Cuando la Argentina presente el próximo 31 de diciembre la reformulación de las Declaraciones Juradas de Importación (DJAI) se abrirá una nueva etapa en el reclamo de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Comenzará un período de análisis de las modificaciones implementadas, con posibilidades de apelación de parte de la Argentina, y luego el momento de la aplicación de la represalia, que podría derivar en la apertura de un nuevo panel arbitral. El equipo económico y los negociadores en la OMC tienen en cuenta esas variables.

El Gobierno acordó con Estados Unidos y la Unión Europea implementar antes del 31 de diciembre cambios en su política comercial, luego de que la OMC falló en contra del país en agosto del año pasado y rechazó la apelación argentina en enero. Las DJAI, que tamizan todo el abanico de las compras al exterior de bienes de consumo, insumos y maquinarias y equipos, serán modificadas, pero no necesariamente eliminadas, aseguran en el Ministerio de Economía. La otra pata del reclamo son las exigencias de inversión, producción local, sustitución de importaciones y balanza comercial equilibrada que el Gobierno aplicó en los últimos años sobre las empresas importadoras. Como se trata de medidas no escritas, el compromiso argentino consistirá en anticipar que no se van a repetir.

La aplicación del nuevo esquema comercial será responsabilidad del próximo gobierno. Una opción sería complejizar en determinados sectores la protección con medidas paraarancelarias, como a través de exigencias fitosanitarias. La OMC también permite utilizar ciertas barreras, como antidumping, salvaguardias, derechos compensatorios, licencias de importación e incluso subir aranceles por problemas de balanza de pagos. Son temas que están bajo análisis por el actual equipo económico. De cualquier modo, en 2016 la novela de las importaciones seguirá.

Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la implementación de los cambios en la política comercial, en enero 2016, la delegación argentina en la OMC tendrá que informar al Organo de Solución de Diferencias (OSD), que dictó el fallo arbitral, la forma a través de la cual se procuró cumplir con la exigencia. Por ejemplo, la derogación de las DJAI o determinada modificación que vaya en línea con el fallo, que considera a esa herramienta como una “restricción a la importación” y, por lo tanto, violatoria de las normas internacionales en la materia.

Durante las siguientes semanas o meses, los reclamantes evaluarán la situación argentina. Si aprueban los cambios, el proceso se termina. Pero si plantean que Argentina no cumplió con lo acordado, se abre una nueva instancia de disidencia. Ese conflicto podría eventualmente dirimirse a través de una nueva discusión en el llamado Panel de Cumplimiento. Ese fallo también puede ser apelado por cualquiera de las partes.

Si el fallo de cumplimiento es contrario a la Argentina, los reclamantes pueden acudir nuevamente al Organo de Solución de Diferencias para solicitar autorización para aplicar represalias como, por ejemplo, subir los aranceles aduaneros a los productos que la Argentina exporta. Esa “quita de concesiones” debería estar conforme al daño que esos países estiman que sufren por las medidas argentinas. La OMC no permite que la represalia contemple retroactividad. O sea que una potencial suba de aranceles en contra de la Argentina no puede afectar exportaciones por un monto equivalente al supuesto daño acumulado en estos años, sino que tiene que referirse a la situación actual de perjuicio teórico. En este punto la Argentina puede plantear una disidencia con respecto al monto asignado a la represalia. Allí se confeccionaría un nuevo arbitraje. Recién después de ese fallo los demandantes podrían aplicar las sanciones buscadas.

Todo este proceso puede durar muchos meses, según los idas y vueltas que aparezcan. Pero de cualquier modo para fin de año el gobierno nacional tendrá que tener alguna carta creíble para mostrar para pasar a la nueva ronda de discusiones en el organismo.