El proyecto de ley de telecomunicaciones enviado por el Poder Ejecutivo comenzará a ser analizado mañana en la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación con la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner. La intención del oficialismo es que el Senado apruebe la iniciativa el 26 de noviembre y que el tema llegue a Diputados para que sea convertido en ley antes de fin de año, por lo que se descuenta la extensión del período ordinario. Legisladores de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el PRO ya adelantaron que votarán en contra de la iniciativa.

La Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación está presidida por la kirchnerista salteña Liliana Fellner, quien ayer adelantó que durante las tres semanas de debate quiere “escuchar a las cooperativas y a las pymes del interior del país” porque, “más allá de que esta ley está vinculada al usuario y a su derecho a obtener una comunicación y un servicio universal, uno de los beneficiarios en los que hay que poner mayor énfasis es en las cooperativas y las pymes”. Fellner denunció que “cuando las cooperativas pretenden subirse a la fibra de las grandes empresas, no pueden hacerlo”, y que “ahí va a estar el rol del Estado como regulador máximo”.

Al mencionar los alcances del proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado, Fellner resaltó que “el negocio se abre para todos”, y recordó que “hay una reglamentación que establece que cualquiera que entre para dar servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones o de comunicación audiovisual debe cumplir con los mismos criterios y restricciones que cualquiera”. “Si bien las telefónicas van a poder dar servicios de comunicación audiovisual, las empresas que hoy brindan comunicación audiovisual también van a poder dar servicios como las telefónicas”, destacó.

El texto del oficialismo declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. Otro punto clave de la ley es la autorización para que las telefónicas brinden servicio de televisión, lo que les sumará competencia a las cableras. El objetivo de ambas medidas es incrementar la competencia para tratar de que eso derive en mejores precios para los clientes minoristas.

A su vez, la norma introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación. El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo, pues sólo aclara que el Poder Ejecutivo va a ser el encargado de designarlo. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.

Los diputados del bloque socialista ya adelantaron a través de un comunicado que votarán en contra. “El proyecto de modificación de la ley de telecomunicaciones impulsado por el gobierno en nada favorece a los usuarios y consumidores de estos servicios, ya que sólo regula la relación entre los distintos prestatarios, favoreciendo sobremanera a algunos en detrimento de otros”, aseguraron en un comunicado, donde cuestionaron la posibilidad de que las telefónicas puedan brindar televisión. El diputado radical, Ricardo Alfonsín, también cuestionó el ingreso de las telcos al mercado audiovisual. “Al dejar sin efecto esa prohibición facilita la existencia de grupos monopólicos o con situación dominante en el mercado de la comunicación”, aseguró. Elisa Carrió (Unen) y Federico Pinedo (PRO) también adelantaron su negativa.