A pesar del desmantelamiento de las regulaciones y la aparente estabilidad lograda después de la devaluación, el mercado cambiario no está normalizado. Desde la oferta no llega el flujo de divisas comprometido por el complejo agroexportador que puja por un precio más alto para el dólar ni las inversiones extranjeras. Por su parte, la principal fuente de demanda de moneda extranjera, la importación, permanece planchada. En ese escenario, el gobierno de Mauricio Macri está determinado a obtener dólares a través del endeudamiento externo. Como todavía no logró la pretendida reinserción plena del país en el sistema financiero internacional –entre otras restricciones se anota la disputa abierta con los fondos buitre– y los primeros acercamientos directos al mercado no arrojaron los resultados buscados, el nuevo equipo económico negoció un crédito de 5000 millones de dólares con los bancos extranjeros HSBC, JP Morgan Chase, Santander, BBVA, Deutsche Bank, Citigroup y UBS que le permitió inflar las reservas de manera temporaria.

El vehículo para la operación fue el Banco Central que conduce Federico Sturzenegger pero la operación fue diseñada por el Palacio de Hacienda donde manda Alfonso Prat-Gay. A cambio de incrementar las reservas internacionales del BCRA en 5000 millones durante un plazo de once meses, la autoridad monetaria entregó a sus nuevos acreedores un paquete de títulos públicos por un valor de 10.000 millones de dólares como garantía, el doble del dinero fresco que recibió. Los dólares no son para utilizarlos sino para exhibirlos para desalentar movimientos especulativos. Pero, si en diciembre el BCRA no pudiera reintegrar el préstamo, los bancos extranjeros se apropiarán de los bonos recibidos. Incluso cuando la probabilidad de ocurrencia de ese evento fuera nula, el “crédito puente” representa el puntapié inicial para devolver al país a la lógica de la valorización financiera.

Para poner en marcha el endeudamiento de corto plazo, el nuevo equipo económico requirió convertir un pasivo intransferible entre organismos estatales, con un costo prácticamente nulo, en títulos de deuda externa que pagarán una tasa de interés más elevada, incrementando en forma significativa las erogaciones del Tesoro por los servicios de la deuda. Esos nuevos bonos Bonar con diferentes fechas de vencimiento (2022, 2025 y 2027) aptos para ser colocados en el mercado internacional, ya sea en garantía para este crédito o como parte de un endeudamiento permanente, alcanzan un valor de 13.699 millones de dólares. Como respaldo del flamante endeudamiento externo indirecto, las entidades extranjeras mantienen en custodia dos tercios de esos títulos. Aunque la maniobra acordada busca abultar las reservas, el objetivo es comercializar definitivamente esos papeles en el sistema financiero. En la próxima operación no será necesario emitir nuevos bonos, bastará con ofrecer los títulos que hoy están en manos de los bancos extranjeros.

El nivel actual de la deuda con acreedores privados en moneda extranjera es equivalente al 12 por ciento del PIB. Tanto en términos históricos como en la comparación internacional, el guarismo alcanzado durante el kirchnerismo bajísimo. Por eso, otorga espacio para tomar créditos en el mercado internacional, una fuente válida pero riesgosa de financiamiento. Valerse del endeudamiento para impulsar el crecimiento no solo implica arriesgar el margen de maniobra para la política económica logrado con el desendeudamiento. Como demuestran los casos recientes de Brasil y Grecia, la subordinación a la lógica del sector financiero amplifica la vulnerabilidad de los países y pauperiza al mercado interno. El relanzamiento del vínculo con el FMI, la desregulación financiera y la instalación de un régimen de metas de inflación confirman ese giro.

La operación de “pase pasivo” había sido presentada como un hecho consumado a finales del año pasado, pero la negociación con los bancos extranjeros se extendió más de lo esperado. El monto inicial anunciado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Alfonso Prat-Gay, rondaba los 8000 millones de dólares. Durante ese proceso no sólo se achicó el crédito, sino que además Goldman Sachs, Bank of America y Credit Suisse decidieron no participar. Con las entidades que siguieron en camino, se pactó reducir el plazo de 12 a 11 meses para bajar la tasa de interés de la operación que, como mínimo, tendrá un costo financiero aproximado de 300 millones de dólares. Como parte del acuerdo, el Central validó la cesión de soberanía jurídica para que cualquier controversia se defina en los tribunales de Nueva York.

Un punto relevante en la operación es el valor que reconocieron los siete bancos extranjeros por los nuevos títulos Bonar entregados como garantía. El BCRA cedió títulos con un valor de mercado de 10.000 millones de dólares, un abultado descuento del 50 por ciento respecto del monto del crédito. Como los nuevos papeles no tienen precio en la plaza financiera internacional, una entidad estuvo a cargo de la valuación técnica de los papeles. Fue uno de los bancos que también está del otro lado del mostrador como acreedor: el JP Morgan Chase, ex empleador de Prat-Gay y gran parte de sus colaboradores.

Aunque el nuevo gobierno se muestra exultante por la confianza que inspiran hacia los mercados internacionales el Banco Central reconoció que “la operación le permite a la institución contar con un respaldo adicional de liquidez frente a un contexto aún incierto en los mercados internacionales. Facilita la capacidad para enfrentar shocks externos y evitar así movimientos disruptivos en el mercado local”. Además, entienden en el BCRA, la transacción ofrece un “puente” para atravesar el proceso de negociaciones con los fondos buitre con mayor fortaleza hasta que el vínculo con el sistema financiero quede “normalizado”.

No hay nada nuevo bajo el sol en el mundo de las finanzas. Los créditos de corto plazo con entidades extranjeras son un instrumento habitual entre los bancos centrales comprometidos con la lógica de la valorización financiera. En Argentina el pionero fue Pedro Pou, el fallecido ex banquero central investigado por diversas operaciones fraudulentas. Durante su gestión al frente del BCRA en la segunda etapa del menemismo recurrió a esos “pases pasivos” como parte de la estrategia para engrosar artificialmente las reservas y sostener la convertibilidad. Los créditos contingentes eran junto con la colocación de bonos y los préstamos del FMI, una fuente adicional de financiamiento que permitía conservar aquel esquema macroeconómico. En diciembre 1997 los préstamos de bancos extranjeros garantizados con endeudamiento contabilizaban 6700 millones de dólares. El Informe Anual al Congreso elaborado ese año precisa que la autoridad monetaria le entregaba en garantía bonos por un valor cercano a los 8300 millones de dólares, un recorte del 25 por ciento, y la tasa de interés rondaba el 5 por ciento.