La construcción de las represas en Santa Cruz se retomará antes de junio, luego de que el Gobierno diera marcha atrás con su intento de frenar las obras. La voltereta macrista se explica por la presión del gobierno chino, que amagó con frenar el fondeo al Belgrano Cargas, pedir la devolución anticipada de los recursos comprometidos para las represas y hasta advertir sobre el riesgo de que se caiga el swap de monedas con el Banco Central. También varias provincias pusieron el grito en el cielo ante el freno del proyecto. Ahora, el Gobierno buscará imprimirle su sello y de paso justificar el amague. La cantidad de turbinas baja de 11 a 8, lo que equivale a una menor potencia y a mayor tiempo para el repago del crédito a China. Las modificaciones ingenieriles y presupuestarias se enviarán a ese país en los próximos dos meses pero los contratistas y el Gobierno esperan obtener antes un desembolso que permita continuar las obras, reincorporar trabajadores y engrosar las reservas.

A fines de diciembre del año pasado, apenas dos semanas luego de haber asumido, Clarín publicó que Macri dijo en un encuentro con ambientalistas que “vimos que las represas –las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic– están en el puesto número 20 entre las mejores formas de conseguir energía. Es decir, antes hay 19 opciones más viables, limpias y económicas. Vamos a intentar pararlas”. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, agregó: “Todos sospechamos que detrás de esas represas hubo un negociado. Lo que pueda pasar, está por verse”. Más allá del argumento ambiental o de la corrupción, es un proyecto identificado con el kirchnerismo y vital para la gobernación de Alicia Kirchner.

El paquete presupuestario de las represas asciende a 4714 millones de dólares. En el último año se produjeron cuatro desembolsos que dieron inicio a la obra, que sin embargo permanece frenada desde el último bimestre antes de las elecciones. El consorcio que ganó la licitación para la construcción está compuesto por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo. El parate hizo que mil obreros en el sur quedaran suspendidos. Una de las opciones que Macri barajaba inicialmente era desviar fondos de las represas hacia el proyecto de reconstrucción del ferrocarril Belgrano Cargas, que también se financia con dinero de China. Además, dentro del clan que estaba a favor de congelar la relación con China estaba Techint, que tiene en Asia a su gran enemigo.

A mediados de enero, Macri envío a sus alfiles a tantear el humor de los chinos. Primero fue el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, seguido por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Las reuniones y el estudio del proyecto por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, hicieron que Macri reciba una noticia amarga: si se frena la obra, China pide la devolución inmediata de los 950 millones de dólares desembolsados hasta el momento –600 millones invertidos en el país y otros 350 millones destinados a la compra de equipamiento en China–, corta el fondeo para el Belgrano Cargas y para la hidroeléctrica Chihuidos e incluso tiembla el swap de monedas con el Banco Central.

El problema no eran solamente los chinos. Cuando el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se enteró de que la relación con China estaba en jaque presionó sobre el Gobierno central para que no discontinúe las represas. Schiaretti logró financiamiento por 1000 millones de dólares para la construcción de un gasoducto. También se anotaron las provincias de Corrientes, Salta y Entre Ríos a través de proyectos con financiamiento chino.

Entonces, Macri ordenó asegurar a China la continuidad de las represas y Aranguren su puso a trabajar en cambios sobre el proyecto original. El más visible es la reducción en la cantidad de turbinas de 11 a 8, lo que supone una reducción en la erosión ocasionada por los movimientos de caudal. El Gobierno argumenta que ese cambio permite desacoplar el funcionamiento de las represas del Lago Argentino y de los glaciares, a pesar de que el estudio original de impacto ambiental negó que la represa con 11 turbinas involucrara ese riesgo.

Con los cambios, la obra civil sufriría una baja de unos 200 millones de dólares y de 500 millones en el presupuesto electromecánico. Una parte de esa merma se compensará con 200 kilómetros de tendido para la interconexión con el sistema nacional. La reducción de la potencia redundará en una extensión del plazo de repago del crédito (que está calculado en función de la energía que las represas le venden a Cammesa).

El Gobierno trabaja para terminar los cambios y espera firmar antes de fin de mes un nuevo preacuerdo con las empresas. Una vez que se complete la documentación, los papeles se enviarían a China para que los bancos CDB, ICBC y Bank of China evalúen las modificaciones durante los siguientes seis meses. Sin embargo, la expectativa oficial es recibir hasta un máximo de 500 millones de dólares dentro de los próximos dos meses para que mientras se rubrica el nuevo contrato los trabajadores de la obra retomen las tareas, al menos en los capítulos que no están sujetos a cambios. Si el plan prospera, el proyecto recién se retomaría en forma completa para septiembre, luego de que pase la veda de trabajo por la cuestión climática.