Los inquilinos organizados llegaron a una conclusión que los preocupa en estos tiempos electorales. Según Gervasio Muñoz, referente del sector, “en la agenda política se discute el tema de la vivienda, pero no el de los alquileres. Se habla de urbanización, loteos, el Plan Procrear, pero no de nosotros”. Las nueve asociaciones que integran el Frente Nacional de Inquilinos (FIN), con representación en ocho provincias, difundieron un comunicado donde pusieron como ejemplo a lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Definieron como una “estafa” al plan Alquilar se Puede que presentó el gobierno de Mauricio Macri en marzo pasado –mediante créditos del Banco Ciudad– porque gastó “80 millones de pesos en publicidad y solo 10 familias, de las 15 mil inscriptas, accedieron al plan”. Además, aportaron otros datos, como que en la provincia de Neuquén “se pagan los alquileres más altos del país”.

Para Muñoz, quien representa a Inquilinos Agrupados de la Capital Federal, “el mercado inmobiliario es nuestro enemigo. En la ciudad no faltan viviendas para alquilar, ya que hay una y media por cada habitante. Además, IRSA construyó en altura la mitad de la superficie de la ciudad. Es un dato del CELS”. En ese contexto, el Banco Ciudad lanzó el plan Alquilar se puede que, para el FIN, “fue una estafa, una mentira”. “Hubo mucha gente que se inscribió y nos vino a ver. Cuatro meses se tarda para completar el trámite y hay que encontrar una inmobiliaria o un particular que acepte la garantía del banco. Ninguno la acepta”, señaló el dirigente de los inquilinos.

Página/12 se comunicó con el área de prensa del Banco Ciudad que preside Rogelio Frigerio para comparar su información con los datos que maneja el Frente de Inquilinos Nacional. La respuesta nunca llegó. En Buenos Aires, según datos del último censo nacional, sobre una población de 2,9 millones de habitantes, el 33 por ciento son inquilinos. Esa cifra aumentó desde el 22,1 por ciento que había en 2001. Las estadísticas que maneja el FIN indican que, desde 2005, el precio de los alquileres aumentó el 413 por ciento en el distrito. De estos últimos diez años, ocho lleva gobernando el PRO. En la ciudad, hoy existen “300 mil viviendas vacías”, informó Muñoz.

El frente Cambiemos se sitúa en la campaña electoral como si esos datos duros no tuvieran relación con su candidato a presidente. El 6 de octubre, Macri y su equipo económico, presentaron sus propuestas habitacionales. Según escribió en su muro de Facebook el propio Frigerio, “nuestro plan en materia de vivienda gira sobre cuatro ejes: urbanizar villas y construir viviendas sociales; entregar 750 mil escrituras para quienes no tienen el título de sus casas; otorgar un millón de créditos hipotecarios con cuotas similares a las de un alquiler, y dotar con servicios a cada vivienda”. Como sostiene Muñoz, los inquilinos están invisibilizados. Y los créditos del Plan Alquilar se Puede –subraya– “apenas alcanzaron a diez familias beneficiarias”.

El FIN tomó posición ante el ballottage y la difundió en el comunicado: “Las organizaciones que representamos a los inquilinos llamamos a la reflexión, y pedimos que no se dejen engañar por promesas de campaña. La eficacia del Procrear y la ley de regulación dominial no habrían sido posibles sin la voluntad del gobierno nacional. No le demos el voto a un proyecto que amenaza seriamente los derechos de todos los inquilinos del país. No retrocedamos. No nos demos por vencidos. Aún falta mucho por hacer. ¡Vamos por una ley nacional de alquileres!”.

Las nueve organizaciones que denuncian la política del gobierno porteño en materia de vivienda tienen sede en distintas provincias y ciudades: Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego (donde hay dos entidades que representan a los inquilinos), Chubut, Capital Federal, Rosario y La Plata. El predominio de entidades del sur del país se debe a que, por ejemplo, en territorio neuquino, se pagan los alquileres más altos de la Argentina. “Aumentaron un 40 por ciento este año, incluso por encima de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, las ciudades más caras para conseguir vivienda”, explicó Muñoz después de viajar a La Pampa, adonde se creó una nueva asociación de inquilinos la semana pasada.

La problemática que sufre la Capital Federal –que abarca a entre 500 mil y 750 mil personas en emergencia habitacional, según quién aporte la cifra– o una ciudad petrolera con fuerte demanda de alquileres como Neuquén, también se extiende a otras grandes urbes del país. El último censo nacional, de 2010, señaló que casi el 20 por ciento de las viviendas particulares de Rosario están vacías. Según ese relevamiento, en la tercera ciudad del país –la segunda es Córdoba– 40 mil habitantes necesitaban un hogar y había 80 mil viviendas sin gente hace cinco años.

Los inquilinos organizados calculan que hay 6 millones de personas en esa condición en toda la Argentina. Suman entre ellas a las que viven en hoteles, pensiones y villas. Para Muñoz, hay una razón que explica la crisis de la vivienda y no es el cepo al dólar: “Las constructoras hacen todo. Dan la financiación, crean fideicomisos, tienen sus propias desarrolladoras y encima, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno dejó en manos del mercado la política habitacional. A las inmobiliarias más chicas sólo les dejaron los alquileres”.

Una familia tipo, según el Frente de Inquilinos Nacional, debe disponer cerca de 25 mil pesos para acceder al alquiler de un departamento. Los conceptos que se le pueden cobrar van desde el mes de adelanto, a los dos de comisión que les piden las inmobiliarias, más el mes de depósito y los gastos administrativos. “Los precios de las viviendas no subieron tanto y un alquiler puede llegar a representar entre el 50 y 60 por ciento de los salarios”, dijo Muñoz. La ley establece que las inmobiliarias deberían percibir no más del 4,15 por ciento del contrato como comisión.

En el caso del plan que otorga el Banco Ciudad, se salda en 24 cuotas –lo que dura el contrato de alquiler–, hay que abonar una tasa de interés del 19,5 anual, se pagan todos los gastos de la operación y si el inquilino entra en mora dos meses, se le inicia un proceso de desalojo. “El inquilino se endeuda y esos fondos que recibe del banco van a parar al mercado”, concluyó el referente del FIN.

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