El juez Ariel Lijo interrumpió su licencia y regresó al despacho del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 para analizar la denuncia por encubrimiento que el fiscal Alberto Nisman presentó la semana pasada contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, legisladores y dirigentes políticos cercanos al kirchnerismo. Lijo solicitó y recibió ayer una copia de la denuncia de Nisman y la prueba en la que estaría respaldada: dos declaraciones testimoniales, decenas de recortes periodísticos y la grabación completa y en crudo de la intervención de cuatro líneas telefónicas, un material que ocupa 961 CD. El juez analiza si habilita la feria judicial y aún no decidió si tomará la denuncia por considerarla relacionada con el expediente que está a su cargo, el de encubrimiento del atentado a la AMIA, o si la envía a sorteo para que sea asignada a otro magistrado.

La muerte de Nisman rebotó en Comodoro Py. Fuentes judiciales confirmaron que Nisman había informado al despacho de Lijo acerca de su presentación y que allí también supieron y coincidieron con la decisión y los fundamentos de la jueza María Servini de Cubría, que subrogó a Lijo hasta ayer, para rechazar la habilitación de la feria judicial a la denuncia del fiscal de la unidad especial encargada del esclarecimiento de la voladura de la sede de la mutual judía, en julio de 1994. Lijo decidió no dejar la situación librada a las guardias del receso judicial y regresó de manera anticipada a su puesto de trabajo.

La situación, en las oficinas del Juzgado Federal Nº 4 en Comodoro Py, se manejó con cautela desde el primer momento. El Centro de Información Judicial informó ayer al mediodía que el juez había “ordenado medidas urgentes para asegurar la prueba” correspondiente a la denuncia de Nisman. En realidad, lo que hizo Lijo fue solicitar una copia de “todo lo que había” en el despacho del fiscal fallecido. Servini de Cubría había recibido la denuncia, sin pruebas.

A la tarde, Lijo recibió en su despacho la denuncia por encubrimiento agravado, estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la Presidenta, Timerman, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia y el referente comunitario iraní Jorge “Yussuf” Khalil. Nisman los señaló como responsables del armado de un plan “destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA”. ¿Con qué objetivo? Nisman aseguró que el Ejecutivo buscaba “acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas”. Otra copia fue a parar al despacho del fiscal federal Ramiro González, que entendería en el caso si finalmente queda en manos de Lijo. El documento que recibió Lijo es similar al que Nisman difundió mediáticamente, con el agregado de dos declaraciones testimoniales, la del periodista José “Pepe” Eliaschev y la de D’Elía; decenas de recortes periodísticos relacionados con el tema y transcripciones de partes de las escuchas telefónicas de las cuatro líneas que autorizó Canicoba Corral a intervenir en el marco de la causa que sigue él, la de la investigación sobre el atentado propiamente dicho. Se trata de extractos que le parecieron a Nisman significativos para respaldar su hipótesis, aseguraron en el despacho de Lijo. Completan el paquete 19 discos con la información comprimida de 961 CD, el crudo completo de tales escuchas.

El paso siguiente será de análisis. En principio, para determinar si la denuncia y las pruebas presentadas ameritan un vínculo con el expediente de encubrimiento que Lijo tiene a su cargo desde enero de 2006. En 2012 elevó parte de la investigación a juicio oral: imputó al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, otros jefes de la central de espías, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, al reducidor de autos Carlos Telleldín y al ex comisario Jorge “Fino” Palacios por haber desviado la investigación del atentado a la AMIA. En junio del año pasado sobreseyó al ex ministro del Interior del menemismo Carlos Corach. En diciembre, la Cámara Federal dio marcha atrás y lo revinculó con la investigación.

De considerar que este nuevo hecho presentado tiene relación con todo aquello, tomaría la investigación en sus manos, aunque desde su entorno no aseguraron que habilite la feria judicial. Si el juez entiende que se trata de hechos no conectados entre sí, la enviaría a sorteo. Por lo pronto, solicitó a Canicoba Corral que le envíe antecedentes del expediente principal.

Si el juez decide quedarse con la causa, debería solicitar oficialmente el levantamiento del secreto sobre los agentes de Inteligencia presuntamente señalados por Nisman en su denuncia. La solicitud implica que la SI ordene la difusión de su verdadera identidad y brinde toda información respecto de su función en relación con la voladura de la AMIA. Por el momento, en el despacho de Lijo visualizaron sólo un agente, protagonista de los extractos de las escuchas que el fiscal fallecido plasmó en su denuncia: un hombre de Inteligencia oriundo de Misiones y señalado por Nisman como el informante de Irán dentro del Gobierno.