El proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento despertó nuevos rechazos en sectores empresarios concentrados y acumuló defensas por parte de funcionarios, agrupaciones empresariales pyme y entidades de consumidores. En una zona gris, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) anticipó que propondrá veinte cambios a la iniciativa original elaborada por el Poder Ejecutivo, que ya comenzó a discutirse en el Congreso. El cuerpo de la ley que propone el Gobierno no presenta, al analizar artículo por artículo, cambios de fondo con respecto a la normativa vigente (Ley 20.680), aplicada en una oportunidad en el sector de medicamentos por el secretario de Comercio, Augusto Costa, y varias veces por su predecesor, Guillermo Moreno. El proyecto elimina las penas de cárcel para los empresarios infractores.

Augusto Costa recibió ayer a las asociaciones de consumidores y las convocó a “mejorar el texto de la norma y de esa manera fortalecer los proyectos para que se beneficien todos los argentinos”. En tanto, el subsecretario de Comercio Interior, Ariel Langer, reunió a los directores de Defensa del Consumidor de las provincias para debatir el paquete de leyes y planteó que “el Estado a través de estas iniciativas busca que la relación entre productor y consumidor sea menos desigual”.

A la defensa de la ley se sumó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Me parece lamentable que se utilice el tema del empleo como una justificación para este abroquelamiento en resistir el tratamiento de una ley que realmente reproduce las mejores tradiciones de los gobiernos que han defendido los intereses nacionales y populares”, señaló. “Las tres leyes en cuestión van en la dirección de proteger a los sectores más débiles de la cadena productiva y a los consumidores, que hoy tienen sólo un reconocimiento constitucional a través del articulo 42, pero no leyes concretas que permitan ejercer sus derechos como consumidores”, agregó.

El funcionario comparó la situación con el comienzo del primer gobierno de Juan Domingo Perón, “cuando para proteger a los trabajadores se creó el Ministerio de Trabajo y los tribunales laborales”. “En este caso se generan las instancias administrativas y ocho tribunales para atender el problema de los sectores de la cadena productiva y de todos los consumidores. En los tribunales laborales rige el principio de la duda a favor del trabajador. Ahora, en este ámbito va a regir el principio de la duda a favor del consumidor”, planteó Tomada.

En el otro costado se ubicaron la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Las cerealeras sostienen que “la mayor intervención estatal ocasionaría nula inversión, posible desinversión, menor producción, desempleo y eventual parálisis del comercio agroexportador”. “La incursión directa de funcionarios del Estado en la administración de bienes y medios de producción privados provoca males mayores a los que pretende corregir”, señalaron las firmas.

Carlos de la Vega, titular de la CAC, admitió que “respecto de la Ley de Abastecimiento hay una cuestión filosófica porque como empresarios nos oponemos a los controles, pero hay que tomar a las tres leyes como un paquete”. La entidad propondrá veinte cambios a los proyectos de ley. Según adelantó, sugerirá que en el Observatorio de Precios que el Gobierno quiere crear participen, además de tres entidades de consumidores, tres cámaras empresarias y también reclama una “cláusula de confidencialidad para la información económica que pueda pedir”. La CAC no rechazó la creación de tribunales especiales para el nuevo fuero del consumidor.

Con respecto al proyecto de ley que más polémica generó, la reforma de la Ley de Abastecimiento, De la Vega cuestionó que la norma no define al detalle qué considera como bienes que satisfacen necesidades básicas esenciales. También criticó que se sancione a quienes revalúen existencias “porque si el comerciante no lo puede hacer, no puede reponer el artículo”. Cuestionó que la reincidencia agrave las penas y el concepto de elevar “injustificadamente” los precios.