[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Las grandes compañías comercializadoras agrícolas no sólo tienen jaqueado al Gobierno al no ingresar al país sus dólares de exportación, especulando con que habrá más devaluación. Según pudo confirmar Página/12, avisadas días antes, también lograron eludir la aplicación de retenciones sobre exportaciones de pellets de soja por más de 400 millones de dólares, apurándose a declarar ventas por ese monto diez días antes del anuncio de la medida. Están involucradas en la maniobra Aceitera General Deheza y las multinacionales Bunge, Cargill, Nidera y Dreyfus, entre otras, que se ahorrarán de pagarle al Gobierno impuestos por más de 65 millones de pesos. Legalmente no habría forma de accionar contra esas empresas. Pero evidentemente hubo funcionarios que se cotizaron tan alto como el dólar por correr la voz de alerta.
El 6 de marzo pasado entraron en vigencia las retenciones a las exportaciones: 10 por ciento para los productos primarios y 5 por ciento para las manufacturas de origen industrial y agropecuario. La medida, sin embargo, no alcanzará a una buena porción de exportaciones, aunque éstas serán embarcadas mucho después del 6 de marzo.
Los exportadores agropecuarios tienen la posibilidad de declarar anticipadamente sus ventas en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, que confecciona la Aduana y controla la Secretaría de Agricultura. De esa forma, congelan las condiciones de la operación (precio, impuestos a pagar, monto, comprador) que deben efectuar en el trascurso del año posterior a la declaración.
Así las cosas, en Agricultura detectaron una avalancha de declaraciones de exportaciones de pellets de soja en los diez días previos a la aplicación de las retenciones. Esas operaciones, entonces, quedarán exentas de las retenciones del 10 por ciento –la alícuota correspondiente al producto– pese a que serán concretadas recién en los próximos meses.
El pellet de soja, un residuo del procesamiento de la soja para la producción de aceites, es el principal producto primario de exportación del país. En el exterior lo utilizan como forraje. Al año se exportan unos 18 millones de toneladas, que a un valor de 145 dólares la tonelada representa unos 2600 millones de dólares anuales. Febrero no es un mes fuerte de exportación de soja, sino todo lo contrario: es uno de los peores meses. Pero el mes pasado fue la excepción, al menos en los papeles, no en la realidad.
Entre el 5 de febrero y el 5 de marzo último, se declararon exportaciones de pellets por 3 millones de toneladas, pero casi la totalidad se efectuaron en los últimos diez. Es decir, cerca del 20 por ciento de las ventas anuales del producto se declararon en apenas dos semanas. Todo un record. Teniendo en cuenta que el “precio fob” (puesto en el barco) ronda los 145 dólares la tonelada, se declararon ventas por unos 435 millones de dólares. Dichas exportadores por ahora no son más que un compromiso en los papeles, pero seguramente se embarcarán en los próximos meses porque cerrarán un suculento negocio para las compañías.
Según los expertos, bajo condiciones normales, a lo sumo, se podría haber declarado 1 millón de toneladas en febrero, con lo que las dos toneladas restantes habrían sido anticipadas para eludir al fisco. Es decir: en el cálculo más conservador, unos 300 millones de dólares de exportaciones que se concretarán recién en los próximos meses fueron declaradas para beneficiarse a costa del Estado. Considerando una retención del 10 por ciento, son 30 millones de dólares que se ahorrarán las grandes compañías comercializadoras.
A un tipo de cambio “barato” de 2,20, son unos 65 millones de pesos que dejará de cobrar el Estado durante el año. Pero esa es una estimación demasiado modesta. La retención se cobra al momento del embarque, al tipo de cambio libre del momento. Si el dólar sigue subiendo, entre otras cosas, porque las propias compañías están demorando el ingreso de lasdivisas al país a la espera de más devaluación, la pérdida para el fisco podría ser muy superior.
En el encogido presupuesto que aprobó el Congreso días atrás, 65 millones de pesos ayudarían para financiar gastos sociales esenciales. Por ejemplo, el presupuesto de todo el plan materno infantil del Ministerio de Salud cuesta una cifra equivalente. O representa cerca de la mitad del costo anual de la totalidad de los planes trabajar financiados por la Nación. En cambio, ese dinero irá a parar a los bolsillos de los accionistas de compañías que están entre las grandes ganadoras de la devaluación.