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La campaña de presión y desinformación del fondo buitre Elliott, del financista republicano Paul Singer, con el objetivo de cobrar la extravagante sentencia dictada por el juez Thomas Griesa, tiene una amplia red de apoyo local e internacional. Esta fue conseguida a partir de la tarea de lobby interno y externo desplegada en el terreno de políticos, miembros del Poder Judicial, legisladores y medios de comunicación. Estos últimos, además de replicar sus posiciones sin la más mínima observación crítica, son el vehículo para canalizar revelaciones de supuestos hechos de corrupción. Es la misma táctica que aplicaron con éxito a fines de los noventa en los casos de la deuda de Perú y Zaire (hoy República Democrática del Congo), con los gobierno de Fujimori y Mobutu, respectivamente. La diferencia sustancial es que con Argentina los buitres se están enfrentando con un gobierno que resiste los embates porque políticamente es más fuerte y audaz en su defensa, consiguiendo de ese modo un apoyo internacional abrumador. Además, las denuncias de corrupción que difunden son evanescentes actuando como un límite a su capacidad de presión.

La estrategia buitre es muy rústica, como es habitual en el mundo financiero, revestida de sofisticación sólo por el poder del dinero. Organizada desde la usina American Task Force Argentina contrató a la firma de lobby de Madeleine Albright, secretaria de Estado en el segundo mandato de Bill Clinton. Uno de sus empleados, Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio del segundo período de gobierno de George W. Bush, se reunió con el ministro de Economía Axel Kicillof, por recomendación del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Kevin Sullivan. En ese encuentro Gutiérrez adelantó cuáles serían los cinco pasos que los fondos buitre emprenderían si el país se negase a pagar el fallo Griesa. Esos puntos eran provocar una nueva devaluación brusca (desbaratada con el despido del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega); reforzar los ataques mediáticos contra CFK y su familia (la denuncia contra su hija Florencia sobre su hospedaje de lujo en Nueva York era falsa); impedir el pago de los vencimientos de la deuda reestructurada (se aprobó la Ley de Pago Soberano que trasladó la responsabilidad de cobro a los bonistas); bloquear el acceso del sector público y las empresas locales al financiamiento internacional (en la reciente asamblea conjunta del FMI-Banco Mundial el equipo económico recibió varias propuestas de bancos internacionales, además se reactivaron las líneas del BM y BID), y propiciar la instalación de candidatos presidenciales con una actitud amigable (siguen en esa tarea con no pocos tropiezos). El fracaso de esa campaña derivó en que Singer cancelara el contrato con la empresa de Albright, según consignó Ambito Financiero.

Los fondos buitre se nutren de demócratas y republicanos para sus tareas, reclutando integrantes de los gobiernos de Clinton y Bush. También han ingresado directamente al de Barack Obama. El politólogo Nicolás Tereschuk publicó en su blog Mide/no mide una investigación que revela vínculos entre la AFTA y la administración Obama. Nancy Soderberg es la tesorera de la AFTA y tiene un cargo político en el gobierno de Obama. En julio pasado estuvo en Argentina y junto al presidente de esa organización de lobby buitre, Robert Shapiro, se reunieron con un grupo de periodistas en el Palacio Duhau Park Hyatt.

Tereschuk revisó un comunicado de prensa de la Casa Blanca del 10 de enero de 2012 donde se informa que Obama nombró a Soderberg en un “puesto clave”, como presidenta del directorio de la Public Interest Declassification Board. Es un comité asesor creado por el Congreso de los Estados Unidos en 2000 para promover el mayor acceso posible del público a las decisiones y actividades de seguridad nacional de ese país.

Soderberg asesora al presidente Obama en la “clasificación y desclasificación de información de seguridad nacional”. Una tarea cuya actuación está incluida en la ley por la que el Congreso autoriza fondos para “inteligencia y actividades relacionadas con la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y la Oficina del director nacional de Inteligencia, el Sistema de Retiro e Inhabilidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros propósitos”. Fue confirmada por Obama en el cargo el 16 de noviembre de 2012 y Tereschuk advierte que fue el viernes anterior al primer fallo del juez Griesa contra Argentina. Es un puesto por el que recibe una compensación monetaria equivalente a lo que se paga al “servicio ejecutivo Senior”.

En el comunicado oficial, la administración Obama presenta un resumido currículum de Soderberg, destacando que es presidenta de la Connect US Fund, una organización sin fines de lucro, que fue representante de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales de las Naciones Unidas desde 1997 a 2001. Pero no menciona el cargo de tesorera en la firma de lobby buitre AFTA. Tereschuk plantea que “técnicamente no existe conflicto de intereses y acá parece no haber nada ilegal”. Ironiza que la American Task Force Argentina es una entidad sin fines de lucro que “se siente feliz haciendo campañas públicas a favor de los fondos buitre”, y se pregunta: “Siendo tan apasionada impulsora de esta posición la embajadora Soderberg, y si bien el puesto en el que fue nombrada tiene un rasgo ‘técnico’, ¿no se debilita un poco la idea de que el pleito entre un fondo buitre y la Argentina en las cortes estadounidenses es un mero tema ‘judicial’? ¿No hay ahí entonces ningún componente de Estado a Estado o ‘político’? ¿Más aún, por no ser la mencionada una actividad ad honorem?”. Ante el reclamo del gobierno de Argentina en la OEA y en las Naciones Unidas, y por la presentación del caso en el Tribunal Internacional de La Haya, la posición oficial de los Estados Unidos fue expuesta por la responsable del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien consideró que “no es un asunto entre los dos gobiernos, sino una cuestión en la que tiene que decidir la Justicia; por lo tanto, no es una materia que debería influir en la relación bilateral”, ante una consulta de la corresponsal de La Nación en Estados Unidos.

Una funcionaria del gobierno de Obama es uno de las principales agentes de lobby del fondo buitre de Paul Singer. El trabajo de Soderberg en la Casa Blanca por orden de Obama lleva el caso del juicio buitre a un asunto entre los dos gobiernos.

Al profundizar su investigación, Tereschuk encontró un previsible aumento del presupuesto de la usina del lobby buitre AFTA, al subir de 1,3 a 3,0 millones de dólares de 2012 al año siguiente, según se precisa en la declaración de impuestos que se puede encontrar en Internet (citizenaudit.org). En 2007, el presupuesto era de 300 mil dólares, y el de este año es probable que haya superado el máximo de 2013 teniendo en cuenta la intensidad de la campaña de desinformación desplegada a nivel internacional, con especial foco en medios locales.

En la ocasión de nombrar a Soderberg, en la que también designó a otros funcionarios, Obama dijo: “Estoy honrado que estos talentosos individuos hayan decidido unirse a esta administración para servir a nuestro país. Hago votos por trabajar con ellos en los meses y años que vendrán” (www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2012/01/10/president-obamaannounces-more-key-administration-posts).

En esa definición, y en los lazos que el lobby de Singer tiene con demócratas y republicanos, puede empezar a encontrarse la actual posición del gobierno de Obama, desentendiéndose del conflicto, lo que significa liberar el terreno a los fondos buitre. La Casa Blanca retrocedió de ese modo de su postura inicial expuesta por los departamentos de Justicia y del Tesoro de respaldo a la Argentina cuando ambas dependencias se presentaron como amigos del tribunal (amicus curiae) en la Cámara de Apelaciones del Distrito de Nueva York cuestionando el fallo Griesa.

El lobby buitre tiene su espacio en la Casa Blanca.

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