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Lo de golpear a la democracia cuando ésta no conviene es algo que data desde la propia implementación de las reglas democráticas. En Venezuela, esta práctica se ha repetido insistentemente desde que Hugo Chávez ganara las elecciones de diciembre de 1998. Se han producido tantas modalidades de intentos de golpes de Estado que sería preciso denominar a este fenómeno como golpismo del siglo XXI como estrategia antidemocrática para buscar derrocar al socialismo bolivariano del siglo XXI. Cada batalla que se pierde en las urnas se procura ganar por otra vía.

Mirando las estadísticas electorales, uno puede explicar por qué ese comportamiento entre aquellos que nunca estuvieron acostumbrados a perder durante tanto tiempo. Es lo que tiene el cambio de época en Venezuela (y en muchos otros países de América latina): lo que antes era hegemonía es ahora sustituida por otra, en la que el pueblo decide otro modelo social-económico-político, con otro sentido común, otros significantes y léxicos, otras preferencias. Y este cambio de época también parece haber provocado que la oposición no acepte ni entienda que son ellos los perdedores en cada cita electoral; una especie de autoengaño como mecanismo de defensa y rechazo psicológico a aceptar la nueva realidad, 18 derrotas electorales de 19 convocatorias en los últimos años.

El año 2002 fue el primer capítulo de esta serie, golpismo del siglo XXI, que lleva ya demasiadas temporadas. Primero, en abril, golpe al estilo clásico, y luego, golpe petrolero en diciembre del mismo año. Ni lo uno ni lo otro fueron fructíferos. A partir de ese momento, continuó el empeño en la misma tarea pero de distintas maneras. Acudieron al revocatorio (año 2004) pero tampoco les funcionó. Y así siguieron con esta labor copiando viejas fórmulas y/o reinventando nuevos métodos más afines a los nuevos tiempos. La muerte de Chávez abrió más –aún– el apetito golpista opositor. Después de perder en octubre contra Chávez (por 11 puntos de diferencia) en 2012, buscaron derrotar a Maduro en abril 2013, pero tampoco pudo ser. Nueva derrota. Como la eficacia electoral brillaba por su ausencia, se tuvo que acudir a los viejos manuales de desestabilización, de golpe a cámara lenta, de guerra económica. Marco ideal para plantear un plebiscito inconstitucional: las elecciones municipales como revocatorio contra Maduro. También lo perdieron a fines de diciembre de 2013. ¿Y después? Operación La Salida; un término claro pero inexistente en la Constitución actual. La propuesta opositora, encabezada por el trío Leopoldo López-María Corina Machado-Antonio Ledezma, no dio los frutos esperados pero sí muchas muertes cosechadas. Las guarimbas (como disturbios violentos y cierres arbitrarios de las calles) fueron rechazadas por la mayoría de los venezolanos como así lo ratificó la encuestadora no oficialista Datanálisis. Finalmente, tampoco tuvo lugar esa salida.

Este año, en una nueva temporada, el golpismo del siglo XXI busca cómo hacer y qué provocar, para que se pueda lograr el cambio que nunca es ratificado en las urnas. Después de tanta experticia, la oposición ha decidido introducir todo a la vez en un mismo cóctel a modo de tormenta perfecta: más guerra económica adentro, más presión económica internacional afuera, más guarimbas, y a ello se suma el viejo manual de golpismo buscando a militares que se den la vuelta con el apoyo de los Estados Unidos desde afuera. Así, lo último sucedido ha sido el intento de golpe revelado recientemente (Operación Jericó) en el que supuestamente ha estado involucrado el alcalde metropolitano de Caracas, Ledezma, según las primeras indagatorias oficiales, siendo éste el motivo de su detención.

Aunque los focos mediáticos han centrado su atención en el debate sobre la legalidad o no de la detención de Ledezma, lo que realmente debe estar en un primer plano es algo infinitamente más importante: la exigencia, demanda y alegato a favor de la transición con absoluta irresponsabilidad constitucional, por parte del señor Ledezma y aquellos que firmaron el 11 de febrero el llamado “Acuerdo Nacional para la Transición”. Esta nueva versión de La Salida, ahora llamada transición, sin apelar a las urnas ni a una consulta ciudadana, es verdaderamente el objeto de la disputa. He aquí la cuestión: transición o no transición. La transición, como tal, no es un término válido en la Constitución actual. En Venezuela no hay instrumento legal que permita una transición posible por fuera del cauce electoral; lo que hay es posibilidad de ir a elecciones (presidencial, asamblea, etc.) para que se pueda proceder a una transición política si así lo desea la mayoría ciudadana. Es tan así que cuando se hace el simple ejercicio de buscar la palabra transición en la Constitución Bolivariana, sólo aparece una vez, en la Disposición Transitoria decimoséptima (La circulación de monedas acuñadas y billetes emitidos con el nombre de “República de Venezuela” estará regulada por la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela contemplada en la Disposición Transitoria cuarta de esta Constitución, en función de hacer la transición a la denominación “República Bolivariana de Venezuela”). Nada que ver con el sentido de transición que viene procurando instalar la oposición como demanda, no constitucional. Y tampoco nada que ver con la declaración de Psaki, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, que dejó claro que EE.UU. “no apoya una transición política en Venezuela por medios no constitucionales”. Error, porque no hay transición legal existente por vía constitucional en Venezuela, sino que hay que hacer aquello que realmente no pueden ni quieren hacer, esto es, ir a las urnas, y esperar que el pueblo mayoritariamente apoye una opción no chavista para el futuro del país. Hasta el momento, la transición única posible avalada por la mayoría venezolana es la transición al socialismo del siglo XXI a pesar del constante golpismo del siglo XXI.

* Director de Celag, @alfreserramanci