La liberalización del mercado cambiario comprometida por Mauricio Macri para el primer día de su gobierno bajo la fórmula “levantar el cepo” no implica solamente eliminar las restricciones a la compra de divisas para atesoramiento. Como aseguraron los voceros autorizados del espacio Cambiemos, esa medida será acompañada por el desmantelamiento del sistema de declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). Presentada bajo el atractivo slogan de “no cerrar el país”, la apertura comercial constituye un pilar fundamental para amortiguar en el tiempo el impacto inflacionario de una devaluación con consecuencias sobre el mercado de trabajo. El poder de la desregulación del comercio exterior para disciplinar precios es contundente y operó a lo largo de la historia argentina por dos vías: la posibilidad de adquirir productos “baratos” en el exterior como China o Brasil y el desempleo con precarización laboral. Una evaluación realizada con los datos de los ministerios de Economía y Trabajo arrojó que el esquema de administración del comercio exterior vigente protege 300 mil puestos de trabajo directos en las industrias más expuestas a la competencia internacional como la automotriz, la autopartista, el caucho, la metalmecánica, los textiles, el rubro madera y muebles, el calzado y los juguetes.

Los puestos de trabajo vulnerables a la apertura comercial representan alrededor del 20 por ciento del empleo industrial total. Pero, por el efecto recesivo expansivo sobre el resto de la economía que tiene la desregulación y la menor intervención estatal en el intercambio comercial, el impacto potencial de las medidas comprometidas por los asesores económicos de Macri elevaría hasta 500 mil los puestos de trabajo vulnerables. Si ese escenario de desindustrialización se convalida como advierte el ejercicio realizado entre los técnicos de las carteras laboral y económica, la tasa de desempleo treparía del 5,9 al 8,3 por ciento. El resultado del reemplazo de producción local por importaciones no será inmediato y tampoco contempla la capacidad de resistencia de los sindicatos.

Las autoridades de la Secretaria de Comercio aseguran que la regulación del sector externo es indispensable para cualquier proyecto de desarrollo industrial. Esa estrategia fue intensificada como respuesta al estallido de la crisis internacional y a la reducción del superávit comercial. “La administración del comercio es una herramienta que nos ha permitido llevar adelante una sustitución selectiva de importaciones con el objetivo de cuidar el trabajo argentino y, al mismo tiempo, potenciar sectores de mayor valor agregado y proyección hacia los mercados externos”, explicó la subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español.

Sin restricciones

El único vocero para temas económicos de Cambiemos que logró sortear el bozal dispuesto por ese espacio político para evitar exabruptos y confesiones innecesarias antes de la segunda vuelta electoral es Rogelio Frigerio. El presidente del Banco Ciudad despliega con habilidad un discurso sin definiciones sobre aquellos temas donde sus compañeros hablaron de más, realiza duras críticas al “gobierno populista” y hasta se da el lujo de incluir pasajes propios del libreto económico kirchnerista. Existen, de todos modos, temas donde el economista de apellido ilustre se permite algún grado mayor de contundencia. Si bien sostiene que los Estados jugaron un papel determinante al liderar todos los casos exitosos de desarrollo cuestiona “el estatismo, los controles y la intervención caprichosa del Estado”. Por eso, prometió para Argentina un Estado que no “jorobe” a las empresas. Dentro de esa lógica se insertan sus visiones referidas a la administración del comercio exterior. Ya sea en una reunión a puertas cerradas con los industriales metalúrgicos de Adimra o en un evento público con los directivos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Frigerio repite la misma fórmula: “Vamos a dejar de lado el sistema de DJAI porque un fallo de la Organización Mundial del Comercio nos obliga a hacerlo a partir del 31 de diciembre” y, sin ofrecer mayores precisiones, indica que “vamos a utilizar otras medidas inteligentes para cuidar el empleo sin cerrar el país”. Las herramientas disponibles son las licencias no automáticas, salvaguardas sectoriales, medidas antidumping y normas técnicas, distintos mecanismos utilizados desde 2009, pero el funcionario porteño elude precisar qué sectores, cómo serán resguardados, qué sucederá en aquellas actividades sin protección y cuáles son los equipos técnicos que serán utilizados para llevar adelante esa tarea.

Entre los empresarios que escucharon las explicaciones de Frigerio y conocen al resto del equipo de Cambiemos no tienen dudas de que llevará adelante la primera parte de la promesa: el desmantelamiento de las DJAI. Algunos hombres de negocios incluso celebran esa decisión que para la conducción de la Secretaría de Comercio no es inevitable y es fundamental para proteger aquellos segmentos del mercado de trabajo sensibles a la competencia (ver aparte). Sin embargo, empresarios de sectores que van desde el calzado hasta la metalmecánica presentan reparos sobre la capacidad de las propuestas de Cambiemos para garantizar no sólo los puestos de trabajo, sino la sustentabilidad de sus fábricas.

Tienen fundamentos para dudar. El tibio compromiso proteccionista del vocero de Macri para temas económicos (la otra voz autorizada que recibió instrucciones de dejar de hablar es el ex banquero central, ex jefe del área de monedas del JP Morgan Chase, Alfonso Prat-Gay) se disipa con las erráticas afirmaciones realizadas desde un amplio espectro de su espacio político en favor de la minimización de la intervención estatal en la economía. Incluso sus propios asesores dan pasos en falso. El pasado 3 de noviembre Frigerio visitó a las autoridades de Adimra, quienes le presentaron algunas inquietudes. Si bien no es una demanda homogénea, varios sectores pretenden que el próximo gobierno mantenga la protección frente a las importaciones de bienes de capital asiáticas y reclaman la ejecución de los acuerdos firmados con China en materia nuclear, ya que de ellos dependen 120 firmas proveedoras de componentes. Durante el convite el economista repitió su fórmula de protección a medias que no terminó de convencer a los industriales. Pero, más preocupados quedaron con las afirmaciones realizadas por una colaboradora que llegó más tarde al encuentro y afirmó que los acuerdos con China serían “revisados”. Frigerio la frenó y la corrigió, pero ya era tarde.

Otro ejemplo reciente tuvo como protagonista al ex candidato a vicepresidente por Cambiemos, Lucas Llach. En su blog, el economista rosarino consideró necesaria la apertura comercial como mecanismo para disciplinar precios: “El combo de un tipo de cambio más alto (como espera el mercado) combinado con un desmantelamiento simultáneo de las trabas a la importación no tendría efecto inflacionario en los productos importados”. Su texto comparte con las declaraciones de Prat-Gay el supuesto erróneo, refutado por la propia Unión Industrial, que las importaciones se realizan a un tipo de cambio diferente al oficial. Lo dice de otra forma, para él: “Lo que se pueda importar se coloca internamente al máximo precio posible, mientras no los deje fuera de mercado frente a los productores locales”. Más allá de sus consideraciones, Llach es esclarecedor para comprender cómo se neutraliza el impacto sobre precios de una devaluación como la que anticipó Prat-Gay: “Desmantelamiento simultáneo de las trabas a la importación”.

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