A las 9.30 de la mañana de ayer, en una esquina de Manzanares, un barrio humilde de Pilar con calles de tierra y casas separadas por terreno despejado, María Belén Morán fue acuchillada por su ex pareja, Alberto Moreno. El femicida huyó en bicicleta cuando una amiga de ella, que pasaba a unos metros de allí, presenció el ataque y le gritó “qué hacés, hijo de puta”. Más tarde, médicos legistas comprobaron que Morán tenía “decenas de puñaladas”, pero en ese momento, su amiga, Celina, llegó a ver que sangraba mucho y tenía “sus manitos cortadas”. Morán “murió enseguida”, antes de que la ambulancia llegara y pudieran atenderla los médicos. En la cartera llevaba una orden judicial –fechada el 21 de julio– para que Moreno, que vivía a 150 metros de la casa que ella habitaba con su madre, no se acercara a más de 500 metros a la redonda. Un día antes de su asesinato, Morán había llamado a la policía porque Moreno la había amenazado en tres ocasiones. “Vino el patrullero y cuando lo vieron a él lo palmearon en la espalda. Le dijeron que se quedara tranquilo”, contó ayer César Gerez, padrastro de la mujer asesinada. Morán tenía 23 años y era madre de un niño de 4, cuyo padre es Moreno; anoche el femicida permanecía prófugo. “Se podía haber evitado”, dijo la madre de Morán.

La causa por el femicidio de Morán recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar, a cargo del subrogante de feria, Eduardo Rodríguez, mientras está de vacaciones su titular, la fiscal, Carolina Carballido Calatayud, conocida por sus polémicas actuaciones en casos de violencia contra las mujeres (ver aparte).

Anoche, fuentes policiales aseguraron que, por las amenazas que denunciaron Morán y su madre, los oficiales de la comisaría de Manzanares iniciaron contra Moreno una causa por “desobediencia” a la restricción de acercamiento. La madre de Belén, Marilén Eduvigis Maldonado, contó que el martes en la Comisaría de la Mujer de Pilar no le tomaron la denuncia contra Moreno por las amenazas, porque, le dijeron, ella no tenía “un parentesco” con él. “Me enojé tanto que fui a quejarme a la comisaría 1a de Pilar”, agregó Maldonado, quien agregó que fue al Juzgado de familia a retirar la notificación de la restricción perimetral para ella y también a la fiscalía donde quedó radicada otra denuncia contra Moreno “por desobediencia”.

Hace pocas semanas, Morán dejó la casa que compartía con su agresor para ir a vivir con su madre. El martes, Moreno fue tres veces a esa otra casa. Las amenazó. “El patrullero vino las tres veces pero no hizo nada. A la noche me dijo que prepare tres cajones”, uno para ella, otro para su hijo discapacitado de 10 años y el tercero para Morán. Moreno “decía que ella no iba a vivir si no estaba con él”. “Hace mucho tiempo que él la maltrataba en la casa, en la calle, en cualquier lado” y esta era “la tercera vez” en que la Justicia concedía la prohibición de acercamiento, aunque Moreno “nunca las cumplió”.

Fuentes judiciales aseguraron que en la UFI de Carballido Calatayud constan varias denuncias de Morán contra Moreno, pero que el 7 de julio la mujer asesinada intentó dejarlas sin efecto. “Se le explicó que no se podían levantar las denuncias pero se dejó una constancia de que ella quería reiniciar la relación y volver a convivir con su pareja”, señalaron. Sin embargo, el 20 de julio Morán volvió a la comisaría para radicar otra denuncia contra su ex; al día siguiente, le fue concedida la orden de restricción.

El 21 de julio, la justicia prohibió a Moreno acercarse a Morán y su madre “por el plazo de treinta días”. Morán llevaba una copia de la notificación en la cartera cuando fue asesinada; ese papel es ahora prueba de la causa por el femicidio. Este diario tuvo acceso a la otra notificación, la destinada a proteger a su madre. En ella, la titular del Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, Raquel Conte, resolvió “decretar la prohibición de acercamiento (...) fijando a tal efecto un perímetro de restricción para circular o permanecer dentro de un radio de 500 metros a la redonda del domicilio” de Maldonado, donde Morán vivía con sus hijos; tampoco podía acercarse a “su lugar de trabajo y de esparcimiento”. La jueza también ordenó “intimar al denunciado a cesar y/o abstenerce (sic) de la realización de todo acto de intimidación y/o perturbación, sea de carácter físico, psicológico o emocional respecto de la víctima, como así también de todo tipo de amenaza, ya sea verbal, telefónica, vía mensaje de texto o cualquier otro modo de comunicación”. Pero Morán nunca contó con una custodia, o algún dispositivo adecuado de protección, por el cual la justicia o las fuerzas de seguridad se cercioraran del cumplimiento de la orden.

La orden de la jueza aseguraba, además: “Las medidas dispuestas precedentemente lo son bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de dar intervención a la justicia penal, de comunicar los hechos de violencia concretados al organismo, institución, sindicatos, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor, de obligarlo a asistir a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas, o de ordenar la realización de trabajos comunitarios”.

En diálogo con este diario, la abogada Sandra Cartabia, de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, señaló que “la primera falla es la respuesta estandarizada del primer tribunal, el de Familia que dicta la restricción de acercamiento”. “El modo en que fue dictada la orden demuestra que no hay seguimiento ni aplicación de medidas, y tampoco una aplicación de la ley centrada en la situación de las personas, sino una aplicación estandarizada. Eso quiere decir que no se ajusta al caso. La jueza estableció un perímetro de 500 metros, sin tener en cuenta que el agresor vivía a 150 metros de la casa en la que vivía ella”, señaló.

Por otro lado, observó Cartabia, no hubo un mecanismo institucional del Estado que se activara ante la violación de la prohibición de acercamiento. “Moreno estuvo amenazándola, yendo a buscarla. Belén y la madre volvieron a pedir auxilio, la policía fue pero no pasó nada, los vecinos lo vieron. Cuando se viola la orden de no acercarse, el caso sale del derecho civil y pasa al derecho penal. En otras situaciones, es diferente: si te encuentran intentando robar un celular, no hay dudas de lo que van a hacer. Sí reconocen como cuestión policial el robo de propiedad privada, pero ven la violencia de género como algo del ámbito privado. En lugar de disponer de medidas de prevención o neutralización del conflicto, charlan con el violento”, señaló la abogada. La profesional agregó que estos casos “generan la sensación de que no hay manera de combatir la violencia de género, que no importan las medidas, las denuncias, que los violentos son kamikazes sin freno inhibitorio. Pero en realidad lo que sucede es que las estructuras no dan respuestas acordes”.

La zona donde Moreno, prófugo, cometió el femicidio. Tenía prohibido estar a menos de 500 metros de Morán, pero vivía a 150. Abajo, la orden de restricción.