La presentación pública de la propuesta para los fondos buitre volvió a postergarse y se realizaría hoy. La dilación se debe a que el gobierno argentino está negociando con los acreedores los detalles de las ofertas para los diferentes grupos de acreedores litigantes en las cortes estadounidenses. Como los representantes del país dejaron de cuestionar la fórmula de pago validada por el juez Thomas Griesa, el principal escollo gira alrededor de los intereses punitorios que se les reconocerán a los litigantes más agresivos. La cifra total gira en torno a los 10 mil millones de dólares y representa la mitad del 7,6 por ciento de los acreedores que rechazaron el canje. Cualquier principio de acuerdo, como el que se alcanzó anteayer con el lobby italiano Task Force Argentina, estará sujeto a la validación del Congreso. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, mantuvo ayer una prolongada serie de reuniones con representantes legales de los principales acreedores. Los encuentros fueron en las oficinas del mediador impuesto por las cortes estadounidenses, Daniel Pollack.

En el grupo de demandantes con quienes negocia el equipo económico figuran los buitres originales encabezados por Elliott Management de Paul Singer y los denominados “me too”, otros inversores buitre, que se sumaron a ese reclamo. El hipotético acuerdo redundaría en el levantamiento al bloqueo legal para el mecanismo de pago de la deuda externa en Estados Unidos, pero no representa una solución integral al conflicto. Al contemplar la totalidad de los títulos que no fueron ingresados a los canjes de 2005 y 2010, la erogación necesaria para clausurar el conflicto podría superar los 20.000 millones de dólares. Anteayer, el Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con Task Force Argentina, un lobby financiado por la banca italiana, para regularizar sus pasivos y finalizar sus reclamos. Por su capital de 900 millones recibirán en efectivo 1350 millones.

Ese grupo de acreedores presentado como “50 mil bonistas italianos” es un sello creado con financiamiento de la Asociación Bancaria Italiana para hacer propaganda contra el país, cuando se lanzó la primera propuesta de canje en 2005 y evitar que los tenedores de esos títulos públicos les inicien acciones legales por colocarles deuda argentina sin advertirles sobre los riesgos. Reclamaban en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, donde su demanda había avanzado pero todavía no contaba con una sentencia.

“Cuando ‘negociamos’ cara a cara, los fondos buitre hicieron una oferta: un 15 por ciento de descuento que luego, a través de mensajeros, estiraron hasta el 30 por ciento. El pago debía ser en bonos, no en efectivo. A primera vista, parece una oferta generosa: descuento y a crédito”, recordó ayer el diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de Economía Axel Kicillof. “El descuento no se iba a aplicar sobre los 100 millones que pagaron para comprar los bonos o sobre los 428 millones de valor nominal de esos bonos. El descuento era sobre los escandalosos 1600 millones que reclamaban. Esto significa que su ganancia del 1600 por ciento se reduciría sólo a 1120 por ciento. Una verdadera estafa al país y al 92,4 por ciento de los acreedores de buena fe que acordaron con la Argentina”, expresó el ex funcionario, en coincidencia con el momento de tironeo entre los buitres y los funcionarios que negocian en Nueva York.

A través de sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, el economista advirtió que “si Argentina les paga a los buitres lo que piden, incluso con algún descuento, no se saca un problema de encima sino que el problema se multiplicaría y las consecuencias se pagarían después durante décadas”, ya que quienes podrían reclamar ese mismo tratamiento privilegiado son los acreedores que participaron del canje.