Las cámaras que representan a las pymes mantuvieron ayer una reunión con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para interiorizarse de las consecuencias que puede tener el reciente fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de la Argentina. La preocupación pyme radica en que una liberalización del comercio exterior generaría un daño sustancial a su negocio, con fuerte impacto negativo en el empleo. Por eso, varios dirigentes del sector se manifestaron a favor del esquema de administración de importaciones. “Las DJAI –Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación– son una herramienta que el Gobierno seguirá utilizando para proteger la industria y la producción nacional. No se dejarán de aplicar en el mediano plazo”, les aseguró Costa.

El jueves pasado se conoció que la OMC había rechazado la apelación presentada por la Argentina contra un fallo que le imputa al país aplicar trabas a las importaciones. El reclamo había sido presentado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. El tribunal de apelaciones del organismo señaló dos medidas argentinas supuestamente contrarias a la normativa del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés): las DJAI y la imposición de condiciones para importar. El tribunal instó al país a compatibilizar las normas locales de administración del comercio exterior con la reglamentación internacional.

La noticia generó preocupación en un sector empresario cuya actividad está muy vinculada con la administración del comercio. Se trata de los llamados “sectores sensibles”, como el textil, calzado, juguetes, marroquinería, algunos segmentos de la metalmecánica y bienes de capital. Como su costo de fabricación es superior al precio de importación desde destinos híper competitivos, como China, una apertura indiscriminada, al estilo de la década del ’90, los dejaría pedaleando en el aire. El costo social de esa política sería una tasa de desempleo estructuralmente alta.

Consultado por las consecuencias del fallo, Augusto Costa explicó a este diario que “no tiene implicancias prácticas inmediatas sobre el régimen de administración del comercio, ya que el proceso prevé diferentes etapas y plazos y abre un espacio de diálogo entre las partes. Tampoco tiene un impacto negativo sobre el comercio exterior, porque no habilita en lo inmediato a ningún país a tomar medidas contra la Argentina”. El funcionario agregó que “este fallo no establece en ningún lado que se debe desarmar el actual sistema de DJAI. Dispone que aquellos aspectos del sistema considerados inconsistentes con la normativa de la OMC sean puestos en conformidad con los acuerdos firmados. Y esto involucra una negociación con los demandantes para identificar esos puntos y establecer cómo se van a ir realizando las eventuales modificaciones. No ha habido ningún caso en el que el país demandado haya tenido que modificar todo su régimen de comercio exterior ni tampoco se registró un aval para la guerra comercial que haya perjudicado las exportaciones. En el peor de los casos, sólo se deberían modificar aspectos puntuales”.

Ayer, Costa recibió a unos 70 directivos de cámaras empresarias, varias de ellas nucleadas en la Confederación General Empresaria (Cgera). “La OMC pide adecuar las DJAI a sus normas y requerimientos, no su eliminación como instrumento. Lo importante es que se reafirma que en ningún caso se deja de administrar nuestro comercio exterior”, les dijo el secretario.

“Lo importante es que tanto el Gobierno como los empresarios respaldaron la administración del comercio exterior como una política de Estado y la metodología del diálogo para lograr previsibilidad tanto para las empresas como para el equipo de funcionarios económicos”, indicó el presidente de la Cgera, Marcelo Fernández. En tanto, Daniel Donikian, titular de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero (CIMA), consideró que “las DJAI son un sistema que viene funcionando muy bien”, mientras que Norberto Fermani, de la Cámara Argentina de Industrias Opticas, planteó que “es relevante que siempre existan herramientas para proteger la producción nacional de importaciones golondrina que dañan la capacidad de las empresas locales de proyectar escenarios futuros”.