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Producción: Tomás Lukin

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La tentación

Por Agustín D’Attellis *

A la hora de identificar sus principales desafíos macroeconómicos, el gobierno entrante centró la atención en un conjunto de aspectos considerados negativos de la herencia económica. El déficit fiscal, el atraso cambiario, el bajo nivel de reservas y el ritmo de emisión monetaria son algunos de los elementos priorizados por la nueva visión. El camino propuesto por la nueva gestión para corregir esos problemas es una política tradicional de ajuste del gasto acompañada por una fuerte devaluación y el endeudamiento externo. Ese recorrido impactará inevitablemente sobre la dinámica del mercado interno a través de la reducción del poder adquisitivo. Como evidenció la experiencia reciente de los países de la periferia europea, las condicionalidades impuestas por los acreedores externos representan una peligrosa cesión de soberanía.

El diagnóstico planteado por los referentes económicos del nuevo gobierno parece reducir a segundo plano los desafíos estructurales que enfrenta la economía argentina: la creación de empleo de calidad, la mejora en la distribución del ingreso y la profundización del proceso de industrialización. Un eje rector detrás de todo esto es la preservación de la autonomía económica lograda, entre otras cosas, gracias a la política de desendeudamiento (reducción del nivel de deuda en dólares en relación al PBI). El complemento a esta menor carga de vencimientos en moneda extranjera, debe darse a partir de un proceso de industrialización que apunte a modificar el perfil exportador junto a una política comercial que apunte a diversificar los destinos de los productos y realizando las obras de infraestructura necesarias para reducir costos internos, sobretodo el vinculado a transporte, logística y energía.

En este sentido, se torna completamente relevante el rol del Estado como planificador del desarrollo económico. Argentina requiere un banco de desarrollo que contribuya a avanzar en este proceso. Se observa con preocupación que la agenda económica planteada por las flamantes autoridades ponga el foco en aspectos macroeconómicos que no conducen en sí mismo a la mejora de los indicadores realmente relevantes en términos de empleo, industria y distribución del ingreso. Es más, la confusión de objetivos con instrumentos, como por ejemplo priorizar la búsqueda de un equilibrio fiscal por el camino del ajuste, conduce a retroceder sobre los avances hechos los últimos años.

En pos de avanzar en los tres ejes identificados como desafíos resulta fundamental sostener el mercado interno a partir de un estímulo a la demanda dado por el incremento de la masa salarial. El rol redistributivo del Estado es clave ya que potencia el efecto multiplicador de una política fiscal expansiva que induce aumentos de consumo privado, principal componente de la demanda agregada.

Pero, en lo inmediato el nuevo gobierno deberá enfrentar la restricción externa que presenta la economía. Más allá de plantear un plan de trabajo de mediano plazo que apunte a mejorar la competitividad sistémica, el necesario ingreso de divisas para los primeros meses debería estar vinculado directamente con destinos de obras de infraestructura. Se debe evitar la tentación de retornar a un esquema de endeudamiento externo en los mercados financieros internacionales, como presentó nuestro país en diferentes etapas de la historia, donde se destaca como más reciente la década de 1990. La tentación por transitar este camino se desprende del amplio margen que otorga el desendeudamiento, lo veloz del ingreso por esta vía, y el sesgo de los principales miembros del equipo económico, que provienen de haber desempeñado tareas de relevancia en las entrañas del mercado internacional de capitales. El ingreso de divisas con fines específicos y en forma de inversiones directas o repatriación de capitales, requiere corregir algunos aspectos puntuales en las actuales restricciones sobre el mercado cambiario. Sin embargo, deberá avanzarse de manera gradual y sin perder de vista los principales desafíos. Caso contrario, se trasladara el costo de un ajuste supuestamente ineludible en los sectores más vulnerables, y ocurrirá un fuerte retroceso al final del camino sobre el incipiente proceso de industrialización. El rol del Banco Central es clave para abordar los principales desafíos, dada su posible incidencia sobre el direccionamiento del crédito y las regulaciones sobre los mercados de capitales. En caso de retornar a la lógica de una autoridad monetaria “independiente”, es decir, ajeno a la política económica pero representante del poder financiero, se corre un importante riesgo de concentrar aún más los mercados y perjudicar el desarrollo de una industria nacional.

* Economista, Universidad Nacional de Moreno y UBA. Especialista Macroeconomía y Mercados Financieros.

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El sesgo pro-mercado

Por Ana Castellani *

El Estado juega un rol fundamental en los procesos de desarrollo. Especialmente se destacan dos factores: a) el tipo de relación que es capaz de establecer con diversos actores sociales y económicos imprescindibles para consolidar una senda de crecimiento sostenido e inclusivo; y b) la capacidad para formular e implementar políticas públicas de forma eficiente y autónoma. Los casos de Australia, Corea del Sur, Noruega y Nueva Zelanda, entre otros, muestran que más allá de las múltiples diferencias existentes entre esos países, el Estado cumplió un papel central a la hora de promover y liderar la conformación de una alianza social capaz de definir un proyecto orientado hacia la promoción de ciertas ramas estratégicas de actividad y en la construcción de políticas de ciencia y tecnología destinadas a ampliar las capacidades tecnológicas que mejoren la competitividad de la producción local. Precisamente, la construcción de un sólido sistema nacional de innovación, caracterizado por múltiples y fructíferas vinculaciones público-privadas, con metas claras de acción, fuertes compromisos de los diversos actores que lo integran y un firme liderazgo del Estado, es un denominador común de los casos mencionados.

Pero, además, la experiencia comparada muestra que para poder sostener esas políticas en el tiempo, el Estado debe establecer canales institucionales de diálogo que involucren a los actores relevantes del sistema (universidades, empresas, sindicatos, organismos de CyT). De esa forma puede definir y revisar el contenido de esas cruciales intervenciones y promover la articulación intragubernamental para garantizar la efectiva implementación de las políticas (la llamada racionalidad estratégica). Especialmente, el Estado puede ejercer un férreo control para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores comprometidos, evitar (o menguar) los efectos negativos de las asimetrías que puedan conformarse y lograr la reinversión productiva de las utilidades obtenidas por las empresas locales.

¿Podrá encarar estos desafíos el gobierno actual? Sin pretensión de futurología ni de agotar el análisis de los múltiples factores en danza, se advierte sobre las dudas que acarrea la organización y conformación del gabinete nacional del Presidente electo. El perfil corporativo que tanto seduce a los cultores de la eficiencia y la expertise, descuida al menos cuatro grandes cuestiones.

En primer lugar el sesgo antiestatal, antipolítico y promercado que impregna la configuración de sentido de los CEO y gerentes, convencidos que el empresariado es el que debe liderar los procesos de desarrollo dejando al Estado en un rol subsidiario. Un segundo elemento es el esquema de lealtades que prima en aquellos que han consolidado sus carreras laborales en el sector privado, ya que puede generar conflicto de intereses o incrementar la permeabilidad a las presiones de los actores económicos.

Otro punto son las dificultades de cohesionar un cuerpo de funcionarios (reclutados en muchos casos a través de agencias de empleo) caracterizado por un compromiso político débil. Finalmente, deben señalarse las dificultades políticas y de gestión que puede generar la traspolación de los criterios organizacionales propios del managment a la administración pública (como por ejemplo, la fragmentación excesiva del gabinete económico, las coordinaciones por áreas y la multiplicación de carteras ministeriales).

¿Estas características podrán neutralizarse y reencauzarse bajo un liderazgo firme? ¿Se podrá definir una orientación clara de la acción estatal en materia de desarrollo? ¿Se consolidarán políticas de Estado en ciencia y tecnología? Aún es pronto para evaluarlo. Nos encontramos frente a una experiencia histórica inédita en muchos sentidos pero que sin embargo, deberá encarar un desafío recurrente: construir un sendero de desarrollo sostenido basado en capacidades tecnológicas que garantice la inclusión de todos los sectores sociales y no sólo el crecimiento de algunas fracciones del capital a expensas de las mayorías.

* Directora Maestría en Sociología Económica, Idaes-Unsam. Investigadora Conicet. [email protected]