El proceso de justicia por crímenes del terrorismo de Estado en Argentina es un ejemplo en el mundo entero. Sin embargo, en esta transición política, su legitimidad intenta ser horadada desde distintas usinas que buscan “relativizar la magnitud de los crímenes”, “cuestionar los juicios” y mostrar “a los perpetradores como víctimas de un poder arbitrario”. Así define estas intervenciones un pronunciamiento muy crítico firmado en clave de manifiesto por más de 300 académicos, investigadores de la historia reciente Argentina que desarrollan su trabajo desde hace años en universidades de todo el país y del extranjero. Bajo el título “La democracia se construye con verdad y con justicia”, el documento muestra preocupación por las recientes intervenciones de editoriales del diario La Nación y mesas de la Universidad Católica Argentina y de San Andrés. El texto subraya que “las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional”. Y señala una preocupación más profunda que encierra, como señaló la historiadora Marina Franco recientemente, “la posibilidad más vasta de que se modifiquen los consensos sociales en cuanto a la condena de la violencia de Estado”.

“En nuestra condición de investigadores de la historia reciente de la Argentina, que desarrollamos nuestra labor en el Conicet y en diversas universidades nacionales y extranjeras, queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de intervenciones producidas en diversas ámbitos académicos –la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés– y la prensa gráfica –el diario La Nación– que relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario. En paralelo, han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora”.

El documento está firmado por especialistas, muchos con muchísimos años de trayectoria, que hace años investigan la dictadura y sus efectos. Entre otros, firman Elizabeth Jelin, de Ides-Conicet; Dora Barrancos, UBA Conicet; Emilio Crenzel, Conicet UBA; Ernesto Bohoslavsky, Conicet UNGS; Gabriela Aguila, Conicet-UNR; Luciano Alonso, CesilUNL; Ana Barletta, Idihcs/UNLP; Vera Carnovale, Conicet-CeDinCI/Unsam; Jorge Cernadas UBA-UNGS; Roberto Pittaluga, UBA/UNLPam; Marina Franco, Conicet-Unsam; Patricia Funes, Conicet-UBA; Santiago Garaño, Conicet –UBA– Untref, y Alejandra Oberti, UBA. También Sofía Tiscornia, UBA-CELS; Ludmila Catela, del Archivo provincia por la Memoria de Córdoba. Carlos Sico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro; Julio Pintos, de Chile; Nora Rabotnicof, de la UNAM de México, y Estela Schindel, de la Universidad de Constanza de Alemania.

El texto comenzó a ser escrito por un grupo de ellos, a la luz de las críticas al proceso de justicia reciente que parecen acentuarse a medida que se acercan las elecciones. Los intentos de revisar las políticas de juzgamiento fueron leídos desde el principio como una “operación de cierre sobre la revisión del pasado” y activó debates y la escritura de un texto nutrido por investigadores que provienen de distintas tradiciones políticas. El resultado es este documento, que se desmarca de la lógica K o anti K, para pensar el proceso de justicia como resultado de un camino de años, con contribuciones del movimiento de derechos humanos y de los “distintos gobiernos constitucionales”. En ese contexto, los postulados tienden puentes entre la Conadep, el Juicio a las Juntas y los nuevos procesos de justicia como un hilo que nutre el presente en términos de construcción de sentido y consensos sobre el pasado, pero también sobre las agendas a futuro.

“Consideramos que en la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos y de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar que procuró eliminar la disidencia política con el orden social establecido. Pensamos que las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional. La Conadep constituyó la primera comisión de la verdad exitosa a escala global, el Juicio a las Juntas estableció la existencia de un plan represivo, sistemático e ilegal, restauró la dignidad de las víctimas al reconocer su condición de sujeto de derecho y repuso a escala internacional a la justicia penal como herramienta para procesar las violaciones a los derechos humanos; se otorgaron reparaciones económicas y simbólicas, diversos lugares emblemáticos de la represión fueron instituidos como sitios de memoria y este pasado forma parte del currículo educativo.”

En ese marco, dicen, “se inscriben los juicios actuales en los que algunos de nosotros hemos intervenido en calidad de peritos, testigos o mediante otras maneras a requerimiento del Poder Judicial. Los juicios en curso, en los cuales los acusados gozan de todas las garantías legales, comenzaron a poner las garantías legales, comenzaron a poner fin a una situación de impunidad contraria al derecho nacional e internacional y reconocieron nuevamente la dignidad de los afectados. Su efecto no ha sido sólo punitivo. Pusieron en evidencia la materialidad de la represión en provincias que se imaginaban al margen de los crímenes de Estado, iluminaron complicidades corporativas e identificaron la sistematicidad de las violencias sexuales padecidas por las/os cautivas/os en los centros clandestinos. En síntesis, consideramos que los juicios forman parte de un conjunto de políticas públicas que deben y merecen ser continuadas”.

Como investigadores de la historia reciente, también explican, “sabemos que la elaboración de la verdad no se agota en la que producen los tribunales. Asimismo, entendemos que corresponde que la voluntad y la acción del Estado en esta materia se mantengan al margen de todo uso partidario, sectario o clientelar”. El acceso a los archivos públicos de la represión, critican, “reconocido en las disposiciones que los constituyeron, no puede ser arbitrario o discrecional. La configuración de los sitios de memoria, su uso, y los relatos que guían a sus visitantes deben comprometer amplios procesos de deliberación colectiva y excluir toda banalización o faccionalismo para así evitar que la elaboración de la historia y el ejercicio de la memoria queden presas de tutelas o monopolios”.

Estas ideas, finalmente agregan, “forman parte de nuestro compromiso como investigadores de la historia reciente del país pero, también, como ciudadanos que entendemos que el conocimiento de la historia argentina reciente continúa siendo una empresa necesaria para iluminar este pasado que, por sus cualidades, nos sigue interpelando como sociedad y porque comprendemos que, en ello, se expresa nuestra voluntad para con la vigencia presente y futura de los derechos humanos”.

Ayer por la mañana el texto sumaba 330 firmas. A la tarde eran 380. A los académicos comenzaron a sumarse voces del campo de los derechos humanos.