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El plebiscito uruguayo para decidir sobre la privatización de la petrolera estatal, Ancap, con un resultado mayoritario de rechazo, remite por contraste a la experiencia argentina de los ‘90. Un país pequeño, sin petróleo, que importa todo el crudo que consume, defiende su compañía dedicada a la refinación y comercialización de un recurso energético estratégico. Se puede recorrer a lo largo y a lo ancho el mapa de los dueños del oro negro, desde la OPEP, pasando por países que son importantes productores que no integran ese cartel, hasta aquellos con presencia marginal en la producción mundial, como Brasil, y no se encontrará un proceso de apertura como el registrado aquí. Ninguno de los países petroleros y con petróleo entregó todo el negocio al sector privado y, menos aún, a manos extranjeras. En Estados Unidos la actividad es manejada por compañías privadas, pero son multinacionales de ese país. Sólo en la Argentina se da la combinación privado+extranjero (Repsol-YPF, Petrobras, Panamerican Energy y Chevron, entre otras) para el control de un recurso estratégico. Se malvendió y extranjerizó la apropiación de un insumo básico del proceso económico, que además es un recurso no renovable. A la vez, el Estado se retiró de su papel regulador, lo que implicó abandonar una política energética en el país, dejar que los beneficios del subsuelo se los apropien unos pocos y asistir a una caída de las reservas ya que se agotan los recursos privilegiando las exportaciones. El año pasado las inversiones se ubicaron en los niveles más bajos en varios años, al tiempo que el precio del combustible a nivel local en relación con el poder adquisitivo de la población es más alto que en otras partes del mundo. Todos esos datos indican que el país ha perdido la soberanía en materia energética.
Ya sea por venir de una provincia petrolera, Santa Cruz, o por haber usufructuado con oportunismo la privatización de YPF al depositar en el exterior el producido de la venta de las acciones de esa compañía por unos 600 millones de dólares, o por la muy buena relación que mantiene el ministro de Planificación, Julio De Vido, con la española Repsol, el sector de hidrocarburos ha quedado fuera del proyecto marco de regulación de los servicios públicos privatizados. Esa ausencia, relativizada en el Gobierno al señalar que habrá un marco específico para ese mercado, refleja un eslabón más del tratamiento privilegiado que tienen los petroleros respecto de otros sectores. La regulación de esa actividad, desregulada entre 1989 y 1991 y en rigor regulada en la práctica por el oligopolio petrolero, se presenta como imprescindible si se aspira a construir un modelo diferente al que predominó en los ‘90.
El economista de Fide, Héctor Valle, destaca, entre otros, el privilegio de las petroleras de no liquidar en la plaza local el 70 por ciento del valor de sus exportaciones. Roberto Lavagna, ya sea porque piensa que esa excepcionalidad cambiaria es exagerada o porque quiere molestar en esa interna de poder silenciosa que mantiene con De Vido, plantea que se debería revisar ese beneficio. Las empresas argumentan a favor de esa norma que esos recursos que quedan en el exterior son destinados a realizar inversiones y/o a garantizar el pago de deudas contraídas en moneda extranjera. Valle calculó que entre enero de 2000 y septiembre pasado, las petroleras contaron con 12.762 millones de dólares en condiciones de libre disponibilidad por sus exportaciones. Pero advierte que en esos años ocurrió una caída generalizada de la inversión bruta interna, tendencia de la cual no se encontró ausente la actividad petrolera. Valle estima que en el mejor de los casos el monto total invertido en ese período fue algo menos de 4000 millones de dólares, con un componente no desdeñable de pesos.
Este mediocre comportamiento de la inversión, insiste Valle, se ratifica al comprobar la paulatina disminución, a partir de 1999, en el nivel de las reservas de petróleo, rubro cuya exploración y explotación constituyen la inversión más riesgosa y onerosa del sector. Entonces, el director de Fide se pregunta: ¿cuál fue el destino de la diferencia (unos 8262 millones de dólares) entre las divisas de exportación que no fueron liquidadas en la plaza local y las inversiones efectivamente ejecutadas por las petroleras en el país? Las petroleras sostienen que el pago de las deudas en el exterior les insume la mitad de sus ingresos por exportaciones y el resto lo destinan a realizar nuevas inversiones. Sin embargo, restando los desembolsos para cancelar pasivos, no han alcanzado a realizar inversiones de magnitud equivalentes a esos dólares restantes. Los cócteles de fin de año organizados por las empresas sirven para, además de encontrarse con colegas para brindar, sorprenderse con algunos datos. En relación a esa cuestión, en el evento de Repsol YPF uno de sus máximos ejecutivos reveló al pasar, haciendo referencia a que los bancos no son los únicos que tienen abundante dinero sin aplicar a créditos, que la compañía cuenta con fondos líquidos por 5000 millones de euros sin destino inmediato.
Pese a los millonarios anuncios de inversiones para los próximos años, que tienen suficiente estimulante con el precio internacional del crudo en niveles elevados, el balance cambiario correspondiente a septiembre de este año, difundido por el Banco Central, revela que el sector petrolero lidera el ranking del total girado al exterior por utilidades y dividendos en los nueve primeros meses del año. Esas compañías concentraron el 34 por ciento de los dólares enviados al exterior por ese concepto. De esa forma el comportamiento del sector de los ‘90 continuó con fuerza en estos últimos años de crisis: aumento de la producción y de las exportaciones de crudo. En esos catorce años de desregulación y privatización, la producción casi se duplicó, pero mayoritariamente para la exportación, que pasó de representar el 2,5 por ciento de la producción en 1990 a 37 por ciento en 2001. La relación reservas/producción disminuyó de 13, en 1990, a 9,8 años, en 2001. Ante ese cuadro de situación, la demora en discutir un marco regulatorio para el mercado de hidrocarburos revela la despreocupación oficial por el uso racional de los recursos naturales no renovables.