El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso sobre el pago soberano de la deuda externa no sólo propone a Nación Fideicomisos como el nuevo agente fiduciario ante el incumplimiento del contrato por parte del Banco de Nueva York. También faculta a los propios tenedores de bonos a designar un nuevo agente para garantizar el canal de cobro de los servicios de la deuda previstos en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para el Gobierno este proyecto es una manera de “respetar el contrato de la deuda” y un mecanismo para que los terceros involucrados, ya sean los propios bonistas que entraron a los canjes o las entidades financieras intermediarias, presionen al juez Thomas Griesa y se conviertan en actores claves frente a la puja con los fondos buitre. Por otro lado, la idea esbozada por Sergio Massa como proyecto “alternativo” no aportaría nada nuevo al debate parlamentario ya que “la propia letra del texto del Ejecutivo permite a los bonistas tener otros agentes fiduciarios”, tal como sugirieron desde ese espacio. El miércoles comenzará el debate en un plenario de comisiones de la Cámara alta.

“La presente ley tiene por objeto implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al ciento por ciento de los títulos emitidos en los canjes 2005-2010 en salvaguarda del orden público nacional y de los contratos celebrados”, dice en los fundamentos del proyecto. La estrategia del Gobierno, que ahora se trasladó al Parlamento, consiste en dar la señal política de que, a pesar de las decisiones de Griesa, el Estado continuará cancelando su deuda. En este sentido, desde Economía indican que el próximo vencimiento por 200 millones de dólares no se pagará a través del BoNY, sino de Nación Fideicomisos o en cualquier otro agente fiduciario que elijan los bonistas.

Este proyecto de ley es un paso más de la estrategia que se ha desplegado en los últimos tiempos para que los “terceros involucrados” en el fallo de Griesa comiencen a jugar un rol más agresivo en la puja con los fondos buitre. Que el Citi haya apelado ante la Cámara la decisión de Griesa de habilitar el pago a bonistas “por única vez” es signo de esa estrategia, lo mismo que la apelación de los bonistas europeos, aunque todavía no hay resolución de la Cámara sobre este último pedido.

Con el proyecto de ley se busca que los terceros involucrados “jueguen más fuerte”. “¿Qué pasa si en una asamblea de bonistas se decide cambiar el domicilio de pago? ¿Griesa va a declarar el de-sacato de todos los bonistas? ¿Y si un individuo viene con su título certificado y dice que quiere cobrar en la Argentina, también lo va a declarar en desacato? Griesa está preso de su propio fallo, que no puede cumplir”, razonaron desde la cartera de Hacienda.

El diputado Sergio Massa armó una conferencia de prensa junto a sus asesores económicos –con la excepción de Roberto Lavagna, que no estuvo presente– para “anunciar” un posible proyecto propio que consistiría en “consensuar” con la oposición los distintos lugares de pago alternativos a Nación Fideicomisos. El proyecto enviado por el Ejecutivo ya contempla esta posibilidad. El problema de la iniciativa del Frente Renovador radica en que, a esta altura, ni Massa ni el propio Ejecutivo saben qué hará tal o cual plaza financiera frente a las órdenes de Griesa.

“Dejarlo de manera taxativa en la ley es limitar las posibilidades del instrumento”, argumentan desde Economía. “Los bonistas tienen sus derechos (reconocidos en el propio texto de la ley). Si quieren seguir cobrando en el Barclays, por citar un ejemplo, lo harán a riesgo de ellos. Ellos deben mover sus fichas también”. Este es el eje central de la estrategia política parlamentaria que comenzará a discutirse el próximo miércoles con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Relaciones Exteriores.

Durante las negociaciones con Daniel Pollack, el mediador designado por Griesa, el Gobierno ofreció cambiar el domicilio de pago, incluso propuso reunir a todos los bonistas que no entraron en el canje, los buitres y los holdouts, para negociar una salida conjunta, con quita incluida. Sin embargo, las “recomendaciones” de Pollack siempre apuntaron a “negociar primero con el más grande”, con los resultados expuestos en cada orden del juez Griesa. Por eso desde el Ejecutivo insisten en que los buitres (y Pollack) nunca quisieron negociar.

La posibilidad de cambiar los títulos de la deuda por otros en las mismas condiciones financieras, pero regidos por la legislación argentina es otra de las alternativas ofrecidas en el proyecto de ley. La premisa del Gobierno es que todos los bonistas quieren cobrar sus acreencias. Por eso deberían accionar en tal sentido. Si los inversores con bonos argentinos optan por esa vía y alcanzan una adhesión del 66 por ciento de todos los bonistas, el cambio en las condiciones de los bonos sería extensivo a la totalidad de los tenedores.

El camino no es sencillo y día a día las variables en juego van cambiando. El miércoles, el Congreso tendrá un rol clave para efectivizar parte de la estrategia del Gobierno en su puja con los fondos buitre.