El debate de los nueve principios votados en la Asamblea de las Naciones Unidas, como mecanismo de defensa de los países soberanos en situación de reestructuración de deuda, dejó a la vista situaciones que hoy atraviesan la disputa por el futuro del sistema financiero mundial. Una de ellas es la férrea oposición de los países que contienen los mayores centros financieros mundiales (Londres y Nueva York), a cualquier forma de regulación al sistema y a sus principales actores. El voto de Estados Unidos y Gran Bretaña en contra de imponerle condiciones o limitar el accionar de los fondos buitre tiene su correlato en la actitud, como mínimo, “permisiva” que estos mismos países tienen frente a conductas ilegales probadas de algunos de los principales bancos globales. Estas entidades utilizan esos mismos centros financieros para operar desde allí y coordinar la circulación de los capitales que fugan hacia paraísos o “guaridas”, con el fin de evasión y ocultamiento. En esos destinos son resguardados, ocultados y multiplicados a través de los servicios que ofrece esa misma banca global. Otros dos países que incluyen centros financieros de importancia, ligados a los anteriores (Frankfurt y Tokio), también votaron en contra de la propuesta contra los buitres que Argentina llevó a la ONU: ellos son Alemania y Japón. Canadá e Israel, por distintas razones, tienen fuertes nexos y compromisos con el poder financiero estadounidense. Es decir que los seis votos en contra de la propuesta que llevó Argentina a la ONU se podrían explicar por los intereses en juego en esta disputa en el sistema financiero mundial por ponerle reglas a una operatoria ya estructuralmente delictiva.

Entre el 3 y el 5 del corriente mes se realizó en Ankara (Turquía), un encuentro de especialistas de diferentes países para debatir sobre la situación financiera mundial. Fue en paralelo a la reunión de ministros de economía del grupo de los 20, que tenía lugar en la misma ciudad. Allí, dos investigadores del Cefid.Ar, Jorge Gaggero y Magdalena Belén Rúa, presentaron un trabajo en el que analizan el rol de los bancos globales en la evasión fiscal, fuga de capitales y lavado de dinero. Así como está el caso del HSBC, que tomó relevancia internacional a partir de la denuncia formulada por un ex ingeniero en informática del banco, y por involucrar a 130 mil clientes y a 203 países, el estudio señala la existencia de muchos otros bancos internacionales involucrados en los mismos delitos, evidenciando “un comportamiento sistemático y generalizado de gran parte de esas entidades financieras, a gran escala, con el objeto de ocultar la riqueza privada de sus clientes de todo el mundo”.

El otro aspecto que destaca la investigación es la actitud de los diferentes países, particularmente los más poderosos, ante este comportamiento de los grandes bancos. Y aquí es donde surge la vinculación con el voto de esos mismos países en contra de regular la participación de los fondos buitre en las reestructuraciones de deudas soberanas. “Los países anglosajones que resultan sede de los mayores centros financieros globales (Londres y Nueva York) y también centro de los más importantes hubs (núcleos de comunicación) globales de guaridas fiscales, parecen resultar –a la vez– los que registran los impactos económico-financieros más importantes de las maniobras en análisis y los que muestran la más “permisiva” reacción de sus sistemas legales ante las mismas”, refiere el trabajo señalado. En efecto, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña han demostrado voluntad por combatir estos delitos o revisar las normas regulatorias para impedirlos.

En el caso de la potencia norteamericana, señala el trabajo, “las sanciones se han limitado a multas que parecieran contundentes (en sus cifras) sólo si no se las compara con los beneficios que los bancos sancionados han obtenido como consecuencia de la violación de las leyes; cuando se lo hace, estas multas se revelan como gangas”. Por otra parte, recuerda que la aceptación de las multas en las causas judiciales de Estado Unidos, suelen “formar parte de acuerdos por los cuales los directivos directamente implicados, y pasibles de la aplicación de prisión efectiva, no resultan encausados”. En cuanto al Reino Unido, el estudio cita el antecedente reciente del resonante caso del HSBC, y señala que “hasta el momento, la anomia que muestra al respecto la autoridad tributaria parece resultar consistente con la casi total parálisis de su sistema judicial”.

La caracterización hecha más arriba sobre Londres y Nueva York, como “importantes hubs de guaridas fiscales” en la operación de los bancos globales, se explica por la presencia masiva de esas entidades en casi todos los países del planeta (a través de filiales o simples oficinas intermediarias), para captar clientes, y la coordinación que se ofrece desde aquellas ciudades para asegurarse a los recursos un destino lejos de la vista del fisco.

El servicio de private banking (se traduciría como banca secreta, ya que se refiere al concepto de privacidad), que prestan todos los bancos globales, consiste en ofrecerle al cliente (en general, dueño de una gran fortuna) la posibilidad de transferir sus activos líquidos no declarados al exterior, bien resguardados y con chance de multiplicarse mediante inversiones por vía de sociedades ad hoc, hedge funds, fondos mutuos u otras modalidades que se brindan en el menú. Además, la entidad ofrece a esos clientes exclusivos, el asesoramiento en fusiones o adquisiciones de empresas, y hasta en la planificación de sucesiones.

Este servicio, que los grandes bancos ofrecen a lo largo y lo ancho del mundo, está coordinado desde grandes centros financieros como Londres, Nueva York, Frankfurt o Tokio. Estimaciones privadas indican que el 38 por ciento de las grandes fortunas del mundo colocada offshore, se ubica en paraísos o guaridas dependientes de la city londinense: en la propia capital británica, en alguna de las pequeñas islas del Canal de la Mancha (Jersey y Guernesey), en Dublín (Irlanda), Hong Kong o Singapur, que son los más importantes destinos financieros bajo su jurisdicción. Las estimaciones de la riqueza privada offshore varía, según distintos análisis, entre los 12 y los 32 billones (millones de millones) de dólares. Estados Unidos concentra otra parte del control del circuito ilegal de dinero, quizás unos puntos por debajo de la porción que se le atribuye a Gran Bretaña. Los paraísos fiscales de Delaware (en su propio territorio), Panamá y varias islas del Caribe, son los principales centros de alojamiento, bajo control estadounidense, para el dinero fugado.

La posibilidad de que los principales bancos del mundo desarrollaran una plataforma de servicios, ya “institucionalizada”, para ofrecer servicios ilegales se creó bajo las condiciones de la desregulación del mercado financiero de los ‘80 y los ‘90. A esta última década corresponde también el proceso de conversión de las deudas soberanas en títulos públicos transferibles, que puso en marcha el Plan Brady, el primer gran canje o refinanciación de deudas tras las crisis latinoamericanas. A partir de allí, los “clubes de acreedores” conformados por los grandes bancos internacionales dejaron de existir y el acreedor perdió su rostro, su identidad. De la mano de este anonimato, se abrió la grieta por la que entraron los fondos buitre, como forma de lucrar frente a casos de default soberanos.

Así, el private banking de la gran banca global y los fondos buitre son hijos del mismo proceso de desregulación financiera. La crisis de 2008, por abuso de procedimientos de especulación estructural (las hipotecas “subprime”), también. Ninguno de estos fenómenos es “un efecto no deseado” del sistema, sino su consecuencia lógica. Cada vez son más los países que rechazan este funcionamiento del sistema financiero, ya sea porque son su víctima, o porque advierten que podrán serlo. El núcleo que resiste el embate de quienes quieren ponerle límite es pequeño, pero reúne a socios muy poderosos. En estos países, desde hace ya varios años el poder financiero es parte del poder político, y hasta se confunde con él (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania). Las seis manos alzadas en contra de los nueve principios en la votación de la ONU no fue más que otra manifestación de la resistencia de esos poderosos a aceptar cambios sobre el sistema que controlan.