El Senado buscará esta semana convertir en ley el acuerdo de pago a los fondos buitre que promueve el gobierno, pero aún con una votación favorable a los intereses oficiales como la que se espera (ver página 7) el suspenso continuará como mínimo hasta el jueves 14 de abril, fecha límite para pagarles a los holdouts que aceptaron la propuesta. La prolongación de la incertidumbre se debe a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que resolvió citar a las partes en conflicto recién para el miércoles 13 para evaluar si confirma la decisión del juez Thomas Griesa de levantar las medidas cautelares que bloquean el pago de la deuda externa en el exterior. En el Gobierno, mientras tanto, confían en que podrán negociar con los buitres una extensión del plazo de pago y ya trabajan en la ingeniería financiera para colocar 15.000 millones de dólares de deuda en el mercado. Los bancos que actuarán como agentes colocadores son los mismos que le prestaron 5000 millones de dólares al Banco Central a principios de año.

El levantamiento de las cautelares es una medida exigida por Argentina para efectivizar el pago, pero aún si obtiene luz verde de la Cámara no tendría tiempo para cumplir con el pago en apenas un día porque el plan oficial contempla la colocación de deuda para conseguir los fondos que les prometió a los buitres. En el equipo económico aseguraron que buscarán acordar una extensión de los plazos con los buitres Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, pero por ahora no hay nada concreto y los fondos que litigaron contra Argentina no se la están haciendo fácil. De hecho, presentaron dos escritos ante la Justicia de Estados Unidos en los que demandan suspender la decisión del juez Thomas Griesa de levantar embargos a la Argentina, ya que consideran que el país no podrá cumplir con el pago acordado para el próximo 14 de abril.

Los acreedores NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, principales holdouts en conflicto con Argentina, sostuvieron que quieren cobrar los 4653 millones de dólares acordados, en la fecha pautada. “Queremos el pago para el 14 de abril, como la Argentina nos ha prometido, no más litigio”, explica el escrito presentado ante la justicia estadounidense. Los demandantes también solicitaron que no se lleve adelante la decisión del juez Thomas Griesa de levantar el bloqueo que impide el pago al resto de los bonistas que se adecuaron al plan de canje de 2005 y 2010, pedido que había sido resistido por Argentina.

“La resistencia de la Argentina a la aclaración revela por qué era absolutamente necesario para los demandantes apelar (el levantamiento de las cautelares) en lugar de simplemente confiar en que la Argentina, un defaulteador serial desde 1827, ha cambiado sus formas desde que el presidente Macri fue elegido hace cortos cuatro meses”, sostuvo el descargo realizado por Aurelius.

El fondo NML entiende que la posibilidad de que el país “no pague en el plazo estipulado no es remotamente hipotética”, ya que el proyecto de ley presentado por el Gobierno para saldar este pasivo fue modificado por la Cámara baja para que se condicione el pago al levantamiento del bloqueo. “Ya sea o no que esta Corte afirme en última instancia si el Congreso de la Argentina requiere que esta Corte confirme el levantamiento de todas las medidas cautelares como condición previa para el pago, la probabilidad de la Argentina haga el pago el 14 de abril parece ser remota”, indicaron.

Pese a todo, en el Palacio de Hacienda insisten en que no concretar el pago de los 4653 millones de dólares a los fondos administrados por Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital el 14 de abril “no opera como un impedimento”. Los colaboradores de Alfonso Prat-Gay sostienen que lograrán acordar una extensión de los plazos con esos acreedores.

“La fecha del 14 de abril prevista en el acuerdo con NML y otros fondos para el cierre de la operación no impide que, a la luz de la fecha estipulada por la Cámara de Apelaciones para la audiencia oral, pueda ser ajustada de común acuerdo con estos fondos”, indicó el viernes el abogado y asesor legal del Palacio de Hacienda Eugenio Bruno. “De este modo, una vez aprobada la ley y expedida la Cámara de Apelaciones acerca de la cautelar, Argentina le pagaría a todos los acreedores con los que llegó a un acuerdo”, señaló el funcionario.

Para cumplir con el desembolso se colocará deuda por hasta 15.000 millones de dólares a una tasa menor al 8,5 por ciento. Los nuevos títulos, a diferencia de los emitidos en el 2003 para la salida del “default” del 2001, incluirían una “acción de clase” que establece que si una mayoría de bonistas aceptan una eventual reestructuración, esta decisión deberá ser aceptada por todo el resto. Además, si bien el Gobierno tiene autorización para sumar hasta 12.500 millones de dólares para pagarle a los “fondos buitres”, si la oferta de fondos es abundante, podrían extenderla hasta 15.000 millones, según la tasa que logre. El excedente se utilizará para cubrir parte de los pagos del programa financiero 2016.

Los bancos que actuarán como agentes colocadores –y que acompañarán al secretario de Finanzas, Luis Caputo, Santiago Bausili y Eugenio Bruno en el road show– son los mismos que le prestaron 5000 millones de dólares al Banco Central a principios de año. Se trata de los bancos mayoristas JP Morgan, UBS y Deutsche, y las entidades HSBC, Santander, BBVA (Banco Francés), HSBC y Citi, las cuales también operan al público.