El gobierno argentino mantiene la misma posición en la disputa con los fondos buitre: cumplir al pie de la letra con el fallo del juez Thomas Griesa es imposible si no se posterga su implementación hasta comienzos de 2015. El país está dispuesto a negociar un mecanismo de pago sustentable que no ponga en riesgo la reestructuración de la deuda, pero realizar cualquier pago o guiño antes de fin de año habilitaría demandas potenciales por hasta 500 mil millones de dólares. Y sostiene esa postura, incluso, frente a la culminación del período de gracia para que se acredite en las cuentas bancarias de los bonistas del canje el pago de 539 millones de dólares realizado por Argentina a fines de junio pero bloqueadas por las órdenes del juez. Con esa posición el ministro de Economía, Axel Kicillof, sorprendió ayer al sumarse a las conversaciones en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador impuesto por el tribunal del Distrito Sur de Manhattan. En el encuentro que concluyó a la medianoche se vio por primera vez “cara a cara” con los representantes legales de los buitres. No lograron ninguna definición y volverán a reunirse hoy.

Sin embargo, la encerrona en la que se encuentran esas conversaciones, sumó a la escena visible de la pulseada un nuevo protagonista: los fondos de inversión, bancos locales y extranjeros con bonos reestructurados. Página/12 confirmó que, frente a la inédita e insólita situación donde esos acreedores no solo no recibirían sus pagos sino que acusarían un fuerte impacto en el valor de sus tenencias, se habilitó un canal de diálogo entre esos sectores y los buitres para hallar una “solución entre privados”. Buscan revertir un escenario, donde todos perderían, para desbloquear los pagos y garantizar a los demandantes la posibilidad de ejecutar la sentencia a su favor. No está confirmado que las diferentes facciones privadas hayan encontrado una solución, ni que asegure la reposición del “stay” hasta fin de año. Desde el equipo económico enfatizaron a este diario que el Gobierno no forma parte de esas conversaciones.

“Tengo poco para comunicar. Tuvimos una reunión con los demandantes y pasamos a un cuarto intermedio. No puedo dar precisiones. Mañana nos volvemos a juntar, no se sabe la hora todavía”, indicó Kicillof al concluir la prolongada reunión. Como las conversaciones “todavía están en marcha”, el funcionario evitó brindar cualquier detalle sobre el contenido del diálogo con los buitres. Las conversaciones en las oficinas del letrado comenzaron al mediodía con una comitiva de funcionarios del Gobierno y sin los representantes buitres, que no habían sido convocados. El encuentro pasó a un cuarto intermedio y volvió a comenzar por la tarde con la incorporación del titular del Palacio de Hacienda. Su presencia en el encuentro no había sido anticipada aunque era una posibilidad barajada en la Casa Rosada. Kicillof estaba en la Cumbre del Mercosur en Caracas junto con la presidenta Cristina Fernández, que reiteró en ese encuentro la convocatoria a los buitres a ingresar a una tercera operación de canje de bonos. En la capital venezolana se terminó de definir su viaje directo a Estados Unidos en un avión oficial. A la segunda parte de la reunión que se extendió hasta la medianoche, también se sumaron los representantes legales de los buitres.

Nuevos jugadores interesados

Hoy se agota el período de gracia para que se acredite en las cuentas bancarias de los bonistas del canje el pago de 539 millones de dólares realizado por Argentina a fines de junio. El país cumplió con sus obligaciones contractuales y depositó los fondos en el Bank of New York (BoNY), pero la entidad contratada para distribuir el dinero entre los acreedores no procedió por un bloqueo judicial. La insólita situación conduce a un inédito escenario donde todos pierden: los buitres no cobrarían la sentencia, los tenedores de bonos reestructurados dejarán de recibir sus pagos en tiempo y forma, y Argentina enfrentaría una situación de tensión financiera aun cuando depositó los fondos y cuenta con los recursos para realizar los desembolsos futuros.

Como si fuera la última mano de una larga partida de poker, los jugadores parecieran haberse convencido que la apuesta argentina con las cartas descubiertas es real, incluso si eso implica “perder”. Por eso, antes de la llegada de Kicillof a las oficinas del estudio McCarter & English, ubicado la coqueta Park Avenue y la Calle 46, se conoció la versión de que un grupo de bancos de capitales nacionales realizaría un depósito de aproximadamente 250 millones de dólares como garantía.

Desde Adeba, la entidad que encabeza el banquero Jorge Brito, indicaron que esa decisión habilitaría el acompañamiento buitre al pedido argentino de suspensión transitoria de las órdenes de Griesa. Así habilitaría el pago de los bonos reestructurados -muchos de los cuales están en su poder- y les evitaría un shock financiero. Aunque imprecisa, la existencia de una propuesta desde el sector privado nacional que permitiría buscar una forma de pagar sin correr el riesgo de gatillar la cláusula RUFO (la obligación de extender cualquier oferta voluntaria a la totalidad de los tenedores de bonos) fue confirmada desde el sector financiero.

Pero incluso los directivos de las propias entidades que componen Adeba manejaban anoche distintas versiones. “La idea es que un grupo de bancos adquieran la deuda defolteada en manos de los fondos que se beneficiaron con el fallo de Griesa”, plantearon a este diario desde una importante entidad nacional. Esa iniciativa parecía todavía más complicada de llevar a la práctica que el depósito en garantía.

No sólo no sería sencillo obtener 1500 millones de dólares -por eso no se descartaba la participación de otros bancos de inversión extranjeros con tenencias de bonos argentinos-, sino que esa operación no representaría ningún beneficio financiero directo para los participantes que deben responder ante sus accionistas aunque sí redundaría en una beneficiosa revaluación de sus tenencias de bonos de deuda (ver aparte). Fuentes del sector privado señalaron a este diario que anoche viajó a Nueva York un grupo de colaboradores de confianza del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, que ya habrían mantenido contactos informales con abogados de algunos de los buitres como NML Capital y Aurelius. Una iniciativa similar había sido encarada sin éxito desde fines de 2013 por los fondos de inversión extranjeros Fintech y Gramercy.

Sin violar la RUFO

Como se trata de evitar que una oferta de pago a los buitres gatille demandas que obliguen a de extenderle al 92,4 por ciento esas condiciones privilegiadas, ninguna negociación entre privados puede contar con la participación directa o indirecta de ningún funcionario de Gobierno. “A raíz de informaciones que son de público conocimiento, relativos al conflicto con los fondos buitre, el Banco Central informa que no ha tomado conocimiento ni ha participado de ninguna de las propuestas que se consignan en los medios de comunicación”, indicaron a Página/12 desde la entidad cuando trascendió que el titular de la entidad, Juan Carlos Fábrega, estaba al tanto de esa posible propuesta que realizarían bancos de capital privado nacional.