La Justicia jujeña dio muestra de su atadura política con el gobernador radical de Cambiemos, Gerardo Morales. El juez de feria Gastón Mercau dispuso –luego de tomarse todos los plazos legales– el cese de detención de la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, a quien tuvo detenida 14 días por los supuestos delitos de “tumulto” e “instigación a cometer delitos” por una protesta frente a la gobernación. Pero media hora después dictó su detención por las nuevas denuncias del gobierno provincial contra la líder de la Tupac Amaru, que ahora continuará encarcelada en una prisión para mujeres por los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “fraude contra la administración pública” y “extorsión”, y que avalaron ex dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales que encabezaba la Tupac y que ahora sellaron un pacto político con Morales. “Repudiamos desde la Tupac Amaru esta clara muestra de ensañamiento contra Milagro Sala que da cuenta del grado de humillación y perversidad al que la quieren someter”, sostuvo esa organización en un comunicado donde señala que el “poder político en complicidad con el poder judicial” quiere “ilegalizarlos a través de la figura de asociación ilícita y extorsión que ya usaron en los 90 para criminalizar la protesta social”.

Está en libertad pero sigue detenida. Ayer por la mañana y con una diferencia de media hora, el juez Mercau notificó a Milagro Sala del cese de detención en la causa por liderar el acampe de cooperativistas –iniciado hace 45 días– que reclaman su continuidad laboral en la construcción de viviendas populares. Luego le comunicó que estaba detenida por los supuestos delitos denunciados en su juzgado por el gobierno provincial mientras estaba presa en la cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero, en los suburbios de San Salvador de Jujuy.

“Milagro Sala fue notificada de una nueva detención en una nueva denuncia armada por el gobierno de la provincia, esta vez por asociación ilícita”, relató la Tupac en un comunicado y repudió la práctica que consideró una “clara muestra de ensañamiento contra Milagro Sala que da cuenta del grado de humillación y perversidad al que la quieren someter”.

“Respecto a la nueva causa –continúa el comunicado de la Tupac–, tanto la asociación ilícita como la extorsión constituyen claramente la persecución por parte del poder político en complicidad con el poder judicial. Este nuevo proceso tiende a silenciar los legítimos reclamos de los cooperativistas organizados, queriendo ilegalizarlos a través de la figura de asociación ilícita y de extorsión que ya han sido utilizadas en los 90 con el fin de criminalizar la protesta.”

Allí también los dirigentes de la Tupac “repudiaron que los denunciantes –de la causa presentada por el fiscal de Estado, Mariano Miranda–, hasta hace pocas semanas integrantes de la Red de Organizaciones Sociales hayan sido cooptados por el gobierno provincial a través de prebendas y prácticas desleales con la velada intención de dividir a la clase trabajadora”. Además, recordaron que alguno de ellos también estaba imputado pero libre en la causa por la que Sala fue encarcelada. Otros de los ahora denunciantes de la líder de la Tupac se fotografiaron con Morales para sellar un acuerdo político luego de abandonar el acampe en la céntrica Plaza Belgrano, como le solicitaba el gobernador.

En tanto, el abogado de Sala, Luis Paz, volvió a solicitar ayer el cese de la detención de la diputada del Parlasur y ofreció “caución juratoria y/o real” en un escrito en el que presentó la propiedad de un fiante como garantía y subrayó que su defendida “no perturbará la investigación en el proceso y no entorpecerá la prueba”, en una causa donde el juez ya allanó el domicilio de Sala y la sede de la Tupac en Alto Comedero.

En su escrito, Paz detalla jurisprudencia provincial, nacional e internacional sobre el “cese de prisión preventiva”. Entre ellas un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se cuestiona que determinados delitos reciban un tratamiento distinto en materia de libertad durante el proceso apelando a estándares como “alarma social”, “repercusión social” y “peligrosidad”. “Desvirtúan la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una pena anticipada, pues el predicamento de que todos los culpables reciban pena presupone, precisamente, la previa declaración de culpabilidad”, afirma la CIDH.

Mercau ha demostrado caminar por senderos diferentes al de la CIDH. El magistrado dictó la “prisión preventiva” de Sala, de otros dos ex funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Pablo Tolosa y Marta Gutiérrez) imputados como supuestos autores de los delitos de fraude a la administración pública, de otros dos “sospechosos” cuyos nombres el juez mantiene en reserva y pidió la captura nacional e internacional de uno de los 18 imputados al que declaró prófugo. Mientras se ampara en la búsqueda de “medidas probatorias” para negarle a la defensa de Sala el acceso al expediente judicial.