El Frente para la Victoria (FpV) consiguió el dictamen de mayoría para la batería de proyectos que buscan proteger a los usuarios y consumidores de los abusos de posición dominante de algunos sectores de la economía. Las tres iniciativas, la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, el observatorio de precios y la creación de nuevos fueros y una instancia de mediación, serán tratadas hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo descarta alcanzar al menos 133 voluntades para convertir en ley los tres proyectos. El grueso de la oposición votará en contra. El diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) podría abstenerse en el caso de las modificaciones a la Ley de Abastecimiento y acompañar los otros dos proyectos. Los legisladores del PO también podrían acompañar algunas de las iniciativas.

“Quienes dicen que estas leyes son para perseguir la libre empresa se equivocan. Es una regulación del capital con capacidad de abuso sobre la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas. El Estado es el único que va a proteger a los usuarios de los abusos de las grandes compañías”, sostuvo el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien participó del plenario de las comisiones de Asuntos Constituciones, de Comercio, de Industria, de Presupuesto, de Justicia y de Defensa del Consumidor. Luego de explicar el marco general de las leyes, se retiró. Quienes respondieron las críticas de la oposición fueron los secretarios de Justicia y Comercio, Julián Alvarez y Augusto Costa, respectivamente.

El ministro de Economía utilizó un ejemplo de su propia vida para graficar cómo funcionan en el mundo otros sistemas de protección a los consumidores. Las leyes de este tipo no se ejecutan de manera automática, sino que las empresas deben incumplir una serie de normas. Es decir que en la práctica funcionan como un disciplinador del mercado para evitar los abusos a los consumidores.

En este sentido, Kicillof narró el caso personal en que una compañía de telefonía norteamericana optó por devolverle a un pariente una moneda que había sido “tragada” por un teléfono público por miedo a ser demandada. La anécdota ya había sido narrada por el funcionario en otro contexto, pero dio lugar a un cruce con la oposición.

–Entonces devuelva usted la moneda –gritó la macrista Laura Alonso, con un tono de voz que no necesitó de ningún micrófono. Antes de que la diputada Diana Conti, quien presidió el plenario, pudiera poner orden, el legislador Horacio Pietragalla le respondió: “La moneda te la ponen a vos los buitres”. El diputado hizo referencia a los aportes que Paul Singer realiza en la ONG Vital Voices, de la que participa Alonso a través de su filial local, Voces Vitales.

“Los medios de comunicación se encargaron de ocultar el debate de fondo. No estamos planteado una dicotomía entre el Estado y las empresas, sino que proponemos una serie de instrumentos para defender a los usuarios frente a los abusos del poder concentrado”, manifestó Costa. A su vez, el secretario de Justicia le reclamó a la oposición que “cuando hablen con los medios destaquen las herramientas para los consumidores, en vez de defender a las empresas”.

El radical Ricardo Buryaile sostuvo que “la Ley de Abastecimiento no resuelve el problema de la oferta de bienes”. “El Gobierno trata de modificar la realidad con esta ley cuando lo que hay que hacer es modificar la realidad con incentivos a producir y a vender. Muchos de estos artículos que pretenden ser remedio terminan siendo veneno”, sostuvo el formoseño, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina.

“Es falsa la opción entre regulación corrupta o concentración económica. Existe la regulación pública. Hay que construir la regulación pública con la articulación del Estado y la participación de los actores sociales”, sostuvo Claudio Lozano (Unidad Popular), quien podría abstenerse a la hora de la votación a los cambios propuestos a la Ley de Abastecimiento. El legislador votaría a favor de las otras dos iniciativas.

Tal como había adelantado este diario, durante el debate en el Senado se dejó afuera de la regulación a las pymes. “Quedarán exceptuadas del presente régimen las unidades económicas definidas como micro, pequeña y mediana empresa, según la ley 25.300, siempre que éstas no detenten una posición dominante en función de la Ley de Defensa de la competencia”, quedó escrito en la norma. Otro de los cambios tuvo que ver con el régimen de sanciones. En caso de que se determine una inhabilitación específica o clausura temporaria, la autoridad de aplicación deberá obtener previamente una autorización judicial. La oposición había dicho que este proyecto “eliminaba” la Justicia y que todas las decisiones recaerían en la Secretaría de Comercio.