El empresariado de mayor poder económico y político se manifestó en contra de la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la dictadura. A las críticas de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) ayer se sumó la Asociación Empresaria Argentina, dominada por el Grupo Clarín y Techint. “Cualquier investigación debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden. Todo ilícito que se cometa en cualquier ámbito debe ser penalizado mediante el debido proceso por el Poder Judicial”, indicó la entidad en un comunicado. Se diferenciaron entidades que representan a las pymes, que respaldaron la iniciativa oficial.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó por 170 votos a favor y ninguno en contra el proyecto de ley que crea la comisión investigadora de las complicidades civiles en el ámbito empresarial durante la dictadura. La propuesta del diputado del FpV Héctor Recalde sólo recibió la abstención del bloque de legisladores del PRO y sus aliados. Ahora el Senado deberá tratar el proyecto, y los empresarios sentaron posición.

De entrada, la UIA planteó la supuesta contradicción entre la investigación judicial y la comisión bicameral. “El derecho a la defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, el único con facultades constitucionales para administrar justicia”. El proyecto de ley indica que “la comisión no tiene por objetivo juzgar a los implicados sino describir los aspectos más salientes y las consecuencias de la política económica de la dictadura e identificar a los actores que contribuyeron o se beneficiaron aportando apoyo técnico, político y logístico”. “Si se advirtiera la comisión de delitos, se podrán formular las denuncias ante la Justicia”, aclaró Recalde.

En particular, el presidente de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, dijo que “no nos oponemos de ninguna manera a que se investigue, pero para eso está la Justicia. Si hay un delito potencial tiene que ir por esa vía, pero no estigmatizar a todo un sector entero de la sociedad, en un tema tan sensible y horrendo como el período de la dictadura”. Una posición distinta adoptó José Ignacio de Mendiguren, actual vocal de la entidad y diputado por el Frente Renovador, quien votó a favor del proyecto.

Ayer se sumó la Asociación Empresaria Argentina (AEA) a la postura de los popes industriales. “El proyecto es particularmente inoportuno en un momento en que debe fomentarse la concordia entre todos los argentinos. Todo ilícito que se cometa debe ser penalizado mediante el debido proceso judicial”, consideró la entidad que reúne a las empresas que mayor nivel de facturación tienen en el país. “La postura es insólita. En la votación fueron 170 a 0 y hubo solamente 14 abstenciones del PRO, o sea que nadie salió a plantear el rechazo de la ley”, respondió Recalde.

Carlos De la Vega, titular de la Cámara de Comercio dijo que “existe el riesgo de que más que investigar se pretenda perseguir a los empresarios”. En cambio, desde la Cgera, que representa al sector pyme, ofrecieron una posición opuesta. “No lo puedo entender, que una institución se oponga a que se realice una investigación sobre algún delito. El absurdo es que estarán pensando que es un ataque directo hacia ellos y la verdad es que eso daría que pensar. Lo que sabemos es que en la dictadura hubo acciones que han cambiado la matriz económica del país, además de los 30 mil desaparecidos”, señaló Raúl Zylbersztein, secretario general de la entidad. En la misma línea, Osvaldo Rial, titular de la Uipba, calificó de “correcta” la medida y aclaró que “la comisión no juzga”.