El acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre plantea un riesgoso escenario de litigiosidad con el 93 por ciento de los bonistas que aceptó los canjes de deuda de 2005 y 2010. En este diagnóstico coincidieron los reconocidos juristas Stella Maris Biocca y Beinusz Szmukler. También advirtieron sobre la posibilidad de una eventual ola de juicios desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los analistas sostienen que las condiciones mucho más favorables que se les reconoce a los fondos que no adhirieron a ninguna de las dos instancias de reestructuración y eligieron el camino judicial podría disparar demandas legales para que el país les reconozca la diferencia respecto del recorte del 67 por ciento que aceptaron sobre el capital e intereses en la operación. Desde el bloque del Frente para la Victoria habían difundido un dictamen de minoría que remarca la necesidad de respetar el trato equitativo respecto de los canjes, avalado por los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobados por las Naciones Unidas.

El proyecto de ley que impulsa el oficialismo para pagarles a los fondos buitre contempla una mejora sustancial respecto de lo que se otorgó a los bonistas que ingresaron al canje. En trazos gruesos, se les reconoce a los fondos más beligerantes hasta 400 dólares por cada lámina de 100 dólares en valor nominal de sus tenencias en bonos en default desde 2001. También se les pagaría los gastos y costos asociados a los juicios que estos fondos carroñeros, encabezados por NML Capital de Paul Singer, tuvieron durante el proceso. La oferta es incluso más alta de lo que se ofrece a los otros holdouts.

Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, con status ante Naciones Unidas, evaluó que “los fondos buitres y el resto de los holdouts no deberían cobrar ni un centavo más que lo que se le está pagando al 93 por ciento que aceptó entrar al acuerdo de reestructuración”. “No se puede privilegiar a unos acreedores respecto al conjunto de la masa cuando hay un concurso de acreedores. Es ilegal pagar un centavo más”, aseguró el jurista. Según detalló, el riesgo es que se abre la vía para que se caiga el acuerdo con ese 93 por ciento que “tiene todas las chances de que cualquier juez les acepte un juicio contra la Argentina”. “No necesitarían al juez Thomas Griesa, porque actuarían con derecho”, aseguró Szmukler.

La doctora en Derecho Económico y Financiero Internacional y ex jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Biocca, consideró que a futuro “esta responsabilidad del Estado va a tener un costo muy grande que puede llegar a los 500.000 millones de dólares, lo que significa la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB) argentino”. Por su parte, los analistas Julia Strada y Hernán Letcher, integrantes del CEPA, puntualizaron que “el riesgo latente por nuevos juicios constituye un problema real”.

En un documento difundido por ese centro de estudios indicaron que “el acuerdo con los buitres abre la posibilidad de nuevas demandas”. “Así como Griesa basó su sentencia en una interpretación inversa del pari passu, la Argentina no está exenta de encontrarse con otro Griesa que haga lugar a algún reclamo de aquellos que hoy se ven perjudicados porque entraron en las reestructuraciones”, aseguraron. Desde el oficialismo argumentan que no existe riesgo debido a que en diciembre de 2014 venció la cláusula RUFO, un apéndice en los bonos que dejaba en claro que hasta esa fecha el país no podría ofrecer un tratamiento mejor a los holdouts que el que se dio en el canje.

“Hay que aclarar que, aunque la cláusula RUFO se encuentre vencida, el riesgo latente por nuevos juicios constituye un problema real. El acuerdo con los buitres abre la posibilidad de nuevas demandas”, afirmaron. Así como Griesa basó su sentencia en una interpretación inversa del pari passu (tratamiento igualitario), la Argentina no está exenta de que otro juez pueda hacer una interpretación caprichosa de la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y convalide nuevas demandas de quienes se vean perjudicados porque aceptaron una quita en el canje. “Vale recordar que Griesa consideró que la ley Cerrojo implicaba el tratamiento perjudicial para algunos bonistas por significar un impedimento en la negociación. Para resolver esta controversia, el juez neoyorquino sentenció a favor de los buitres concretando allí el verdadero tratamiento diferencial: exigió pagar en efectivo al 100 por ciento”, señalaron desde el CEPA.