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En tanto el diputado socialista Héctor Polino sostuvo que debe ser el Congreso quien decida si el servicio postal nacional debe ser reprivatizado o quedar en manos del Estado, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ratificó que la reestatización del Correo “no es una tentación” para el Gobierno. “El Poder Ejecutivo debe dejar que el Congreso resuelva esta cuestión, tal cual lo establece el artículo 75, inciso 14”, reclamó Polino, quien recordó “la atribución indelegable del Parlamento de arreglar y establecer los correos generales de la Nación”. Por su parte, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois, que tiene a su cargo el concurso de Correo Argentino SA, advirtió que la reestatización del servicio postal podría “hacer perder instrumentalidad” al proceso e intimó a la empresa y a los acreedores a pronunciarse sobre cómo debe seguir la causa.
El Gobierno completó ayer la integración de la Unidad Administrativa creada para hacerse cargo de la gestión del correo oficial y del proceso de relicitación del servicio en un plazo de 180 días, luego de haber rescindido el contrato de concesión con el consorcio encabezado por el Grupo Macri. Dicha Unidad Administrativa –de tres miembros– es presidida por el todavía diputado nacional justicialista Eduardo Di Cola, y ahora se designó vicepresidentes primero y segundo a Néstor Osvaldo Peña y Carlos Alberto Rossi, respectivamente.
El jefe de ministros puso de relieve que, si el Gobierno pretendiera reestatizar las empresas privatizadas, “esto se resuelve de un modo más simple: se cambian las reglas, se terminan las concesiones y el Estado reasume por definición política la gestión de los servicios”. “Pero no es ésta la política del Estado en lo más mínimo”, aseguró el funcionario, quien explicó que la del Correo “es una situación de excepción de alguien que ha asumido una serie de compromisos y no ha cumplido ninguna”.
No obstante, subrayó que “para el Gobierno es muy ingrato tomar una decisión como la que se tomó con el Correo” y aseguró que “mucho mejor sería no haberla tomado porque el Correo estuviera funcionando y el concesionario hubiera cumplido con sus obligaciones”.
Un punto de vista distinto fue planteado por el diputado Polino, quien sostuvo que la explotación del Correo debe quedar en manos del Estado, tal como sucede en la mayoría de los países del mundo. “Sobre todo en un país como Argentina, que tiene una enorme extensión territorial y una baja densidad poblacional, que debe garantizar un servicio básico universal y operar en zonas donde el mismo resulta antieconómico”, destacó. El legislador socialista remarcó que, además de prestar el servicio básico universal a todo el país, enviar cartas, telegramas y realizar transferencias de dinero, el Correo debe distribuir cartas documento, certificando la autenticidad de éstas, emitir estampillas y efectuar el traslado de urnas en comicios electorales y transportar encomiendas. “Tareas estas que por razones de seguridad deben estar en manos del Estado”, advirtió el diputado.
En el pronunciamiento conocido ayer, en el que intimó a Correo Argentino SA y a sus acreedores a tomar posición sobre la situación, el magistrado Favier Dubois señaló que la revocación del contrato no significa una causal de quiebra, pero “podría hacer perder instrumentalidad al presente procedimiento preventivo, cuyo objeto no es otro que un eventual acuerdo entre la deudora y sus acreedores”.