Sábado, 25 de octubre de 2014 | Hoy
ECONOMíA › LA AFIP EXCLUYO A 524 CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
El organismo fiscal les suspendió el CUIT y los excluyó del monotributo por haber comprado bonos y acciones por valores que excedían su capacidad económica declarada. El 40 por ciento estaba inscripto en la categoría más baja.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) excluyó a 524 monotributistas que realizaron compraventa de bonos y acciones por valores que excedían su capacidad económica declarada ante el fisco. El 40 por ciento de estos casos estaban inscripto en la categoría más baja, la B, que contempla ingresos brutos anuales de hasta 48.000 pesos. Del total de casos excluidos, hay 33 contribuyentes que realizaron operaciones millonarias, por lo que para la AFIP podrían encuadrarse en posibles casos de lavado de dinero. En este sentido, remitieron la información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional de Valores.
La AFIP llevó adelante una primera inspección sobre los ingresos de los contribuyentes para determinar si existía una correspondencia entre lo declarado y los títulos y acciones compradas, operaciones que están exentas del pago de Ingresos Brutos. Luego de esa investigación es que decidió suspender preventivamente los CUIT de 524 monotributistas y los excluyó del Régimen Simplificado en base a lo estipulado en la Ley 26.565. A través de la fiscalización electrónica, la entidad que conduce Ricardo Echegaray realiza cruces informáticos y analiza las posibles inconsistencias entre lo declarado y los ingresos reales de estos monotributistas, que tras ser notificados poseen un plazo estipulado para justificar las posibles correcciones vía web.
De esta manera, “el organismo busca asegurar la transparencia fiscal expulsando del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a aquellos que, incumpliendo el carácter social del mismo, lo utilizan como escondite para ocultar el volumen real de sus operaciones comerciales”, según explicó la propia AFIP a través de un comunicado.
En esta primera instancia, el organismo fiscalizador se centró en la plata utilizada por los contribuyentes para adquirir los títulos públicos. “Se trata de monotributistas que realizaron operaciones en el mercado bursátil a través de bancos o sociedades de Bolsa, mientras que declararon ingresos mensuales por 4000 pesos en promedio. La maniobra demuestra que estos contribuyentes pretendieron ocultarse dentro del monotributo para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado”, indicó el organismo.
Pero no todos eran monotributistas de la categoría B. Hubo casos de contribuyentes que operaron cifras millonarias. Puntualmente, la AFIP emitió 33 reportes de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS), que ya están siendo investigadas en conjunto con la UIF y la CNV. A diferencia de otros casos, donde se puso la lupa sobre bancos y financieras, en esta investigación no surgió, hasta el momento, ningún patrón común entre las entidades financieras.
Es decir que los contribuyentes investigados utilizaron distintos canales para adquirir los títulos públicos, que no tendrían relación directa con las maniobras investigadas. De todas maneras, los bancos y financieras que operaron con estos monotributistas también deberán dar explicaciones, según lo informado por fuentes oficiales.
Esta es la primera etapa del operativo que apunta a evitar las maniobras de evasión a través de la compra de títulos públicos, utilizada en los últimos meses para adquirir dólares por fuera de los canales habilitados por la propia AFIP. Muchas de las operaciones de estos monotributistas corresponden a la adquisición del llamado “dólar Bolsa”. La segunda etapa de esta investigación pondrá la lupa sobre los profesionales de la salud, ciencias económicas y abogados que estén inscriptos en la categoría B. Luego de realizar esta primera exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, la AFIP pasará a determinar la deuda fiscal de cada contribuyente y en los casos que amerite elevará las demandas penales correspondientes.
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