El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) otorgará una prestación extraordinaria para todos los peones rurales que hayan sido víctima de trata laboral o alguna otra forma de explotación. La asignación, equivalente al seguro por desempleo (960 pesos), será entregada por un plazo de seis meses, con la posibilidad de ser extendido por otro período similar, y no es incompatible con ninguna otra asignación que ya reciban. A su vez, aquellas personas que decidan capacitarse recibirán otro ingreso extra de 500 pesos. La decisión quedó instituida por la resolución 526/2015 del Renatea. En lo que va del año, ya fueron rescatadas 100 potenciales víctimas de trata, que se suman a las 749 personas rescatadas el año pasado. La presentación de esta asignación se realizó ayer en el Congreso de la Nación, con la presencia del titular del Renatea, Guillermo Martini, el fiscal a cargo de la Procuraduría contra la trata (Protex), Marcelo Colombo y el Consejero para América latina del Buró Católico para la Infancia, Norberto Liwski.

En los pasillos del anexo de la Cámara baja quedó inaugurada una muestra de fotos en la que se incluyeron varias tapas de Página/12 sobre algunos de los casos más resonantes denunciados en la justicia, como el del ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, denunciado por trata laboral en Posadas, o la situación de los hermanos Cornejo, dos peones que vivieron 38 años en un campo de la familia de Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural.

“Desde el Estado nacional existe una política muy clara vinculada a la inclusión y contención de los trabajadores agrarios. El objetivo de este nuevo paquete de prestaciones es ofrecer una contención integral desde el Estado a los que fueron víctimas del delito de trata o de alguna forma de explotación laboral”, sostuvo Martini durante la presentación.

El Renatea se creó por ley en diciembre de 2011. Una año después, luego de la modificación a la ley de prevención y sanción de la trata de personas, el organismo comenzó a trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal en la coordinación de las inspecciones para detectar en el territorio los posibles casos de trata laboral. Así fue como en 2014 el Renatea denunció 749 posibles casos. De ese total, el 34,0 por ciento fue localizado en la provincia de Buenos Aires, seguido por Corrientes (32,0), Entre Ríos (16,0) y Misiones (6,0). En lo que va de este año, las víctimas denunciadas ascienden a 100, la mayoría ubicadas en Catamarca (32,0), Río Negro (20,0) y Buenos Aires (18,0).

“Cuando se habla de explotación laboral, reducción a la servidumbre o trata laboral no hay que pensar en personas sujetadas a cadenas dentro de un espacio cerrado. Los jueces y fiscales deben entender la complejidad de este fenómeno y las distintas formas en las que se da la explotación en la actualidad”, sostuvo Colombo. En este sentido, la Protex elaboró un coeficiente de abuso para determinar el grado de explotación en función de las horas trabajadas y la remuneración recibida. Luego se tienen en cuenta cada uno de los convenios colectivos de trabajo y el nivel de cumplimiento de ellos.

La ley del peón rural establece claramente las obligaciones de los empleadores vinculadas a las condiciones de vida de los trabajadores, en aspectos vinculados a higiene, agua potable, vivienda y alimentación. Si bien estas obligaciones forman parte de una ley laboral, su incumplimiento sistemático puede ser considerado un dato fundamental a la hora de determinar si se está frente a un caso de trata.

Para Colombo, otro de los desafíos –tanto para jueces como fiscales– radica en la posibilidad de encontrar los responsables mayores de los casos de trata, los empresarios que obtienen un rédito económico a partir de la explotación laboral. “Hay que ir por quienes se benefician de una situación de vulneración, los que lucran con ella, es decir los titulares de los campos en donde se explota a trabajadores rurales”, sostuvo el titular de la Protex. El anuncio de la prestación extraordinaria se realizó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas instituido el 23 de septiembre.