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El principal argumento del Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país y, junto con ello, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B, descartó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Sin embargo, un simple ejercicio de memoria demuestra que no es cierto lo que dicen los funcionarios. No solo existen caminos alternativos a la banca extranjera y a la emisión de títulos públicos para concretar proyectos trascendentes, sino que están vigentes. Son una herencia de la administración anterior, que dejó pactados créditos por unos 30.000 millones de dólares para continuar su profuso plan de obras públicas.

El financiamiento de los proyectos de infraestructura y de recuperación de empresas del kirchnerismo no provino de la colocación de bonos ni de créditos con la banca internacional. El gobierno anterior no fue a pedirle al JP Morgan, HSBC, Citibank y otras entidades miles de millones de dólares para su programa de infraestructura, que resultó el más destacado en cinco décadas. No dependió de ellos para finalizar Yacyretá, estatizar YPF, terminar con las AFJP, recuperar el control de Aerolíneas Argentinas, el Correo, AySA, renovar ferrocarriles, lanzar satélites al espacio, construir centrales atómicas, extender gasoductos, redes eléctricas y de fibra óptica, ampliar la General Paz, transformar en autopista las rutas 14 y de Rosario a Córdoba, entregar computadoras a todos los estudiantes secundarios de escuelas públicas del país o montar una red de televisión digital abierta y gratuita. El financiamiento fue gestionado ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el Banco Popular de China, facilitado por organismos estatales superavitarios como la Anses y con recursos propios del sector público. También recaudó de bancos y compañías de seguros en el mercado local, obligados a destinar una porción de su cartera de depósitos y fondos a créditos productivos. Pero este canal fue desactivado por la nueva conducción del Banco Central.

Tampoco obras que identifican al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el entubamiento del Arroyo Maldonado, el metrobús y las bicisendas, tuvieron como fuente colocaciones en mercados internacionales. Lo mismo ocurre en Córdoba con el entubamiento del canal Los Molinos, la obra pública más importante en años, que se realiza con créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y recursos provinciales. Esta es una constante que se repite por el país.

Es decir, contra lo que plantea Peña, no hay un único camino para desarrollar los proyectos. El mismo debate se dio antes de la primera reestructuración de la deuda en 2005, cuando los sectores ortodoxos, ahora en el poder, decían que no habría forma de conseguir préstamos para obra pública si no se mejoraba la oferta a los holdouts, dejando al país aislado del mundo.

Contra ello, la realidad refleja que fue posible, por ejemplo, rescatar edificios como las ex Bodegas Giol, en Palermo, para levantar un Polo Científico y Tecnológico del que participan el Ministerio de Ciencia y el Conicet, sin tomar un solo dólar de la banca internacional ni de los mercados de deuda. El financiamiento fue negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro Nacional. En todo caso, el jefe de Gabinete debió aclarar que el Gobierno pretende cambiar de estrategia y que en función de ello aspira a arreglar con los fondos buitre. Pero eso es una decisión política, no una imposición de la realidad.

El gobierno de Macri heredó del kirchnerismo un convenio marco con el Banco Mundial que le asegura créditos por 1200 millones de dólares anuales hasta 2018. También siguen programas con el BID por 5000 millones de dólares a ser desembolsados los próximos cuatro años. La cartera de créditos en ejecución con la Corporación Andina de Fomento llega a 20.942 millones de pesos (unos 1350 millones de dólares). De estos préstamos, están pactados 6397 millones de pesos para el sector vial, 4692 millones para el energético, 3694 millones para el de agua y saneamiento, 2291 millones para educación, 2062 millones para los municipios, 1741 millones para infraestructura en comunicaciones y 73 millones para el fortalecimiento institucional.

La CAF es el mismo organismo que financió el proyecto Arsat-1, que permitió a la Argentina ser el primer país de América latina en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia, formando parte de un grupo de ocho países que manejan esa tecnología de punta.

El BID concedió créditos para la finalización de Yacyretá, la represa que tardó 40 años en construirse. También para el tendido de líneas de alta tensión al NOA y al NEA, dentro del programa Norte Grande, y a Chubut.

El Banco Mundial, a su vez, financió 1965 escuelas y jardines en todo el país, la cifra más alta desde el primer peronismo. Otro proyecto importante es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, con préstamos en ejecución por 13 mil millones de pesos (unos 840 millones de dólares). Además, hay desembolsos previstos para otros 25 programas en diversas áreas, como vial, de prevención de inundaciones, hídrica y obras en municipios.

El kirchnerismo también estableció acuerdos con otro gran financista externo para proyectos de infraestructura: China. El Banco Popular y otras entidades de ese país comprometieron 4700 millones de dólares para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, 5000 millones para la cuarta central nuclear y otros 7000 millones para la quinta central. También hay convenios firmados para la central térmica Belgrano, en Zárate, por alrededor de 1000 millones de dólares. En materia ferroviaria, ya se firmó el acuerdo para un nuevo desembolso de 2400 millones de dólares para el Belgrano Cargas, aunque queda pendiente la entrega de recursos de otro tramo igual pactado en 2013. La renovación de los ramales urbanos del área metropolitana involucró más de 1000 millones de dólares.

En resumen, entre el Banco Mundial, el BID, la CAF y China hay pactados créditos para los cuatro años del mandato de Macri por 30.000 millones de dólares. Peña no debe haber reparado en este dato cuando dijo que no hay plan B para financiar obra pública si no se acuerda con los buitres. Por otra parte, al mismo tiempo que el gobierno muestra urgencia para cerrar con los buitres recibe quejas de gobernadores e intendentes por la paralización de proyectos en distintos puntos del país; YPF reduce su nivel de inversiones 25 por ciento este año y Aerolíneas Argentinas cancela rutas.

El profesor Aldo Ferrer dejó escrito que un eventual entendimiento con los fondos buitre no necesariamente conlleva una baja importante de la tasa de interés para colocaciones de deuda, ya que las calificadoras de riesgo luego exigirán “un plan económico y financiero respaldado por el FMI”. El palo con la zanahoria del financiamiento a tasas bajas se va corriendo, como lo saben bien los argentinos que vivieron los ‘90 y los 2000: siempre faltaba un nuevo ajuste, una nueva privatización, una nueva ley de flexibilización laboral para que los mercados aceptaran prestar más barato. Como esas políticas hundían al país en recesión y caían los ingresos, los reclamos de ajuste se hacían más pesados. El círculo vicioso que se generó la última vez terminó con el presidente en helicóptero.

Ferrer también aportó otro elemento indispensable en este debate: “Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit de comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres”.

Facilitar el acceso al financiamiento de los mercados parece más bien una necesidad de sectores concentrados de la economía que buscan dolarizar ganancias sin límites y fugarlas del país, pretendiendo repetir una experiencia como la de los 90, que dejó a la Argentina sobreendeudada, con tasas de desocupación record y un notable atraso en la infraestructura pública. Ese es el plan que manda a la Argentina a la B.