En un país que la ONU señala como infractor recurrente de los tratados internacionales de derechos humanos por no cumplir los mínimos en cuanto a reparación histórica y ahora, con su nueva Ley Mordaza bajo el brazo, tampoco en lo que a libertad de manifestación se refiere, irrumpe una nueva fuerza política que pretende cambiarlo todo: Podemos. La formación que lidera Pablo Iglesias, además de querer acabar con “la casta” –como ellos llaman a la anquilosada estructura bipartidista que gobierna España desde el inicio de la democracia– y replantear sus políticas neoliberales, también dice tener entre sus objetivos la férrea protección de los derechos humanos.

Al menos, así lo anticipó Iglesias en su reciente paso por Barcelona, donde participó de la presentación de un documental que repasa la trayectoria del célebre cantautor catalán Lluís Llach en relación con la masacre de 1976, en la que la policía causó cinco muertos y más de cien heridos de bala durante una protesta obrera en la ciudad vasca de Vitoria. Aunque por la emoción que le produjeron las duras imágenes no le resultó fácil expresarse, después de ver el documental el secretario general de Podemos aprovechó para dejar clara su postura sobre políticas de recuperación de la verdad y la justicia en España. “Ponerme esta película a mí y hacerme hablar después puede echar por tierra buena parte de la táctica que estamos llevando a cabo”, confesó al iniciar su intervención. “‘Campanades a morts’ es una canción de guerra que te dan ganas de hacer boxeo con el enemigo, que es lo contrario de lo que hacemos nosotros, que es el ajedrez”, declaraba. “Pero detrás del ajedrez político está la rabia y es eso lo que te hace aguantar las hostias, porque no alcanza con intentar convencerles, les queremos ganar”, remató Iglesias.

La idea que el secretario general de Podemos defendió a lo largo de todo el coloquio fue que para combatir “el silencio, que es el instrumento político del olvido”, hay que llegar al gobierno. “Hace falta poder para hacer políticas de memoria. Ganando unas elecciones no se puede cambiar el funcionamiento de los mercados globales, pero sí el trabajo con la memoria”, aseguró.

Ante la pregunta de uno de los asistentes al debate sobre cómo encararía este cambio en la política histórica, Iglesias respondió que la reparación no debe concebirse como algo privado, que atañe sólo el ámbito de las víctimas, sino que hay que incluirlo en el sistema educativo, en el cine y en la televisión. “Necesitamos planes de estudio que incluyan los derechos humanos y la dictadura, no puede ser que a la mayoría de nosotros se nos saltaran determinados temas en la escuela”, reclamaba el líder de Podemos. Al mismo tiempo, hizo mucho hincapié en el papel fundamental de los medios audiovisuales como “dispositivos que construyen la verdad de los acontecimientos históricos” y remarcó que son vitales las subvenciones estatales “para que un país entero pueda llamar asesinos a los asesinos y demócratas a los demócratas, y no que la memoria sea una cosa de unas minorías que nos retroalimentamos en la intimidad”.

Iglesias, sin embargo, no fue tan explícito cuando se le preguntó desde el público si derogaría la Ley de Amnistía de 1977, normativa a la que se acogen desde España para esquivar el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo y para oponerse a la querella impulsada en la Argentina por la jueza Servini de Cubría. Entre los asistentes a la charla había miembros de la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina que le inquirieron a Iglesias por sus planes en cuanto a reparación de las víctimas y depuración de responsabilidades políticas, y el dirigente les aseguró que en el máximo órgano de dirección del partido –el Consejo Ciudadano– existe un responsable específico de políticas de memoria preparando un grupo de trabajo especialmente enfocado en esta área, aunque desde la Plataforma dicen todavía no haber recibido de Podemos una ayuda en forma directa.

El coloquio realizado en Barcelona sirvió para reivindicar la recuperación de la memoria histórica y también para denunciar las peligrosas similitudes que las actuales políticas gubernamentales tienen con las de los oscuros tiempos de la dictadura. Así como el entonces vicepresidente de Gobierno, Manuel Fraga, lo dejaba claro en el documental –“No vamos a tolerar reivindicaciones utópicas ni anarquistas, que esto [la represión policial del 3 de marzo de 1976] sirva de lección para todos los españoles”–, Mariano Rajoy advierte hoy, con la promulgación de su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que protestar en contra del gobierno puede costar muy caro. Multas que van de cien a seiscientos mil euros por participar en marchas espontáneas y sin ningún alboroto, por manifestarse ante un Parlamento, por hacer un “escrache”, por ocupar espacios abandonados, por grabar actuaciones policiales o por mostrar “carencia de respeto” a un agente de seguridad, son algunas de las nuevas medidas que incluye la llamada Ley Mordaza que el Congreso aprobó a finales de año y puede ser validada en el Senado en las próximas semanas.

Son decenas las organizaciones de derechos humanos que denunciaron que dicha ley amenaza los derechos fundamentales de reunión y manifestación y supone uno de los retrocesos en libertades democráticas más graves desde la Transición en España. Pablo Iglesias, quien también ocupa el cargo de eurodiputado en el Parlamento Europeo, se pronunció en contra del texto del Partido Popular (PP) y envió una pregunta al Consejo de Europa cuestionando la legalidad de la norma y su carácter democrático, ya que fue redactada por el PP sin el consenso de la oposición parlamentaria. “El gobierno de Rajoy instaura así lo que el portavoz de Jueces para la Democracia denominó el ‘derecho administrativo del enemigo’”, declaró Iglesias tras presentar la propuesta, y añadió, “cuando la casta se siente acorralada recurre a leyes represivas. Están nerviosos y quieren recortar la democracia”.