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Página/12
en Francia
Desde París

La mayoría conservadora que gobierna Francia desde mayo del año pasado aprobó esta semana un controvertido proyecto de ley que no sólo revoluciona la manera en que funciona la Justicia, sino que, además, representa un duro golpe para las libertades individuales. Destinado a “adaptar la justicia a las nuevas formas de criminalidad”, el proyecto de ley elaborado por el actual ministro de Justicia, Dominique Perben, acarrea un acentuado control del aparato judicial por parte del poder político, otorga poderes desorbitantes a la policía, deja expuestos a los ciudadanos a los caprichos de los jueces e incluye una serie de nuevos delitos que llegan hasta poner en tela de juicio una de las conquistas de las mujeres francesas, es decir el derecho al aborto. Los sindicatos de magistrados y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos reaccionaron con virulencia ante lo que consideran como un “recorte” brutal de las libertades. Michel Tubiana, presidente de la Liga de Derechos Humanos, denuncia un proyecto de ley que, según afirma, “traduce una visión policial de la Justicia, la cual se encuentra instrumentalizada”.
Además de las disposiciones ligadas a la criminalidad de alto vuelo –detención provisoria ampliada, creación del estatuto de arrepentido–, el texto adoptado incluye una batería de penas que pueden afectar hasta las personas que conduzcan un auto sin seguro y permiso de conducir (un año de cárcel) y crea una curiosa figura criminal, “la interrupción involuntaria de embarazo”, cuya introducción en el proyecto de ley suscitó una viva reacción de los socialistas, ecologistas, comunistas y asociaciones feministas. Dignas de la Edad Media policial, las nuevas disposiciones dejan el camino abierto para que, prácticamente sin la autorización de un juez, la policía pueda introducirse a cualquier hora en la casa de los sospechosos, proceder al espionaje telefónico e incluso a colocar micrófonos dentro de los domicilios privados. Para los sindicatos de magistrados, lo más grave está en la pérdida de los derechos de la defensa y en la progresiva desaparición del juez de instrucción, lo cual le deja a la policía todas las cartas en la mano. En adelante, los fiscales tienen todas las cartas en la mano, tanto más cuanto que los “sospechosos” pueden ser investigados sin que tengan derecho a ser interrogados o asistidos por abogados defensores. Entre las maravillas de la nueva legislación figura un esquema llamado “alegato culpable”, mediante el cual el acusado, si confiesa su culpabilidad, puede ser condenado por el fiscal de manera inmediata, es decir, sin que sea necesario un juicio en debida forma. Es el grado de su confesión el que en realidad determina la pena. En concreto, el Código Penal francés introdujo una suerte de regateo en torno de la pena entre el ministerio público y el acusado que lleva a que los procesos, las investigaciones contradictorias y hasta el papel de los abogados de la defensa queden reducidos a la nada.
El presidente de la Federación Nacional de Jóvenes Abogados, Jean-Luc Medida, señaló que “el equilibrio entre el poder de la acusación y los derechos de la defensa ha sido roto”. A juicio de sus críticos, el proyecto de ley parece redactado más bien por un comisario de policía que por el Ministerio de Justicia. Pero la perla que corona todo el conjunto es una enmienda presentada a última hora que introduce una cláusula penal en caso de “interrupción involuntaria del embarazo”. En Francia existe el derecho legal de aborto, el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). La nueva disposición penaliza con un año de cárcel el delito de “interrupción involuntaria de embarazo” provocada por “torpeza, imprudencia, inatención, negligencia o falta a una obligación de seguridad o de prudencia”. Las penas valen el doble en caso de que la falta cometida sea considerada “deliberada”.
De manera general, el proyecto de ley da vuelta por completo el esquema con que funcionaba hasta ahora la Justicia francesa. Antes, la presunción de inocencia era la base, es decir, todo sospechoso es considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora ya no. Toda persona es culpable hasta que no se demuestre su inocencia. Hablarle mal a un policía, pasar un semáforo en rojo o hacer una fiesta ruidosa pueden conducir directamente a la cárcel... sin derecho a la más mínima defensa.