El Ministerio de Economía cuenta desde hoy con un amplio y flexible conjunto de herramientas para garantizar que los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010, perjudicados por las decisiones del sistema judicial de Estados Unidos, reciban sus fondos sin inconvenientes. La Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa que se estaba tratando anoche en el Congreso habilita al equipo económico a desplazar y reemplazar al Bank of New York Mellon (BoNY), el agente fiduciario, ante su incapacidad para cumplir con las obligaciones contractuales y designar como nuevo pagador a Nación Fideicomisos. En paralelo, el Palacio de Hacienda está autorizado a ofrecer un canje voluntario de los bonos reestructurados regidos por leyes extranjeras por otros con idénticas condiciones de rentabilidad y plazos, pero bajo legislación argentina o francesa.

El menú de alternativas para sortear el bloqueo impuesto por el fallo y las órdenes del juez de Nueva York Thomas Griesa no tiene una trayectoria definida ni el éxito garantizado. La legislación sugiere un curso de acción, pero su implementación dependerá de un amplio espectro de variables legales, políticas y técnicas así como de las decisiones que tomen los bonistas, la Justicia estadounidense y los distintos eslabones de la cadena de pagos. Por eso, el Ministerio de Economía evalúa múltiples caminos para asegurar que lleguen a destino los próximos pagos de intereses de la deuda externa.

Desde el equipo del ministro Kicillof indicaron a Página/12 que el 30 de septiembre el país depositará los pagos de intereses de los bonos Par en las cuentas de Nación Fideicomisos. Ese será el primer paso. Cambiar al fiduciario no es un proceso inmediato y tampoco se puede descartar que el banco neoyorquino oponga resistencia a su desplazamiento. Sin embargo, los funcionarios del Palacio de Hacienda advierten que si vuelven a transferirle fondos al BoNY, casi con seguridad los dólares y euros no llegarían a sus propietarios. Ante esa situación de “fuerza mayor” se justifica el cambio, argumentan en el Palacio de Hacienda. Argentina también reclamará al BoNY que transfiera al nuevo pagador los 539 millones de dólares retenidos en sus cuentas desde fines de junio.

El siguiente movimiento no está definido. En ese punto, los acreedores de bonos regidos con ley europea podrían, por ejemplo, solicitarle a Euroclear –el eslabón siguiente en la cadena– que les transfiera los fondos a sus cuentas. La casa de clearing radicada en Bélgica donde existe una legislación específica antibuitres deberá tomar una decisión. Si esa empresa canaliza los fondos, el bloqueo de Griesa se vería reducido a los bonos con legislación norteamericana.

Alcanzar esa instancia supone que la designación de Nación Fideicomisos no fue cuestionada por los tenedores de bonos. El banco no cumple con todos los requisitos para ser agente fiduciario establecidos en el contrato de fideicomiso que rige el funcionamiento de los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. No se trata de un descuido, sino que, como el objetivo es eludir los tentáculos de Griesa, se seleccionó una entidad que no está autorizada a operar en Estados Unidos como agente pagador de vencimientos de deuda. Por eso, el texto de la ley recuerda a los bonistas que, si no están de acuerdo con cobrar por esa vía, pueden designar otro fiduciario siempre y cuando garantice el pago. Si rechazan el cambio, no proponen alternativas y mantienen los títulos actuales, podrían iniciar acciones legales contra Argentina y convertirse en holdouts de segunda generación. Hasta ahora, distintos fondos de inversión extranjeros como Fintech, Quantum o Hyman Capital expresaron directa e indirectamente su interés por explorar y buscar caminos alternativos para cobrar sus acreencias. El equipo de Finanzas se reunió la semana pasada en Nueva York con otros interesados para detallarles algunas de las opciones que habilita la ley que anoche, al cierre de este artículo, estaba siendo debatida en la Cámara baja.

Por eso, si se desplaza y reemplaza exitosamente al agente fiduciario pero una porción de los pagos de los bonos con legislación extranjera –estadounidense y/o inglesa– no puede canalizarse por la falta de cooperación de los intermediarios, el Palacio de Hacienda podría comenzar a evaluar la oferta de cambio de jurisdicción de los títulos públicos. Los hedge funds que tienen bonos de la deuda argentina emitidos en la reestructuración podrán cambiar esos papeles por otros en idénticas condiciones financieras, pero con legislación argentina o francesa, pagados íntegramente en la plaza local y fuera del alcance de las órdenes de Griesa.

Desde 2005, el Estado desembolsó 190 mil millones de dólares para pagar sus obligaciones financieras y llevar adelante un valioso proceso de desendeudamiento. Quienes rechazaron en forma sistemática canjear sus bonos para recurrir a la vía del reclamo judicial no tienen atribuciones para recibir ningún pago, ni siquiera en consigna. Sin embargo, ante la imposibilidad de alcanzar una solución negociada que no viole las condiciones del canje, el Gobierno comenzará a depositar a cuenta del 7,6 por ciento de fondos buitre y holdouts los vencimientos de capital e intereses “como si” hubieran cambiado sus bonos. Podrán acceder a los fondos sólo si aceptan cambiar los títulos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda y, por lo tanto, resignar la vía judicial. Un último elemento incorporado durante el debate en el Senado fue la creación de una comisión bicameral para investigar la deuda externa argentina, como reclamaban desde un sector de la oposición.

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