El director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Matías Alvarez Dorrego, aseguró en su presentación de informes ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña que la organización de la fiesta Time Warp realizada en Costa Salguero el viernes, bajo la catalogación de “diversión pública”, “cumplió los requisitos normativos en cuanto al otorgamiento de los permisos”. En un salón Montevideo colmado de legisladores (17 tomaron la palabra, pero en el lugar había alrededor de 40) y sus asesores, además del Defensor del Pueblo de la Ciudad (quien también intervino), y los integrantes de la ONG Familias por la Vida (que tiene convenio con la administración porteña para recabar denuncias de irregularidades en locales nocturnos), Alvarez Dorrego aseguró que el lugar fue inspeccionado dos veces antes de que comenzara el evento (24 y 4 horas antes de la apertura de puertas) y en distintas ocasiones durante la noche por los tres inspectores asignados a la fecha. De acuerdo con esos funcionarios, aseguró el Director Ejecutivo, en ningún momento se incumplieron las normativas ni hubo más asistentes que los 13.000 autorizados. Tras el informe, legisladores de distintos bloques criticaron la falibilidad de la regulación y los controles que establece, requirieron más información y coincidieron en reclamar que el cuerpo de legisladores pueda pedir informes a funcionarios de distintas áreas pero en una sesión, en el recinto.

Al comenzar, el legislador Gabriel Fuks –presidente de la Comisión– señaló que los legisladores procuraban saber “cuál ha sido el rol del Estado en esto, que es una fiesta privada en un predio que es de la ciudad”. “Si todo estuvo bien, ¿por qué se murieron estos jóvenes?”, preguntó Adrián Camps, poco antes de que Carlos Tomada señalara que “los controles no alcanzaron”. El “hacinamiento” y la ventilación insuficiente, la “venta masiva de drogas” que los asistentes a la fiesta testimoniaron haber visto en el lugar, y la posible sobre venta de entradas fueron temas comunes a legisladores de los distintos bloques. Por su parte, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo, advirtió que “las víctimas son víctimas” y que desde la mañana del sábado “hay estigmatización” de los jóvenes fallecidos e internados.

La reunión con presencia de Alvarez Dorrego fue convocada a mitad de la tarde, comenzó alrededor de las 6 y se extendió poco más de dos horas, al cabo de las cuales Fuks consensuó con Francisco Quintana, presidente del bloque oficialista, en caso de haber repreguntas, las acercaran a la nueva reunión de Comisión, a realizarse hoy, para que sean consensuadas y luego llevadas al pleno, en la sesión del jueves.

Durante su exposición inicial, Alvarez Dorrego aseguró que, de acuerdo con lo asentado por los tres inspectores asignados a la supervisión de Costa Salguero el viernes, todo el tiempo se cumplieron las medidas de seguridad y sociosanitarias requeridas, nunca se cortó la provisión de agua corriente en los baños (dos en pabellones, uno en el vip) y siempre estuvo a disposición al menos uno de los dos dispensers de agua declarados por los organizadores (“nos fue manifestado que había dos, sólo vimos uno”). En el acta de permiso extendido para la fiesta, que facultó al organizador para “librar el predio al uso público, asumiendo las responsabilidades de sus competencias”, en nombre de Dell Producciones S.A. firmó Maximiliano Nahuel Avila. Las condiciones autorizadas estipulaban que efectivos de Prefectura asumía responsabilidad por la seguridad exterior a los pabellones, es decir, perímetro y adyacencias, aunque podían ser convocados al interior por los organizadores en caso de requerirlos. Además de las dos ambulancias de alta complejidad, los cinco médicos y los diez socorristas, un puesto de atención completo, las condiciones de autorización estipulaban la instalación de 80 baños químicos, la presencia de ocho Bomberos Voluntarios de La Boca y la disposición de 20 matafuegos, 20 efectivos de Prefectura (“cuatro superiores y 16 subordinados”) entre las 21 del viernes y las 6 del sábado, 65 “vigiladores homologados” y un puesto de atención. Todos los involucrados en el evento y con responsabilidades deslindadas en el permiso firmaron el acta, señaló el funcionario de AGC.

Luego de la exposición, que incluyó la proyección de facsímiles de actas y habilitaciones en una pantalla, Fuks dio la palabra los legisladores que se habían anotado para formular preguntas. Marcelo Ramal, primero en la lista, señaló que de acuerdo con testigos no había provisión de agua en los grifos, por lo que denunció “connivencia entre los organizadores y los proveedores de pastillas”, y preguntó si los inspectores “verificaron condiciones de hacinamiento y calor extremo”. Poco después, Gustavo Vera aseguró que existe una “cuasi asociación ilícita” entre Adrián Conci (de Dell) y “Andrea Fasano, la esposa de (Víctor) Stinfale”, a quien vinculó con el “agua trucha” que se vendía en la fiesta.

“Si todo estuvo bien, si todo se concretó, ¿por qué se murieron? Tenemos chicos muertos y chicos internados”, dijo Adrián Camps. Carlos Tomada inscribió lo sucedido en Costa Salguero en la línea del derrumbe en el boliche Beara y el incendio en el depósito Iron Mountain, en tanto “nueva demostración de la grave crisis del sistema de control” y preguntó si en las actas se dio cuenta de “infracciones o denuncias, ¿o se consideró que todo estaba bien?”.