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El club de los ocho ex secretarios de Energía no puede ofrecer resultados que merezcan una evaluación demasiado favorable cuando cada uno de ellos tuvo la oportunidad de aplicar políticas en ese sector estratégico del de-sarrollo. Esto no significa que no sean estudiosos del tema, algunos más calificados que otros. El saldo de mediocre a negativo de sus respectivas gestiones incorpora un factor político ineludible cuando participan de debates sobre cuestiones clave de estos años. Esto los condiciona bastante cuando difunden algunas observaciones sobre la política energética del kirchnerismo, que pueden ser interesantes disparadores de análisis pero quedan contaminados por ese pasado que los condena. Cuando Atucha II alcanzó el ciento por ciento de potencia instalada se conocieron críticas de ese grupo de ex secretarios de Energía, por el sobrecosto de la obra, la oportunidad del anuncio, sobre quienes fueron los hacedores de la central y sobre el plan nuclear en general.

Para abordar esas cuestiones se recreó un contrapunto virtual entre uno de los miembros de ese club de ex secretarios, Jorge Lapeña, a partir de sus declaraciones en un reportaje publicado en La Nación, y Ricardo De Dicco, especialista en Economía de la Energía y en Infraestructura y Planificación Energética del Idicso de la Universidad del Salvador, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo y asesor del Ministerio de Planificación. Lapeña estuvo al frente de la Secretaría de Energía casi dos años (1986-1988), en el gobierno de Raúl Alfonsín, fue también subsecretario de Planificación Energética (1983-1986), presidente del directorio de YPF (1987-1988) y durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue miembro del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y su presidente de agosto a diciembre de 2001.

Lapeña afirmó que la elección del 18 de febrero para autorizar la operación de Atucha II al ciento por ciento “no parece tener un objetivo técnico”, en referencia a que tuvo una motivación política por la marcha del 18F.

De Dicco le contesta: aumentar del 75 al 100 por ciento no es algo que se logra en cuestión de horas o de pocos días. Es, por el contrario, un trabajo que debe cumplir con una serie de procedimientos y cuestiones técnicas, es decir, con limitaciones técnicas vinculadas con los factores de tener suficiente quemado del núcleo (DPP) y no alcanzar la temperatura de ebullición a la salida del canal más caliente (DNB). En suma, para el 20 de enero se estimaba que alcanzar esos valores no demandaría menos de veinte días. Aproximadamente unos doce días antes de la inauguración se pudo establecer que esos valores podían ser alcanzados el 18 de febrero.

Lapeña criticó a la presidenta CFK porque atribuyó a Perón haber iniciado Atucha I, cuando sólo cortó las cintas de inauguración en marzo de 1974, y que, en realidad, la obra fue iniciada en 1968 por el general Onganía.

De Dicco explica: Cristina Fernández de Kirchner dijo textualmente “Acá lo tienen a Perón inaugurando Atucha I, ahí había comenzado la Argentina a desarrollar su plan nuclear”. En ningún momento de su discurso dijo que Perón inició las obras de Atucha I, sino que la inauguró. El desarrollo del Plan Nuclear Argentino comienza en 1950, con la creación de la CNEA, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La puesta en operación comercial de Atucha I en 1974 inicia una nueva etapa del Plan Nuclear Argentino, que es la etapa de la generación nucleoeléctrica. Las obras Atucha I se iniciaron en 1968 con Onganía, pero el Proyecto Atucha I nació durante el gobierno del presidente constitucional Arturo Umberto Illia.

Lapeña indicó que “el segundo error grueso de la Presidenta” fue haber validado “sin beneficio de inventario” el Plan Nuclear del Proceso, poniéndose ella misma como su continuadora. “Las decisiones de construir la central nuclear de Atucha II, la Planta Industrial de Producción de Agua Pesada y otros proyectos de reprocesamiento de combustibles irradiados y enriquecimiento de uranio fueron tomadas en el más absoluto secreto por el régimen militar”, dice Lapeña.

De Dicco replica: esas afirmaciones son una grosera tergiversación de la historia nuclear. El Plan Nuclear Argentino siempre fue una política de Estado, desde su creación en 1950 hasta 1984. A partir de entonces, y hasta 2003, numerosos proyectos fueron cancelados, otros demorados, y la industria metalúrgica nuclear junto a miles de técnicos y profesionales en la materia fueron desapareciendo durante las décadas del ’80, ’90 y principios de 2000. Desde su creación, en 1950, la CNEA tuvo como objetivo no sólo formar profesionales en la actividad nuclear, sino desarrollar un plan estratégico con fines pacíficos que permitiera construir en el futuro reactores de investigación y de producción de radioisótopos para aplicaciones médicas e industriales, y para ello resultaba primordial dominar el ciclo de combustible nuclear. Con el gobierno de Illia, se sumó a este plan estratégico la necesidad de avanzar en la construcción de reactores nucleares de potencia, que necesariamente requerían de transferencia tecnológica del exterior y del desarrollo de la cadena de valor industrial y tecnológica pertinente para poder cerrar localmente el ciclo de combustible nuclear, y esto demandaba la instalación en el país de plantas para la producción de polvo de dióxido de uranio, de fabricación de elementos combustibles para centrales de potencia y de producción de agua pesada. Lejos de continuar con el “Plan Nuclear del Proceso”, lo que el gobierno de Néstor Kirchner hizo fue relanzar el Plan Nuclear Argentino nacido en 1950, el mismo que evolucionó a paso firme hasta mediados de los ’80 y que a partir de ese momento comenzó a desarticularse, siendo totalmente paralizado en 1994.

Lapeña corrige y calcula: es muy difícil que la participación de la industria nacional haya superado en Atucha II el 50 por ciento del total.

De Dicco ofrece otra cifra: la participación de la industria nacional en el proyecto de terminación y de puesta en marcha de Atucha II fue del 88 por ciento. La reactivación de las obras de Atucha II, el 23 de agosto de 2006, significó además un impulso a toda la actividad e industria nuclear: reactivó la planta de producción de agua pesada, recuperó el know how que estaba a punto de perderse para el desarrollo de reactores de potencia del tipo PWR (Proyecto Carem) y del combustible asociado (para enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu) y profundizó los avances en otras áreas, como en la medicina nuclear, terminando las obras en 2006 y en Buenos Aires de un centro de diagnóstico, y con otros tres nuevos centros en construcción en Entre Ríos, Formosa y Río Negro, cuyas obras finalizarán en pocos meses, más otros dos a punto de iniciar sus obras en Santa Cruz y en Santiago del Estero.

Atucha II comenzó a cubrir el equivalente al 5 por ciento de la demanda nacional de energía, permitiendo sustituir importaciones por 1200 millones de metros cúbicos anuales de gas natural. La central nuclear permitió la formación de una nueva generación de profesionales y técnicos calificados y la recuperación de las capacidades perdidas en la cadena de valor de la industria y tecnología nuclear. También impulsó el desarrollo de una nueva cadena productiva de la industria metalúrgica requerida para otros proyectos, como la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse. El sector cuenta hoy con 129 empresas locales calificadas.

El análisis de los hechos de la realidad brindado por De Dicco es un buen antídoto para tanta energía puesta al servicio de la confusión.

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