El preacuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el lobby italiano Task Force Argentina fue cuestionado por el grupo de acreedores radicados en ese país que participaron de la reestructuración. “El gobierno argentino cerró con un pequeño grupo de bonistas y nadie habla del 95 por ciento de los italianos que aceptaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010”, advirtió el abogado italiano Tullio Zembo. “No son los jubilados que no tenían ni la fuerza económica para sostener los juicios, son los bancos italianos los que llegaron a un preacuerdo. Crea un resentimiento muy fuerte”, expresó el letrado cuyos representados no cobran desde junio de 2014 cuando quedó firme el bloqueo al mecanismo de pago a la deuda externa argentina. “No presentaron su reclamo en la corte de Griesa porque no tenían jurisdicción. Lo presentaron ante el Ciadi, donde ni siquiera habían obtenido una sentencia”, advirtió Zembo al cuestionar la legitimidad del principio de acuerdo validado por Prat-Gay.