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El fiscal Alberto Nisman (y también Gerardo Pollicita) tenía las pruebas que presentó, o sea: ninguna. La fantasía de que se había guardado algo en la manga y que lo hubiera presentado ese lunes en el Congreso, o que lo tenía bajo llave en una caja de seguridad, es hacer humo con humo y tratar de otorgarle calidad judiciable a una acusación puramente política. Y al mismo tiempo, pensar que hay pruebas escondidas es reconocer que lo que se presentó es inconsistente. La causa habría seguido el mismo camino al basurero con el fiscal vivo, porque no tenía con qué defenderla. Es absurdo que si hubiera tenido alguna prueba para respaldar lo que decía, no la hubiera presentado en el juzgado junto con la acusación o no la hubiera mencionado en la recorrida mediática que realizó antes de aparecer sin vida.

Si es que su muerte, hipotéticamente, fue un homicidio relacionado con esa causa, no fue por el supuesto peligro que representaba para el oficialismo, sino por todo lo contrario: la acusación era tan débil que solamente podía trascender con la muerte trágica del fiscal. Aun así, toda la evidencia física apunta a la hipótesis del suicidio. No hay ni remotamente una línea probatoria de homicidio o “magnicidio”, como mencionan a cara de piedra y sin ningún sustento algunos columnistas opositores.

No hay pruebas en la causa que presentó Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman por encubrimiento del ataque a la AMIA. Son disquisiciones basadas en prejuicios. Tampoco hay pruebas de que la muerte del fiscal haya sido un homicidio. Sin embargo, sectores de la oposición se empeñan en sostener sin pruebas estas dos afirmaciones tan graves bajo la forma de un silogismo cuya conclusión sería que la Presidenta mandó asesinar a Nisman para evitar que avanzara esa causa. Hacer esa acusación con pruebas implicaría una valentía que ninguno de esos acusadores ha demostrado en momentos verdaderamente peligrosos del país. Hacerlo sin pruebas, como lo hacen, es nada más que una canallada.

El fallo del juez Rafecas es muy detallista. Se quiere abrir un flanco para la sospecha por la rapidez con que salió, pero el análisis párrafo por párrafo del expediente que extractó Pollicita de la denuncia original de Nisman cierra esa línea de especulación. Cuanto más se profundiza en la denuncia, quedan más en evidencia las contradicciones, los errores y, en algunos casos, la mala fe del autor.

Las declaraciones del secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, fueron demoledoras: “Nisman miente”. El fiscal lo había llenado de elogios porque según su denuncia, sólo la firmeza de Noble había impedido que cayeran las alertas rojas contra los acusados iraníes como, según afirmaba falsamente el fiscal, había insistido el gobierno argentino. Fue lapidario: “Nisman miente”. En esa declaración del jefe de Interpol quedaba expuesta la mala fe de la denuncia. Pero también quedaba en evidencia el error de conocimiento judicial, porque aunque el Gobierno hubiera insistido, el único que habría podido cursar la orden habría sido el juez de la causa.

Hay disquisiciones que hace la denuncia sobre el supuesto contenido de reuniones de los cancilleres argentino e iraní, que sólo tienen origen en dos artículos periodísticos publicados en Perfil por el recientemente fallecido José Eliaschev. El periodista asegura que “vio” un “paper” informativo interno de la Cancillería iraní y da como único respaldo de veracidad su “larga trayectoria profesional”. No es un argumento muy profesional. Se tendría que haber corroborado esa información tan grave con otras fuentes. O exigir una copia del documento. Eliaschev no lo hizo y tampoco Nisman. Rafecas subraya esta falta grave de la denuncia. Cuando tomó testimonio al periodista, Nisman no le hizo una sola pregunta sobre el origen del documento, si se trataba de una copia o del original, si lo que publicó en sus artículos eran textuales copiados, o lo que el periodista recordaba de algo que había visto, qué seguridad tenía sobre la traducción del farsi al inglés. Ese interrogatorio inocuo y los artículos periodísticos que no tienen respaldo de veracidad figuran como una de las principales pruebas, aun cuando el documento nunca apareció ni fue corroborado por nadie y nadie más lo vio.

Es más, el sospechoso documento del que se habló y nunca se mostró, pero que fue asumido por Nisman como la gran prueba, decía que después de estos acuerdos entre los gobiernos, el ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi (uno de los acusados), podría viajar al exterior. Y según Eliaschev, el documento insistía en que el gobierno argentino incluso estaba dispuesto a interceder si a un tercero se le ocurría pedir su captura. En mayo de 2014, Vahidi quiso viajar a Corea y fue la Cancillería argentina la que advirtió a las autoridades coreanas que deberían detenerlo. Nisman no menciona este incidente real, que seguramente conocería, y eligió basarse en disquisiciones que no están documentadas y con vaticinios que ni siquiera se cumplieron. Y son más desconcertantes aún los dos documentos firmados por el mismo Nisman al mismo tiempo que preparaba esta denuncia. Son totalmente contradictorios con ella. Allí, Nisman reivindicaba la política del Gobierno desde 2004 en respaldo a la investigación del atentado a la AMIA.

Los medios opositores tienden a otorgarles impunidad a estas pifias ominosas y contradicciones llamativas en la denuncia de Nisman. Necesitan reivindicarla contra viento y marea para insistir con la historia de que fue asesinado para evitar que la Presidenta fuera investigada. Si la denuncia hubiera tenido un mínimo de consistencia, la reacción contra el fallo de Rafecas habría sido furiosa, habrían fusilado al juez en los medios. Pero la denuncia de Nisman es muy floja y el fallo de Rafecas, muy detallado y respaldado por juristas de muchos prestigio. A cualquier tribunal le va a resultar difícil desecharlo. Y si la denuncia es floja, nadie lo habría asesinado para evitar que fuera investigada, porque se caía sola.

Pero entonces la muerte de Nisman tiene otras connotaciones que resultan menos útiles a los medios opositores. Ya no pueden acusar a la Presidenta. Las agencias internacionales que jugaron con esta presunción de la manera más artera contribuyeron a ensuciar al país con una imagen de novela amarillista del macartismo. Pero para el macartismo del nuevo milenio, el peligro ya no es más el comunismo sino el populismo, que es la fórmula con que se estigmatiza a cualquier gobierno latinoamericano que resulte antipático a los países de estas agencias.

Como la idea de que Nisman fue asesinado para evitar la investigación de su denuncia es casi pueril y ya no tiene mucho asidero, las versiones que se escuchan son las de “un comando bolivariano-iraní” o la de un infiltrado iraní que durante años estuvo relacionado con Nisman, haciéndose pasar por un “arrepentido” cuyos dichos no figuran en ningún documento. Los refinamientos que se habrían requerido para hacer una operación de este tipo (estudiar al objetivo, llegar hasta él y asesinarlo sin dejar ningún rastro) son tan sofisticados que desde ya habría que descartar la lista anterior que, a lo sumo, podría realizar un atentado suicida. Y no se entiende la razón de arriesgarse tanto solamente para no dejar huellas.

Otra versión con mucha carga golpista trata de equiparar la situación actual con la de Isabelita en el clima pregolpe del ’76, con las decenas de asesinatos de la Triple A. Los voceros de esta versión, que también fue muy difundida por agencias internacionales y la CNN, afirman que en vez de Triple A y organizaciones armadas, el enfrentamiento es entre dos facciones de los servicios de Inteligencia. Es un enfrentamiento con un solo muerto, que es Nisman, al que suman la muerte del agente de la SIDE Lauchón Viale, por la Bonaerense. Aunque Nisman estaba muy relacionado con la SIDE, no parece sensato comparar la muerte de un fiscal con la de un delincuente que era agente de los servicios y sumarlas como si formaran parte del mismo paquete. Ninguna de todas esas versiones puede explicar, ni como fantasía, los mecanismos que deberían haber utilizado los asesinos.

Los medios opositores alimentan la carga antigobierno junto con los prejuicios conspirativos de un sector de la opinión pública y tratan de arrinconar la investigación para que rechace la hipótesis del suicidio. Hay presiones incluso para sacarle la investigación a la fiscal Viviana Fein y llevarla al fuero federal, para darle un peso más político. Sin embargo, todas las evidencias apuntan a la hipótesis del suicidio, un hecho que, por lo general, resulta difícil de aceptar para las personas más próximas, pero que la realidad demuestra que sucede. León Arslanian advirtió que si estas presiones sobre la investigación generan que un suicidio sea investigado como un homicidio, nunca se sabrá la verdad. Y es lo que algunos están buscando.