Juan José Aranguren presentó el nuevo esquema de tarifas y responsabilizó al gobierno anterior: “Debería haberse hecho en 2006”.
Imagen: Joaquín Salguero.

La conferencia de prensa de Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, para explicar los nuevos cuadros tarifarios para el sector eléctrico, podría resumirse en una frase. “La factura promedio del 70 por ciento de los usuarios residenciales de Edesur de menor consumo (hasta 400 kw/hora por mes) pasará de 26 pesos a 158 pesos, y la del 80 por ciento de los usuarios residenciales de Edenor (en el mismo rango de consumo) pasa de 25 a 150 pesos.” Esto es, un incremento del 507,7 por ciento en el primer caso y del 500 por ciento en el segundo. Como el impacto del aumento difiere en cada caso, según la categoría y la variación de consumo respecto del año anterior, dicho promedio no refleja la situación del conjunto, ya que habrá aumentos por debajo y por encima. El consumo promedio en Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires es de poco más de 370 kw/h mensuales, y se estima que, entre dicho nivel y los 500 kw/h mensuales, el aumento del precio del servicio eléctrico en febrero se ubicará entre el 550 y el 600 por ciento. Según aclaró Aranguren, este aumento rige para los próximos tres meses, y en mayo habrá una revisión tarifaria para seguir el reordenamiento que busca terminar con el subsidio sobre el costo de la generación eléctrica. Antes, en el mes de marzo, se haría efectivo el aumento en la tarifa del gas, según fuentes oficiales.

El titular de Energía destacó el ahorro que obtendrá el Estado por la quita parcial del subsidio a la generación (centrales eléctricas) y la distribución (Edenor y Edesur). En el caso del precio de la energía, hizo la comparación en dólares: en 2015 el Estado pagó 9800 millones por subsidio a la generación y este año, tras las modificaciones en el esquema de pagos, el subsidio se reduce a 5800 millones de dólares. El ahorro de 4000 millones quedará a cargo de los usuarios de todo el país, que lo pagarán con el aumento de tarifas.

Con respecto a la distribución, Aranguren indicó que en 2015 el Estado afrontó transferencias a favor de Edenor y Edesur (las distribuidoras del resto del país tienen regulación y regímenes locales) por 10.400 millones de pesos, que complementaban el pago de los usuarios por 4200 millones de pesos en concepto de “valor agregado de distribución” (la retribución a las prestadoras de ese servicio). En 2016, con el nuevo esquema tarifario, el Estado dejará de pagarle a las distribuidoras.

El “ahorro” del Estado lo pagará el usuario, pero con un “plus”, porque lo que abonará por Valor Agregado de Distribución más el Focede (fondo de compensación eléctrico) sumará este año 16.300 millones de pesos. Traducido a pesos, el “ahorro” total del Estado por subsidio eléctrico será de 70 mil millones de pesos (estimando un dólar a 15 pesos). La carga extra para los usuarios, consecuencia del nuevo esquema, suma 72.100 millones. La diferencia es un ingreso extra de Edenor y Edesur.

Otro de los aspectos enfatizados por Aranguren fue que el régimen anterior había provocado una fuerte discriminación en contra de las provincias y a favor del área metropolitana, con tarifas que llegaban a representar entre siete y ocho veces las vigentes en la Ciudad Autónoma y el conurbano. Según un reciente estudio de Fundelec, es lo que resulta al comparar las tarifas de las distribuidoras de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba, entre Ríos y Jujuy, con respecto a las de Edenor y Edesur para distintos niveles de consumo. Esta distorsión no se resolverá con el nuevo esquema tarifario: tan sólo se reduciría y no en todos los casos. Es que a pesar de las altas tarifas ya vigentes, el costo de la electricidad también sufrirá fuertes incrementos, del orden del 100 al 150 por ciento (San Juan y Mendoza, por ejemplo), con casos extremos como el de Catamarca y Santiago del Estero, que al tener la energía subsidiada y los valores del servicio más próximos a los de Edenor y Edesur (“tan sólo” entre 150 y 200 por ciento más caros), estiman que podría sufrir incrementos en las facturas superiores al 400 por ciento.

En cuanto a la tarifa social, que le será asignada a jubilados, beneficiarios de programas sociales, empleados con sueldo menor a dos salarios mínimos, y discapacitados, Aranguren estimó que, dentro del universo de clientes de Edenor y Edesur, de 4,6 millones de hogares, le correspondería a aproximadamente 900 mil: poco menos del 20 por ciento. Recordó que quienes reciban esta asignación no abonarán el valor de la energía por el consumo de hasta 150 kw/hora mensuales (pero sí otros ítems de la factura, como el VAD, el Focede e impuestos). Por el excedente, el precio se definirá según supere o no el consumo del mismo mes del año 2015. Si hay mayor consumo, todo el excedente paga la tarifa normal. Si hay ahorro, será una tarifa reducida (10 por ciento de la normal). Con todas estas variantes, el Ministerio de Energía estimó que un usuario residencial con un consumo promedio de 202 kw/hora mensuales, que reciba la asignación de Tarifa social, sufrirá un aumento del 72 por ciento en la factura con el nuevo régimen desde febrero.

El premio por bajar el consumo respecto del año pasado es grande. El aumento de la tarifa es fuerte. El mensaje del gobierno es claro: busca reducir el consumo residencial, sugiriendo un uso más racional de la energía. En el caso de la pequeña industria, el menor consumo puede ser el equivalente a menor actividad, lo cual puede ser una de las consecuencias no deseadas del nuevo modelo de suministro eléctrico que ayer, Juan José Aranguren, presentó en sociedad.