El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el director de la Anses, Diego Bossio, defendieron ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el proyecto de protección de la participación estatal en empresas privadas. La iniciativa, que impulsa el Ejecutivo y tiene media sanción del Senado, busca prohibir la venta de las acciones del Estado en las empresas sin la aprobación de dos tercios del Congreso. “El objetivo es generar un anticuerpo a la intención de privatizar las acciones de todos los argentinos”, afirmó el ministro ante los representantes de la Cámara baja. Por su parte, Bo- ssio recordó que el Estado participa en 27 directorios de empresas. “No son participaciones despreciables. A veces el Estado termina como el segundo grupo accionista en estas empresas”, dijo el titular de la Anses.

La medida comenzará a ser discutida en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, que pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy a las 11, cuando el plenario debería pronunciarse sobre el proyecto, previo al inicio del debate de Presupuesto. El Senado aprobó la semana pasada la iniciativa que establece que las acciones de empresas privadas en manos del Estados son de “interés público”, y que incluye la creación de una Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), con 39 votos a favor del oficialismo y sus aliados y 22 en contra (UCR, PRO y Peronismo Federal principalmente y otros bloques de la oposición).

En una extensa exposición, Kicillof explicó que “la venta o ena- jenación de estas acciones con sus derechos económicos y políticos, aun cuando sean minoritarias, significa lisa y llanamente una privatización”. “Para privatizar estas empresas hay que reunir consenso en el Parlamento, y esto no se puede hacer irresponsablemente, como si fuera simplemente una decisión de cartera, cuando en realidad se trata de decidir la enajenación del patrimonio del Estado”, señaló. “Al redactar el proyecto se puso mucho énfasis en los criterios para la venta de participaciones del Estado, pero el voto de los tercios es un elemento esencial de cara al futuro”, dijo el funcionario.

Kicillof remarcó que “no vendió ni una sola acción desde que llegaron de las AFJP”. “Las tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías. Si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando esa parte de la compañía que hoy es pública”, afirmó el ministro. Especificó que los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo pagado por el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía continuarán siendo donados. “No fue una decisión de este gobierno comprar acciones de empresas privadas, sino que fue producto del fin del régimen de capitalización de los 90 del que formaron parte de las AFJP, y que implicó una ruptura radical con lo que había sido el régimen solidario de jubilaciones”, concluyó.

La medida establece la creación de la Anpee, ente que tendrá a su cargo ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Será integrada por un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de la Cámara de Diputados y ocho del Senado.