empresas, entre ellas YPF, tuvieron escepticismo respecto de esta convocatoria y optaron por continuar con su estrategia de monetizar reservas.

Más tarde, en el inicio de su segundo mandato, luego de la aplastante reelección obtenida en 2011, la Presidenta tomó la histórica decisión que constituye un hito para las próximas décadas con relación al sector energético y el desarrollo nacional: la recuperación de YPF. A tales efectos impulsó una ley que fue votada por una amplia mayoría y acompañada por casi la totalidad del arco político y por todos los sectores de la sociedad. Este hecho, sin dudas, constituye el punto de partida para el exponencial desa-rrollo que ocurrirá en las provincias productoras de hidrocarburos durante los próximos años.

Una breve revisión de lo ocurrido durante los años previos a la recuperación de YPF demuestra que no fue una decisión arbitraria. Tuvo lugar luego de un largo proceso de evaluación que culminó poniendo en evidencia que el objetivo del Grupo Repsol en YPF era monetizar reservas, sin plan de reposición, presionando para redolarizar el sistema energético como en los años ’90.

La Ley de Recuperación de YPF también incluyó un aspecto verdaderamente novedoso: del 51 por ciento de las acciones que se le expropiaron al Grupo Repsol, a su vez el 51 por ciento pasaron al Estado Nacional mientras que la propiedad del 49 por ciento restante se entregó a las provincias productoras de hidrocarburos. Es decir, hoy el Estado Nacional tiene el 26 por ciento de YPF y las provincias tienen el 25 por ciento, incorporándose decididamente en la gestión y conducción de la empresa.

Por allí alguien con intención de confundir se refiera al resto de las acciones de YPF que no están en manos del Estado Nacional o de las provincias. Cabe recordarle que ese porcentaje, como en cualquier empresa del mundo, cotiza en Bolsa o está en manos de inversores institucionales, que no definen los objetivos estratégicos de la empresa.

La Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos estableció que Argentina es la 2ª reserva mundial de recursos de gas no convencional y la 4ª reserva de shale oil, los cuales podrían representar el autoabastecimiento para los próximos 200 años. YPF posee el 35 por ciento de los mismos. Indudablemente no será una tarea sencilla ponerlos en valor, pero es fundamental para el país que YPF, conducida por el Estado Nacional y las provincias, sea quien esté administrando este proceso.

Los resultados de YPF en lo que va del año 2014 son notables: la producción operada de petróleo creció 8,4 por ciento y 10,3 por ciento lo hizo la de gas respecto del año 2013. Hoy YPF dispone de un 180 por ciento más de equipos respecto de los que tenía en el año 2011.

Vale la pena mencionar que en el último año y medio, el valor de la acción de YPF se incrementó un 227 por ciento. Esto no es casualidad, sino que es el resultado de la excelente gestión de YPF y del trabajo conjunto entre el Estado Nacional y las provincias.

Mientras que en el año 2003, las provincias recibían 1000 millones de dólares al año en concepto de regalías, hoy perciben 3000 millones de dólares, un 200 por ciento más. La presencia de las provincias petroleras como accionistas de YPF les permite participar de las ganancias, se benefician con más regalías e incrementan la recaudación de impuestos.

El sector de hidrocarburos requerirá incrementar las inversiones para lograr el verdadero autoabastecimiento, aquel que debe darse a costos competitivos en el marco de una economía en expansión con desarrollo industrial e infraestructura energética federal que abastezca a todas las provincias y a todos los argentinos con los servicios, lo cual redunda en la mejora en la calidad de vida. En contraste con lo que ocurría en los años ’90 cuando tenía lugar un autoabastecimiento ficticio en el marco de una recesión económica, 25 por ciento de desocupados y 54 por ciento de pobres.

Esta gestión siempre fue muy clara con las políticas que ha llevado a cabo: las ha hecho conocer a toda la Argentina y las ha debatido en el Congreso Nacional. Sería muy saludable escuchar propuestas y alternativas para debatir. Los que sin argumentos critican y descalifican a esta gestión de gobierno por impulsar medidas, herramientas o instrumentos como la nueva Ley de Hidrocarburos, lo hacen por el sólo hecho de obtener rédito político, porque no tienen propuestas para debatir o lo que es mucho peor, son inconfesables.

Desde el comienzo, se trabajó en defensa de un modelo de crecimiento con desarrollo federal e inclusivo en todos los sentidos. Para el sector energético, esto queda demostrado en el ánimo de trabajar mancomunadamente con todos los sectores: Estado Nacional, provincias y sector privado, reconociendo a cada uno de ellos los derechos que legítimamente les corresponden.

No hay políticos en la historia de la República Argentina que hayan logrado tanto en favor de las provincias productoras de hidrocarburos: el reconocimiento sobre el dominio de sus recursos naturales incorporado a la reforma constitucional del año 1994; la Ley Corta y el 49 por ciento del total de las acciones expropiadas al Grupo Repsol de YPF que fueron transferidas a las provincias. ¿Quién puede negar entonces lo que representó para Néstor Kirchner y lo que representa para la Presidenta en la defensa de los intereses de las provincias productoras de hidrocarburos?