Lunes, 2 de noviembre de 2015 | Hoy
ECONOMíA › OPINIóN
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *
La plataforma electoral del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, consiste en sostener los avances de estos años e ir por nuevos logros. En otras palabras, seguir transformando, seguir cambiando. Se trata no sólo de mantener el recuperado rol del Estado, como productor directo de bienes y servicios (Aysa, ferrocarriles, correo, Aerolíneas Argentinas e YPF) y su capacidad para redistribuir bienes y servicios con equidad (fondos jubilatorios, Asignación Universal por Hijo y por embarazo, Progresar, Procrear, Procreauto), sino, sobre todo, de avanzar en la construcción de un país más productivo, más justo y más igualitario.
Nos interesa especialmente analizar una propuesta clave de Scioli de devolver el IVA cobrado en compras con tarjetas de crédito realizadas por jubilados y pensionados que ganan la mínima y a beneficiarios de la Asignación Universal y otras prestaciones sociales, de forma bancarizada, sin trámites ni intermediarios. La idea implica redistribuir el ingreso en favor de cerca de un 25 por ciento de la población particularmente vulnerable. Ello surge de proyectar para una población, a 2016, de unos 44 millones de personas, a unos cuatro millones de jubilados o pensionados de Anses que cobrarían el haber mínimo, a otros cuatro millones de niños, adolescentes y embarazadas que recibirían la AUH o la Asignación por Embarazo, a un millón de adolescentes y jóvenes que percibirían el Progresar, a un millón de personas con discapacidad que habrían accedido a una Pensión no Contributiva por invalidez y a un millón de beneficiarios de otros programas sociales.
A su vez, a sabiendas de que no todo el monto percibido por estas importantes políticas sociales se destina a compras con tarjeta de débito (una parte puede destinarse a transferencias intrafamiliares, a compras en efectivo, entre otras), de productos gravados con el 21 por ciento de IVA (hay bienes y servicios exentos o con una alícuota menor, como diversos alimentos, libros, diarios y servicios de salud y educación), una estimación mesurada consiste en considerar que, en promedio, algo menos de la mitad del monto percibido se destinaría a compras con tarjeta de débito y alícuota plena. Ello implicaría que, por cada 100 pesos que se cobra de prestación, se recupera, en concepto de devolución del IVA, unos 10 pesos.
Dado que el monto imputable a las prestaciones cuyos destinatarios se incluirían en dicha devolución es, en el Presupuesto Nacional de 2016, del orden de los 462.000 millones, el alcance de la ayuda brindada al cuarto más vulnerable de nuestros compatriotas sería de unos 46.200 millones de pesos, equivalentes a unos 350 mensuales, por persona. Esto implicaría un esfuerzo fiscal de 0,7 por ciento del PBI estimado para 2016.
El impacto social y económico (en términos de una mayor demanda que motorice la producción nacional) resultaría así de una escala muy importante. Y a ello se suma el compromiso del candidato oficialista de elevar el mínimo no imponible de ingresos laborales –cuarta categoría–, del Impuesto a las Ganancias, a 30.000 pesos por mes, con un efecto positivo inmediato e importante sobre casi medio millón de trabajadores que forman parte de los asalariados de mayores ingresos, lo que permitiría otorgarle de manera directa un incremento de recursos a la clase media. Quedará para el futuro, esperemos que cercano, en que se pueda consolidar un pacto fiscal que eche luz al fundamento del Impuesto a las Ganancias que permita zanjar las incongruencias existentes entre ganancias y salarios o directamente ingresos a secas.
En el campo fiscal, las propuestas de Scioli se contraponen con las de Macri, que promete desfinanciar al Estado eliminando las retenciones a la soja y abonar a los fondos buitre “lo que diga el juez Griesa” a costa de menos recursos para satisfacer las demandas y necesidades ciudadanas. Está claro que de triunfar estas propuestas nos llevarán nuevamente al camino del endeudamiento que favorece al que presta y no al que toma el crédito, vigente en nuestro país durante casi dos siglos, y que, el gobierno nacional, con gran esfuerzo de todos los argentinos, logró revertir.
Además, resulta más creíble que quien ha formado parte, desde sus inicios, del proyecto político que gobierna el país mantenga los importantes logros alcanzados antes de que lo haga quien se ha opuesto sistemáticamente a un papel activo del Estado. De las políticas fiscales esbozadas para el futuro por ambos candidatos, se desprende que solamente votar por Daniel Scioli implica hacerlo por más para los que menos tienen, en vez de hacerlo por una propuesta que amplíe privilegios y recorte derechos, además del peligro de retornar a la política del endeudamiento insustentable.
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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