El ex procurador general de Estados Unidos Eric Holder regresó, después de seis años, al estudio jurídico Covington & Burling, una firma que desde 2010 presta servicios al lobby buitre. La American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de tareas financiado por Elliott Management de Paul Singer, paga 360.000 dólares anuales a ese bufete para desarrollar campañas de lobby contra el país ante el gobierno y el Congreso estadounidense. Covington & Burling forma parte del selecto grupo de cinco firmas que provee soldados al lobby buitre, junto con The Raben Group, DCI Group, S-3 Group y Mack Strategies. Como funcionario, Holder fue el jefe de los abogados que firmaron los amicus curiae, las presentaciones judiciales realizadas por la administración de Barack Obama en la disputa del gobierno argentino con los fondos buitre en Nueva York, como “tercero ajeno al litigio” ofreciendo su opinión.

Después de seis años en la función pública, Holder se reincorporó al bufete contratado por los buitres para “enfocarse en investigaciones complejas y litigios, incluyendo temas de alcance internacional y que involucran aspectos regulatorios relevantes”, afirma el comunicado del estudio jurídico. El abogado se convirtió, así, en el más reciente ex funcionario en atravesar la aceitada puerta giratoria que conecta los organismos de regulación y control estadounidenses con el sector financiero.

El caso es significativo, porque Covington & Burling no sólo presta servicios a los buitres de ATFA. Entre sus clientes figuran algunos de los bancos más poderosos del mundo, como JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America. Si bien el ex titular del Departamento de Justicia se destacó en la defensa de los derechos de las minorías en Estados Unidos –por ejemplo, el matrimonio igualitario–, fue cuestionado por su tibieza a la hora de investigar y demandar a los banqueros de Wall Street responsables de maniobras financieras involucradas en el colapso financiero de 2008.

Otra experiencia reciente en la puerta giratoria fue la del ex subprocurador federal del Distrito Sur de Nueva York Richard Zabel, quien directamente se sumó al equipo legal del buitre Elliott Management.

La información recolectada por el Center for Responsive Politics evidencia que ATFA, el grupo que financia Singer, desembolsó 6,4 millones de dólares por servicios de lobby contra Argentina ante miembros del Congreso norteamericano. Esos datos no contemplan los gastos en publicidad y comunicación. El estudio Covington & Burling recibió 360 mil dólares anuales a lo largo del último lustro. Hasta ahora Holder no se involucró públicamente en los servicios de lobby buitre que prestan desde su lugar de trabajo, pero sus vínculos con esa agresiva estrategia contra Argentina son más profundos.

El director de ATFA es Robert Raben, ex fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton. Raben trabajó en esa oficina con Holder, que en esos años ocupaba el cargo de viceprocurador general. El titular del lobby buitre es la cara visible de The Raben Group, que también recibe una cuota anual de 360 mil dólares. Como titular del lobby buitre, está a cargo de “dirigir los esfuerzos de educación y promoción de la American Task Force Argentina en el Capitolio, animando al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas en nombre de los contribuyentes, empresas y tenedores de bonos estadounidenses”.

El lobbista fue designado meses atrás en el directorio de un programa de asistencia social privado impulsado por la Casa Blanca. My Brother’s Keeper Alliance, una organización del sector privado creada en 2014 con el respaldo de Obama. tiene como objetivo ampliar la inserción de los “hombres jóvenes de color” (negros, hispanos, indios americanos y nativos de Alaska, de acuerdo con las categorías utilizadas por el gobierno norteamericano) en el mercado laboral y contrarrestar la desigualdad de oportunidades.