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El Senado dio media sanción anoche a un proyecto de ley que elimina el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) como variable de indexación para los créditos hipotecarios y alquileres para vivienda única, familiar y de ocupación permanente. La iniciativa dispone además que los deudores de este tipo de créditos, siempre y cuando hayan asumido su compromiso antes del 3 de febrero de este año, podrán cumplir su obligación actualizando el valor a pagar a partir de un Coeficiente de Variación de Salarios (CVS). Este coeficiente, hasta ahora inexistente, deberá ser confeccionado y publicado por el Ministerio de Economía e Infraestructura, según establece la norma que ahora deberá ser tratada en Diputados.
El proyecto elaborado por el jefe del bloque justicialista, José Luis Gioja, busca resguardar a los endeudados de la indexación mensual que implica el CER, un valor que se actualiza diariamente implementado por el Gobierno para intentar guiar una salida ordenada de la paridad cambiaria. La iniciativa de Gioja comprende solamente a los deudores particulares (quedan excluidas las empresas) y a los casos en que se trate de una vivienda única, que esté efectivamente ocupada por su propietario.
Además, se dispone que el “Poder Ejecutivo quedará facultado a establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las asociaciones mutuales o cooperativas de vivienda” que se vean afectadas por estas medidas, en su carácter de prestamistas. Gioja había incluido en dicha enumeración a las entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526, pero debió retirarlas de los alcances de las medidas compensatorias ante “la solicitud de la mayoría de los senadores”. Incluso, la peronista Sonia Escudero criticó la redacción del artículo debido a que “no se dice de dónde van a salir los fondos para pagar las compensaciones”.
El proyecto fue aprobado rápidamente en primera instancia en general, pero ante las diferencias existentes en el punteado de los artículos se decidió pasar a un cuarto intermedio para consensuar una letra común. En este proceso, que demandó un par de horas, se volvió a incluir a los alquileres –habían sido eliminados– y se incluyó como variable de indexación el CVS, ya que antes no se hacía referencia a ningún mecanismo de ajuste.
Para Jorge Yoma, el máximo crítico de la norma, este sistema de indexación “es la peor manera de encarar este problema, porque es ilegal y así lo van a interpretar los jueces. Si seguimos así, desde acá hasta agosto vamos a tratar en cada sesión una ley para cada sector afectado”.
El radical Raúl Baglini, pese a lograr algunas modificaciones que él propuso al dictamen, advirtió que “si creemos que por incluir el CVS esto nos sale gratis, nos equivocamos. Vamos a tener que compensar a las entidades financieras perjudicadas”.
Pese a que la iniciativa contó con el apoyo de la mayoría de los legisladores de todas las bancadas, todavía no está definida la posición del Poder Ejecutivo, que hasta ahora ha sido muy reacio a avalar alternativas a sus procedimientos en el complejo proceso de pesificación.