En la tercera jornada consecutiva de desarrollo de su alegato, la fiscalía enmarcó en la figura del genocidio a los crímenes cometidos en el centro clandestino La Cacha, entre ellos, los homicidios de cuatro personas y los secuestros y las torturas contra más de 120 víctimas del terrorismo de Estado. “Fueron actos perpetrados con la intención de destruir a un grupo bien diferenciado por los agresores”, de cuyos integrantes éstos buscaron “la matanza y lesión grave a su integridad física”, mencionó la parte acusadora. Los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández alcanzaron a describir las pruebas que, a lo largo de casi un año de juicio, les permitieron considerar a más de la mitad de los acusados como coautores de la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos sobre las víctimas, así como partícipes necesarios de los homicidios de las militantes Olga Casado y Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El miércoles próximo continuarán con la argumentación acerca de las responsabilidades del resto de los imputados –entre los que figura el ex comisario bonaerense y represor Miguel Etchecolatz– sobre los homicidios de Marcelo Bettini, padre del embajador argentino en España, Carlos Bettini, y Luis Bearzi.

Tras describir en las audiencias anteriores el funcionamiento del centro clandestino de detención y su relación estrecha con el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército argentino, con núcleo de operaciones en la capital bonaerense; así como los ataques que sufrieron cada una de las víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención que funcionó entre 1976 y 1978 en terrenos de Radio Provincia, los fiscales se dedicaron ayer, y de manera extensa, a fundamentar las figuras penales bajo las cuales encuadraron los hechos y el accionar de los imputados.

Según los fiscales, los delitos de los que fueron víctimas las personas que durante los primeros años del terrorismo de Estado estuvieron encerradas en La Cacha integran la figura de genocidio, tomada de la jurisprudencia internacional: “Genocidio es un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, definió Schapiro ayer por la mañana. Tales actos “comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, además de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”, apuntó.

Así, “calificado como genocidio, lesa humanidad y violación del derecho de gentes”, los fiscales acompañaron la atribución de las figuras penales con las que determinaron las funciones de parte de los acusados en el juicio. Es que la audiencia de ayer les alcanzó para señalar, fundamentar con prueba y calificar el accionar de la mayoría de los ex miembros del Ejército que prestaron funciones en el Destacamento 101, entre ellos a los dos con mayor jerarquía: Gustavo Cacivio, alias Francés, y Emilio Herrero Anzorena, alias Amarillo.

Schapiro y Fernández calificaron a éstos y a otros ocho integrantes de esa área dedicada a la contrainteligencia para “destruir a la subversión” de “coautores” tanto en las privaciones ilegítimas de la libertad de las víctimas –la cantidad de casos varía en cada imputado– como en los tormentos que éstas sufrieron, mientras que los consideraron “partícipes necesarios” en los homicidios de Carlotto y Casado.

Ambos homicidios fueron integrados en el juicio meses después de haber comenzado: los restos de Casado fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2009. Había sido secuestrada en noviembre de 1977, llevada a La Cacha y asesinada en marzo de 1978. Según Patricia Bernardi, miembro del EAAF, declaró en el juicio, fueron seis balazos los que la mataron. Los restos de Carlotto fueron entregados a sus padres, Estela y Guido, en agosto de 1978. A ella, la mayor de los cuatro hijos del matrimonio, le habían perdido el rastro en noviembre del año anterior y por varios sobrevivientes de ese centro clandestino que declararon ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, estuvo encerrada en La Cacha. El hijo que parió en cautiverio, Guido, fue entregado a una familia de Olavarría: Estela, la presidenta de Abuelas, y su abuela paterna, se reencontraron con él en agosto pasado.